Gobierno y Farc acuerdan ruta para la reincorporación

Tras finalizar la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (Csivi) con las FARC, el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, manifestó que el Gobierno está comprometido con la reincorporación y trazó la ruta de trabajo para empezar a resolver los inconvenientes que se han presentado con este tema.

 “Acordamos la metodología que se va a seguir. Vamos a vernos cada 15 días. Ambas parte pusimos de presente la intención que existe del lado del Gobierno de cumplir con los acuerdos, con las dificultades que el presidente ha señalado”, dijo Archila.

De acuerdo al alto consejero, en la reunión se establecieron los términos en los que van trabajar y agregó que para ambas partes fue muy provechoso el encuentro.

Entre los temas que tratarán en la próxima reunión está la desfinanciación de los proyectos productivos de los excombatientes, que según manifestó Archila, hasta el momento solo están en ejecución 100 de ellos para los cerca de 10 mil excombatientes.

Ante la CIDH

Luciano Marín Arango, más conocido por su seudónimo Iván Márquez, y Seuxis Paucias Hernández, el mismo Jesús Santrich, estarían dispuestos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al considerar que se encuentran en un limbo jurídico, pues ninguna entidad colombiana se ha pronunciado sobre su situación jurídica.

Precisamente, y según lo que ha trascendido, ya tres de sus miembros y líderes del ahora partido político, hicieron la solicitud de medidas cautelares ante CIDH, aunque por ahora se desconocen los nombres.

Según los exlíderes guerrilleros, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les han resuelto su situación jurídica, por lo que es toda una incertidumbre todo lo relacionado con la reincorporación definitiva a la vida civil.

Además, no lo irían a instancias internacionales para denunciar lo anterior, sino que adicionalmente pondrían sobre el tapete lo que ellos consideran lo que considera el incumplimiento flagrante de lo pactado en La Habana con el gobierno Santos.

 “El incumplimiento de los acuerdos ha generado desazón; por eso se le pide a la CIDH que analice el escenario. Además, nos reservamos los tres nombres porque queremos evitar presiones del Estado colombiano ante ese organismo”, explicó a EL TIEMPO el abogado Gabriel Parra, quien representa en Washington a los tres ex-Farc que pidieron medidas de protección.