“Hacinamiento no terminará con nueva ley”

Solo 170 reclusos de los 1850 que hoy se encuentran en la cárcel de Rivera, cumplen con el perfil para acceder a los beneficios de la ley 1709 del 2014. El subdirector, Jimmy Soto Díaz, afirmó que esta norma no acabará con el hacinamiento. La capacidad de este centro de reclusión es para novecientas personas y hay más del doble.

¿Cuántos presos se encuentran en este momento en la cárcel?

En la actualidad, en la cárcel de Neiva ubicada en jurisdicción de Rivera, cuenta con una población de 1850 reclusos aproximadamente. De ellos se preveía al inicio que quienes tenían el perfil para acogerse a los nuevos beneficios de la ley 1709 de 2014 serían cerca de 250 a 270 internos. Los que presentan solicitudes no deben tener requerimientos por otro tipo de autoridades. Por tanto, totalmente tienen posibilidades alrededor de unos 170 presos incluyendo hombres y mujeres.

¿Cuáles son los delitos por los que saldrían más personas de la cárcel?

La mayoría serían por hurto simple y violencia intrafamiliar. No obstante, si bien es cierto que se ampliaron las posibilidades para que los reclusos soliciten estos beneficios, no se ha tenido en cuenta que los jueces de ejecución de penas deben hacer un análisis tanto de los factores objetivos como los factores subjetivos y dentro de los últimos, estos togados tienen mucho cuidado de no otorgar esta clase de privilegios cuando dicha conducta sea considerada grave por los jueces de conocimiento, los que han condenado en primera o segunda instancia. Generalmente son muy estrictos a la hora de revisar estas peticiones y si es el caso no van a conceder suspensión de la pena ni prisiones domiciliarias ni mucho menos vigilancia electrónica. 

¿Cuántas solicitudes podrían prosperar?

A pesar de que se presenten unas 170 solicitudes, no creo que los jueces concedan libertad condicional a más del cincuenta por ciento. 

¿Entonces cuál sería la efectividad de la ley 1709?

Los efectos que se estaban previendo por parte del Instituto Nacional Penitenciario donde inclusive escuchamos declaraciones del director general diciendo que entre siete y nueve mil reclusos que cumplían ciertas condiciones iban a gozar de los beneficios, yo creo que la cifra es un poco apresurada. Me atrevería a decir que finalmente a nivel nacional podrán ser favorecidos no más de cuatro mil.

¿Cuál sería la solución para la crisis carcelaria?

Una de las intenciones de esta ley era mitigar el hacinamiento que se viene presentando en los centro de reclusión pero eso no se va a lograr. La crisis necesita una revisión de mayor fondo. Hay que tener en cuenta que el Estado colombiano no goza de una política criminal debidamente estructurada.

De acuerdo a lo que ha dicho, ¿la situación de hacinamiento no se solucionará con la ley?

No, hasta que no haya una revisión estructural de la política criminal del Estado, lo que exista a nivel penitenciario no va a  ser suficiente. Por más de que se construyan más cárceles, las personas que sigan siendo condenadas en un futuro van a ser exponencialmente superiores a lo que pueda soportar la estructura penitenciaria. Los cupos no van a ser suficientes hasta que no sepamos con claridad quiénes deben pagar, efectivamente, una condena en prisión y cuáles en otras condiciones. Y la otra cuestión es la humanización de las cárceles.

Preocupaciones adicionales...

Otro de los aspectos que preocupa a Jimmy Soto es la inclusión en la nueva ley en cuanto permite que la Policía pueda entrar a las cárceles por razones de seguridad cuando se presenten motines u otras situaciones. “Es que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe tener cuidado con la profesionalización de la guardia penitenciaria. Ya se han presentado casos en países como Venezuela y Brasil donde la injerencia de la fuerza pública ha terminado hasta en masacres. Es por eso que esos artículos están siendo revisados por la Corte Constitucionalmente”, resaltó.

Adicionalmente, el profesional del derecho cree que es una contradicción que el Estado proclame los derechos de la mujer y luche por su protección cuando en la 1709 de 2014 uno de los delitos que resulta favorecido es la violencia intrafamiliar, conducta en la cual el sexo femenino es el más afectado.

 A pesar de que se presenten unas 170 solicitudes no creo que los jueces concedan libertad condicional a más del 50%.