Hay que evitar que la economía caiga de forma drástica:  Instituto de Ciencia Política

Frente a la crisis económica que está padeciendo muchas empresas colombianas, el Instituto de Ciencia Política ‘Hernán Echavarría Olózaga’, envió una carta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el fin de exponer algunas propuestas que busca mantener a flote a las organizaciones en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Indica que el gremio está de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, pero que, se deben adelantar acciones para evitar que la economía real caiga de forma drástica y persistente, afectando al aparato productivo, agravando la situación de los sectores más vulnerables de la población y generando inestabilidad social y política.

La misiva en mención hace énfasis en trabajar articuladamente con el sector empresarial para que luego del 13 de abril se reactive la economía; sin embargo, el mismo presidente extendió el confinamiento obligatorio hasta el 26 de abril y según expertos epidemiológicos la medida debería ir hasta mayo o junio.

Por lo anterior, agrava más la situación de este sector productivo, pues el impacto económico cada día crece más, por el momento, registran un 70% PIB.

“En la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE de 2019, la Población Económicamente Activa -PEA (ocupados registrados) del país fue de aproximadamente 22.3 millones de personas, de las cuales un poco más de 9 millones pertenecen a los sectores más vulnerables. De estos últimos, aproximadamente 6.8 (cerca del 75%), están vinculados a Pymes o se encuentran en el denominado sector informal”, sostienen. 

Está organización calcula que, al menos, el 10% del PIB, les costará a estos sectores cada mes que estén detenidos. “Mantener un aislamiento más prolongado para dicha porción de los habitantes, agravará la problemática económica del país, que se enfrenta además de la situación generada por el COVID-19, a los efectos de la caída del precio del petróleo, el aumento del precio del dólar, la crisis global de deuda y la caída de las bolsas de valores”.

Propuestas:

1. Medidas sanitarias

El instituto considera que comparten la necesidad del aislamiento obligatorio para la población económicamente inactiva y para las personas con mayores niveles de vulnerabilidad frente al contagio, pero hace un llamado a apoyar logísticamente a la industria, los sectores de la construcción y manufactureros, las cadenas de suministro de alimentos y los comercios con medidas sanitarias y epidemiológicas en los lugres de trabajo.

Propone que debe Imponer el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público, con controles especiales en los sistemas de transporte masivo, controlando la capacidad de acceso de pasajeros para evitar que se presenten aglomeraciones. Mantener las restricciones a eventos o actividades que impliquen la concentración masiva de personas.

También, afirman que es de prioridad invertir los recursos públicos necesarios para importar las pruebas epidemiológicas que permiten detectar el COVID-19 y practicarlas masivamente en el menor plazo de tiempo posible. De igual forma, practicar las pruebas a los empleados y trabajadores; garantizando el suministro de tapabocas y demás insumos de seguridad biológica.

Vincular estudiantes de últimos semestres de carreras del sector de la salud a las empresas, con el fin de que de manera temporal ayuden a verificar el cumplimiento de las medidas y la recolección de información para detectar posibles focos de contagio. De igual forma, capacitar y contratar temporalmente, con recursos públicos, a personas que hacen parte del sector informal, para que apoyen las labores de supervisión del cumplimiento de las medidas sanitarias, tanto en las empresas como en los sistemas masivos de transporte público.

Capacitar y brindar acompañamiento a los sectores informales como los vendedores ambulantes, los domiciliarios y personas vinculadas a servicios de mensajería, distribución de alimentos y productos farmacéuticos, para que puedan volver a sus actividades económicas, adoptando todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

Llamar a la reserva activa, especialmente a quienes en los últimos meses terminaron su servicio militar, para apoyar la implementación de las medidas de protección para prevenir los contagios y contribuir en la protección de los sistemas de transporte, los comercios, los supermercados y la infraestructura crítica.

“Esto permitiría aumentar temporalmente el pie de fuerza para responder a las exigencias de seguridad que impone la crisis sanitaria. Igualmente se generaría una fuente de ingresos para esos jóvenes, contribuyendo así a la economía de sus familias y brindándole un estímulo al sector poblacional más afectado por el desempleo juvenil”.

2. Mercado laboral y productividad

En ese sentido, indican que se debe flexibilizar y liberalizar el mercado laboral, adoptando las medidas necesarias para permitir la contratación por horas.

Lo que mencionan es que el Estado debe asumir el 100% de los parafiscales y considerar suspender por un año la obligatoriedad de aportes a las cajas de compensación, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores.

Manifiestan que el comercio en las ciudades debería de operar 24 horas, estableciendo horarios diferenciados para los sitios de trabajo, comercios y grandes superficies, y para el acceso al transporte público. De igual forma, coordinar con los gremios y sectores empresariales para que las empresas puedan operar 24 horas, fijando turnos y evitando la concentración de la fuerza laboral en los lugares de trabajo y en los sistemas de transporte masivo.

Establecer de forma permanente el teletrabajo para las entidades públicas, organismos internacionales, embajadas, y empresas del sector educativo y servicios que operan en el país, cuyos trabajadores puedan continuar desempeñando sus actividades por medios electrónicos y digitales; generando incentivos para que diversos sectores de la economía lleven a cabo transformaciones digitales que permitan mantener su fuerza laboral trabajando desde sus casas. 

Aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país.

Priorizar por parte del Ministerio de Agricultura la reglamentación de las “Zonas de Desarrollo Empresarial” establecidas en los Artículos 82 y 83 de la Ley 160 de 1994, con el fin de dinamizar el sector productivo agroindustrial y apoyar la generación de empleo rural. Esta reglamentación fortalecería los derechos de propiedad sobre la tierra, la seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan el desarrollo de parques tecnológicos y zonas francas agroinsdustriales.

Apoyar mediante la reducción de impuestos y la simplificación de trámites a todos los sectores y empresas que hacen parte de las cadenas de valor y suministro del sector agropecuario y agroindustrial, así como a los del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), evitando imponerles controles de precios y medidas que obstaculicen su función productiva y empresarial.

3. Crédito, liquidez y subsidios a la tasa de interés hipotecario

Sostienen que es fundamental proteger la liquidez y el flujo de crédito para las empresas. Por esta razón, las líneas de financiamiento con recursos públicos se deben orientar a apoyar al sector privado para que cuente con garantías de acceso al mismo. Se debe asegurar que la destinación de los recursos provenientes de los créditos, repercutan efectivamente en resguardar los puestos de trabajo y en mantener la actividad productiva.

Crear canales de crédito dirigidos a los sectores informales, y generar mecanismos de inclusión financiera para los mismos.

De la misma manera, facilitar el acceso a servicios financieros del Fintech, particularmente eliminando los límites a las consignaciones y transacciones por este medio.

Considerar la posibilidad de reducir el porcentaje de encaje a depósitos a la vista que hoy tienen los bancos, con el fin de que cuenten con los medios para otorgar créditos a las empresas que lo requieran.

Generar subsidios a la tasa de interés hipotecaria que permitan dinamizar el mercado inmobiliario.

4. Tributación, gasto público, y medidas contables

 Modificar el calendario tributario, aplazando el pago del impuesto a la renta y complementarios, así como la declaración y el pago del IVA por al menos tres meses para todos los sectores. De igual forma, establecer el no cobro de interés moratorio por el incumplimiento del calendario tributario en lo que queda del año.

Eliminar transitoriamente el IVA, con el fin de disminuir los costos del sector productivo en la contratación de factores de producción, expandiendo la oferta de bienes de consumo. Ello será un determinante crítico en el afán de dinamizar la economía, pues haría, entre otras cosas, mucho más expedito el ajuste de los precios al consumidor. De igual forma, reducir el Impuesto a la Renta a las empresas del sector agroindustrial, comercial, de logística y de base tecnológica.

Afirman que es importante considerar una reasignación del gasto público, reduciendo especialmente las partidas asignadas a los sectores que no contribuyen directamente al desarrollo económico del país y a la superación de la actual crisis. Si se empieza a considerar una reducción del tamaño del sector público, se podrán otorgar alivios a los colombianos, y hacer sostenible la eliminación y reducción de impuestos que permita reactivar y fortalecer distintos sectores de la economía nacional. 

“Las empresas siguen contando con infraestructura física, know-how, cadenas de proveedores y consumidores, reputación y muchos factores adicionales que ameritan que sigan siendo sujeto de crédito frente al Estado, las entidades financieras y otros actores económicos, por lo cual, sería absurdo priorizar lo contable y normativo, por encima de la realidad económica”.

5. Incentivos a la innovación y transformación digital

Generar incentivos económicos y tributarios para impulsar el desarrollo de herramientas tecnológicas para la georreferenciación de los casos de contagio y propagación en tiempo real, permitiendo el seguimiento y la supervisión permanente de los casos y de la aplicación de las medidas de contención y mitigación.

Poner en marcha un proceso de transformación digital de las entidades del Estado con miras a la simplificación de trámites, especialmente para el sector productivo, los emprendimientos y el comercio electrónico. Desarrollar programas de acceso y utilización de medios electrónicos para los trámites que las personas deben adelantar ante diversas entidades gubernamentales en todos los niveles.

Movilizar recursos para que el sector educativo lleve a cabo una transición a modelos de educación virtual, para garantizar que en lo que queda del año, los colegios y universidades continúen desarrollando sus actividades educativas por medios tecnológicos desde casa.

6. Ayudas focalizadas

Focalizar las ayudas estatales para entregarle a los más necesitados los medios para su seguridad alimentaria y nutricional, manteniendo los alivios en el pago de servicios públicos y créditos hipotecarios. Garantizando en todos los casos que la información se mantenga depurada y actualizada para que las ayudas lleguen a quienes de verdad lo necesitan.

La logística para la distribución de ayudas materiales de productos de primera necesidad es fundamental, y para esto es importante aprovechar las cadenas logísticas que han desarrollado diversas empresas de mensajería a través de plataformas tecnológicas.

7. Considerar los impactos

Asimismo, mantienen que durante la actual crisis no es recomendable incurrir en el control de precios, ni en la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal. Los efectos de segundo y tercer orden, y los impactos de mediano y largo plazo de medidas de esta naturaleza, en un escenario de choque de oferta, será traducirían en desabastecimiento, inflación y mercados negros.

Los instrumentos de política fiscal y monetaria deben estar atados necesariamente a la reactivación del sector productivo, manteniendo el tejido empresarial que permita garantizar el empleo y el ingreso de quienes se encuentran en el sector informal.

Los paquetes de estímulos económicos utilizados en otros países muestran mayor efectividad cuando se entregan con celeridad, sin incurrir en trámites, condicionamientos innecesarios y demoras burocráticas que impidan la distribución a quienes en realidad los necesitan y donde generan mayor impacto.

Dicen además que, la transparencia debe ser una prioridad de la acción pública para atender la crisis causada por el COVID-19, por esta razón, es fundamental reforzar todos los mecanismos de seguimiento y control a los recursos públicos que están siendo destinados tanto para fortalecer el sistema de salud, como de las transferencias destinadas a subsidiar y beneficiar a la población más vulnerable.

Ante los actuales obstáculos que se están presentando en el comercio internacional por la crisis global, el país debe propender por alcanzar esquemas eficientes que permitan el autoabastecimiento de insumos médicos y farmacéuticos, así como de los productos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional.

“Finalmente, nos permitimos sugerirle muy respetuosamente la conformación de una Comisión Consultiva, conformada por industriales, empresarios y comerciantes de diferentes sectores económicos y de al menos cinco regiones del país, que le brinden asesoría al gobierno para el diseño e implementación de las medidas de reactivación del sector productivo”.