“Crítica situación de los defensores públicos”

Al Palacio de Justicia de Neiva llegan cada día los defensores públicos sosteniendo el libro ′gordo′ del Código Penal y gran número de carpetas a litigar en los procesos de personas que no tienen el dinero para pagar un abogado especial. Del área penal de la Regional Huila de la Defensoría del Pueblo hay un total de 52 profesionales del derecho, 30 de ellos son de Neiva y este edificio es su destino diario. 

Según Constanza Dorian Arias Perdomo, defensora del Pueblo regional Huila, existe una ′sobrecarga′ de procesos para los abogados. Ana Caterine Quintero, defensora pública, sostiene que ella y sus colegas se encuentran en una “crítica situación”. En promedio, tienen bajo su responsabilidad noventa casos judiciales que resolver de acuerdo a datos oficiales. “Y va en aumento”, señala Arias Perdomo. Ana Caterine tiene 102 y por ello su rutina va más allá del horario de ocho a doce y de dos a seis. En los municipios de Garzón, Pitalito y La Plata la situación no es distinta pues pueden llevar hasta 100. A nivel nacional, en departamentos como Antioquia o Valle del Cauca, la cifra llega a cerca de 1200.

¿Falta de garantías?
Un defensor público tiene un salario mensual de $3’700.000 y tiene contrato de prestación de servicios, es decir, que de esa suma debe descontar su seguridad social. Además de eso, Ana Caterine paga el arriendo de su oficina privada -no tiene un espacio dentro de la sede de la Defensoría del Pueblo- y los servicios públicos del mismo lugar; asume los gastos de desplazamiento hasta la cárcel de Rivera a visitar a sus presos y los honorarios de su secretaria.

Por otro lado, dependiendo de las labores del día, debe levantarse más temprano para estudiar los casos que manejará durante la jornada o trasnochar. Esta defensora está en embarazo y dice que no tendrá licencia de maternidad. Si bien es probable que uno de sus compañeros de profesión pueda, de manera individual, aceptar reemplazarla en sus diligencias, también existe la posibilidad de que deba llegar al Palacio de Justicia en sus días de dieta.

“No hay disponibilidad presupuestal”

Las soluciones parecen no estar claras. De acuerdo con Constanza Dorian Arias Perdomo, la situación de ′sobrecarga′ de procesos que tienen los defensores públicos se ha planteado en instancias nacionales pero no ha tenido respuestas eficientes. En los informes periódicos piden más defensores a la Dirección Nacional del Sistema de Defensoría Pública sin que se designen más profesionales. “No hay disponibilidad presupuestal”, afirma Arias Perdomo. Para ella, el gobierno aumentó el presupuesto para la rama judicial y la Fiscalía pero no para la Defensoría.

En los decretos para la paz firmados por el presidente Juan Manuel Santos, se establecieron nuevos rubros pero tienen que ver con atención a víctimas del conflicto armado, asuntos agrarios, derechos de los niños y el adulto mayor, entre otros. En cuestiones de defensoría pública no se mencionan ajustes.

Mientras tanto, en una reunión llamada Barra Defensorial que se realiza todos los viernes de dos a cuatro en la sede de la Defensoría del Pueblo, Ana Caterine Quintero, y sus colegas platean el problema y los caminos de salida del mismo. Planean efectuar una acción legal para que la norma que define que los defensores deben tener igualdad salarial ante las instancias que litigan, en este caso los jueces, se cumpla. “Hemos concluido que se trata de un asunto de voluntad política, debemos acudir a llamar la atención de los legisladores”, declaró. La selección por méritos es otro tema que se aborda en las discusiones.

Colapso del sistema judicial

Las audiencias en el Palacio de Justicia por lo general empiezan tarde. Diversas razones se presentan para que las diligencias se atrasen o, dado el caso, se suspendan. Que los presos no lleguen a tiempo o la impuntualidad de alguno de los operadores judiciales. “La congestión sí existe, en este momento tanto los despachos judiciales como los fiscales y defensores públicos todos tenemos las agendas cruzadas. Todo se cruza con todo, todo tiene prioridad”, comentó Quintero. En el edificio de once pisos solo hay once salas para llevar a cabo estas diligencias y no son suficientes.