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Regional/ Creado el: 2020-11-06 02:13

Fiscalía dictó medidas preventivas de embargo a bienes de Pedro Suarez 

La decisión afecta a los investigados por la remodelación del Estadio Plazas Alcid, entre los cuales están el exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suarez y su esposa Madeleine Pantoja.

Bienes del exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suarez, fueron allanados.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 06 de 2020

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Fiscalía 35 de Bogotá dictó medidas cautelares preventivas antes de demanda de extinción de dominio para investigar los recursos con que se adquirieron bienes de las personas implicadas en la investigación del contrato de remodelación del Estadio Guillermo Plazas Alcid.

A partir de la fecha, la Fiscalía cuenta con seis meses para definir si debe archivar o presentar demanda de extinción contra los bienes de Pedro Hernán Suárez Trujillo y su esposa Madeleine Pantoja; Carlos Fernando Puentes Ramírez y su cónyuge Lina María Vásquez; y Carlos Alberto Ramos Parrací y su señora Francy Elena Fernández.

Las personas afectadas por esta medida preventiva deberán entregar al ente investigador los documentos requeridos para demostrar la procedencia lícita de los bienes.

El 19 de agosto de 2016 mientras se realizaban labores para la remodelación del escenario deportivo se derrumbó una placa de concreto, ocasionando la muerte de 4 obreros y dejando 10 heridos de consideración.

No obstante, los investigadores de la Fiscalía arribaron hasta el inmueble ubicado en Villa Regina, donde operó un medio de comunicación local; también fueron intervenidos un local comercial y un lote que, al parecer, figura a nombre de la esposa del exalcalde Pedro Hernán Suarez. Así mismo se adelantan operativos en otras partes del país.

Investigación

Es función de la Fiscalía investigar los hechos y por ello expidieron la Resolución de medidas cautelares, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014, reformada por la 1849 de 2017)”.

Según el escrito, “el Despacho encuentra adecuado, necesario y proporcional decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio”.

En lo relacionado con los bienes que se encuentran a nombre del investigado o su cónyuge, la Fiscalía se refiere a “quien cometió la conducta ilícita”. Un jurista consultado por DIARIO DEL HUILA afirmó que esto no es preciso debido a que las personas mencionadas no han sido juzgadas o vencidas en juicio, y por tanto su proceder no se puede calificar como conducta ilícita.

La propiedad del exalcalde de Neiva, ubicado en el barrio Villa Regina.

El jurista afirmó que el artículo 3° de la Ley 1708 de 2014, sobre Derecho a la propiedad, indica que la extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad lícitamente obtenida de buena fe exenta de culpa y ejercida conforme a la función social y ecológica que le es inherente.

La tragedia

Cabe mencionar que, hace cuatro años se presentó el desplome de las graderías de la Tribuna Occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid, dejando a 4 personas fallecidas y diez heridos, durante el desarrollo de las obras de ampliación y remodelación del complejo deportivo.

Desde allí empezó toda la hazaña de procesos jurídicos y contractuales para sacar adelante la inconclusa obra que, por cierto, ha pasado de administración en administración y actualmente en el gobierno de Gorky Muñoz Calderón se trata de dar fin a la pesadilla del máximo escenario deportivo de los huilenses.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional, la tribuna occidental puede costar $40 mil millones y para terminar las demás obras puede oscilar entre los $60 mil millones. Sin embargo, la Administración Municipal solo cuenta con $9.699 millones provenientes de multas pagadas por la caducidad del contrato y un saldo sin ejecutarse.

Por su parte, la Contraloría General de la República adelanta un juicio activo. Este órgano de control le imputó responsabilidad al exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suarez, al exdirector de Deportes, Carlos Alberto Ramos y a su jefe de contratación, Carlos Alberto Puentes; y a los integrantes del consorcio constructor y equipo interventor.

Se calcula que los daños patrimoniales fueron de $13.771 millones por cuales deberán responder los responsables de la tragedia.