Homicidios, el ‘talón de Aquiles’ del Acuerdo de Paz

El final del conflicto va bien, la transición va regular y el posconflicto va mal, asegura el último informe “Cómo Va la Paz”, de la fundación Paz y Reconciliación.

El documento que recopila los inicios y transición de  del Acuerdo de paz firmado en la Habana, pone en contexto los avances y retrocesos del proceso a pocos meses de cumplir su segundo año de ejecución. Recuerda que, por ejemplo, Marcelina Canacué fue la primera lideresa social asesinada luego de ser oficializado este pacto bilateral; su muerte fue perpetrada en la vereda de la cual era integrante activa de la Junta de Acción Comunal en el municipio de Palermo,  y que  “con su muerte se cegó también la vida de una integrante del movimiento Marcha Patriótica, también del Huila, y se marcó el hito de la continuidad de la violencia selectiva en Colombia”.

Asimismo, resalta el hecho de que 6.800 exguerrilleros hayan entregado sus armas,  la cual es una, según califica, de las cifras más altas de procesos recientes de desarme para la paz en el mundo.

Problemáticas

“Cómo Va la Paz”, reveló que en el caso de los homicidios, que venían en un descenso marcado a nivel nacional desde 2012, frenaron su disminución entre 2016 y 2017, y en cambio se presentó un leve aumento en un grupo de municipios, en los que figura Neiva y Tello.

Asimismo el documento señala que otra problemática de la paz fue y sigue siendo el asesinato de líderes sociales. Indicó que en 2012 diferentes organizaciones sociales denunciaron la muerte de 69 líderes sociales y en 2017 la Fundación Paz y Reconciliación reportó 102 homicidios contra esta población. Y para el 2018 ya se han registrado 36 casos.

Una de las razones que podrían explicar el repunte de este tipo de crímenes durante los meses de 2018, equivalente a 41 asesinatos, es la agitación en medio de la contienda electoral, explica la fundación.

“De los 242 municipios donde operaban las FARC hay un grupo de 78 municipalidades con problemas graves de seguridad”.

Disidencias

Fueron identificados también  57 municipios a nivel nacional con presencia de estructuras armadas compuestas por excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. En total estos grupos tendrían 1.600 personas, de las cuales 1.200 serían ex guerrilleros y los demás nuevos reclutas, sostiene el informe.

En el Caso del Huila figuran Suaza, Neiva, Algeciras, Tello y Colombia. El tipo de violencia más recurrente que ejercen estos grupos disidentes y desertores son el homicidio y el combate con otros grupos tanto legales como ilegales.

Igualmente el departamento registra presencia de grupos armados ilegales compuestos por ex miembros de las Farc, como los ex miembros del extinto Frente Tres y Frente 14.

Aclara también la fundación ejecutora del informe,  que durante el desarrollo de la investigación, no se evidenció en ningún territorio vínculos entre el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y estos grupos armados ilegales, al contrario, muchos de los excombatientes de las Farc que se encuentran en los ETCR consideran a estos grupos como una amenaza para su seguridad y para la reincorporación de sus miembros.

Datos alentadores

La  fundación entregó cifras que antes, en tiempo de guerra, eran impensables, pues la violación a los derechos humanos  figuraba siempre entre las noticias principales de los diferentes medios.

Así pues, indica ahora que el desplazamiento forzado interno disminuyó ostensiblemente entre 2016 y 2017, pasó de poco más de 120.000 mil desplazamientos en 2016 a 75.000 en 2017. “Pero si se observa desde 2012, cuando dio inicio las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, la reducción es impresionante, en ese año se llegó a la cifra de 272.000 desplazamientos”. Es importante recordar que el país incluso llegó a liderar penosamente el primer lugar con mayor desplazamiento interno forzado a nivel mundial.

En el caso de los afectados por minas anti-personal, pasaron en su peor momento que fue 2006 de poco más de 1.200 personas a 56 personas en 2017.

Además, los secuestros están en su nivel más bajo en las últimas tres décadas. En 2017 se cometieron 180 secuestros, mientras que en su peor momento, a finales de los años noventa del siglo XX, se superaron las 3.000 personas secuestradas.

Posconflicto

 ¿Existe la posibilidad de que los focos de violencia que quedaron vivos después del cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y desarme generen un fenómeno de metástasis social que haga renacer el conflicto armado a nivel nacional? La respuesta es sí. Y es muy alta, advierte.

Según Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, las estadísticas internacionales muestran que en el último siglo hubo nueve posconflictos que se parecen al colombiano. Sin embargo, solo uno de ellos (el de Sierra Leona) ha salido porque que todos –como en este caso- tienen una economía de guerra muy fuerte que los financia. Así las cosas, la posibilidad de que Colombia sea uno de esos ocho países en los que el posconflicto fracasó es muy alta –debido al factor del narcotráfico- y, por lo tanto, su éxito depende de la voluntad de los firmantes de los acuerdos de La Habana y del ELN.