Fuga en La Picota evidencia fallas en seguridad carcelaria: Contraloría
Según fuentes del órgano de control: “parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia.
La Contraloría General de la República advirtió que la fuga de dos presos de la cárcel de máxima de seguridad de La Picota, sucedida el sábado en la noche, evidencia fallas detectadas en el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Según fuentes del órgano de control: “parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo”.
La Contraloría también señaló que en las auditorías adelantadas al Inpec se abordó la temática de administración de personal e indicó que uno de los hallazgos que alarman es la elevada cantidad de permisos sindicales concedidos al personal de custodia y vigilancia, que podrían afectar la seguridad carcelaria.
El organismo sostuvo que: “Inicialmente la auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el Inpec en 2015 totalizaron hasta 39 mil días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85% de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia”.
En la auditoría se pudo descubrir que los permisos sindicales autorizados aumentaron a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88 años).
“Esto demuestra la persistencia de la situación detectada en la vigencia 2015. En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos”, dijo la Contraloría.
Y agregó la auditoría que: “los permisos beneficiaron a personal vinculado a los actuales 78 sindicatos de la entidad, los cuales se encuentran constituidos en su mayoría (85%) por personal del cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría General de la República”.
