Fiscal General y sus reparos a la Ley Estatutaria de la JEP

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una fuerte carta al presidente de la República, Iván Duque, en la que hace duros reparos al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya fue aprobado en el Congreso, pero está pendiente de sanción presidencial.

Lo anterior luego de que se conociera que el Presidente Iván Duque Márquez está a punto de sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, es por ello que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le hizo cuatro reparos a la misma.

De acuerdo con Martínez Neira, el documento que fue estudiado por el Congreso de la República y posterior a ello, por la Corte Constitucional, tiene cuatro acciones que a su juicio fomentan la impunidad.

 “La Ley Estatutaria de la JEP es la columna vertebral del sistema de justicia transicional hacia la paz. Es nuestro deber contribuir a su adecuado diseño y a su correcta interacción con la jurisdicción ordinaria para cumplir con los fines de la justicia y con los derechos de las víctimas”, indicó Martínez.

Uno de los primeros puntos que cuestiona el fiscal hace referencia a que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial.

“La ley estatutaria permite que reinsertados que hayan iniciado actividades de narcotráfico antes del 1 diciembre 2016 y las continúen después de esta fecha mantengan los beneficios de la  JEP. No es posible que beneficios convivan con el delito”, dijo el fiscal.

Los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo  delitos como el narcotráfico.

Asimismo, este marco jurídico permitiría que no sean excluidos de la JEP los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.

De acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.

Según el ente acusador, en lo corrido de reinserciones desde el acuerdo de paz, van 361 investigaciones, 31 casos por tráfico de estupefacientes y armas de fuego, 24 homicidios, 22 amenazas, 10 casos de delitos sexuales y 10 casos de secuestro. “Si la ley entra en vigencia quedará claro que estas conductas tendrán beneficios”, concluyó el Fiscal.

El fiscal también cuestionó que esta ley paralizaría todas las investigaciones contra agentes del conflicto que adelanta la jurisdicción ordinaria hasta que la JEP asuma pleno conocimiento, creando condiciones para que intervenga Corte Penal Internacional.

En cuarto lugar, la forma en que está planteada la ley permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.

Martínez agregó que esta última preocupación fue expresada en su momento por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Según el fiscal, estos cuatro puntos, como están planteados, desconocen algunas premisas del Acuerdo de Paz, lo que resultaría inconveniente frente a la política criminal del Estado y al cumplimiento de los deberes internacionales de Colombia en cuanto a Derecho Internacional Humanitario y la lucha contra la impunidad.

Organizaciones pendientes de sanción

Sancionar la norma aprobada en el Congreso da a la sociedad la oportunidad histórica de hacer justicia, reparar a víctimas y que haya verdad, dicen.

“El presidente, en mi opinión, debería aprobar la ley, sancionarla, ponerla en vigencia; tendrá sus puntos de reserva, pero eso fue aprobado por el Congreso”, subrayó Humberto de la Calle, exnegociador de paz.

Sin embargo, para el partido de gobierno hay temas que merecen ser objetados por el presidente, como el abuso sexual a menores en el marco del conflicto, la diferenciación de militares y la extradición.

Para la senadora Paloma Valencia “es válido que el país dé ese debate y sobre todo que el presidente Duque le cumpla a quienes votamos por él y que tenemos observaciones sobre el proceso de La Habana”.

La última palabra la tiene el mandatario, quien en el encuentro con colombianos en Washington el pasado sábado aseguró que no entrará en controversias con la Corte Constitucional, ya que “es preferible tener ley estatutaria que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”.

Pero, agregó, “quiero mirar con detalle cada uno de los artículos”.

Afirmó que el tema de los menores le preocupa, aunque no es objetable porque no quedó en el texto.

La respuesta de la JEP

En una carta de tres puntos la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se apartó de cualquier discusión que surja por las declaraciones del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, acerca de posibles objeciones a la Ley Estatutaria para esa jurisdicción.

La JEP, basándose en los trámites que ha surtido esa ley en el Congreso y en la posterior revisión de la Corte Constitucional, le pide al presidente Duque que sancione esta ley de manera prioritaria.

La ley estatutaria es la columna vertebral de la JEP, es la reglamentación para que esta justicia pueda sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto armado en Colombia.

Es la que le garantiza el pleno funcionamiento de esta entidad que nació del proceso de paz y que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Con esta ley, la Jurisdicción Especial para la Paz tendría un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, de manera que sus decisiones judiciales tendrían todo el soporte jurídico y se evitaría cualquier posible reparo sobre las sanciones o determinaciones de esta entidad.

Esta ley es prioridad para que la JEP tenga en sus manos una norma y un marco esencial para el pleno funcionamiento en todas sus áreas.

En una carta fechada el 5 de febrero y dirigida al presidente Iván Duque, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, ya le había expresado la importancia de sancionar esta ley, teniendo en cuenta que tanto el Congreso como la Corte Constitucional la aprobaron según las normas vigentes.