Este sábado se definiría si Álvaro Uribe quedaría en libertad o no
Jaimes Durán señaló que las actuaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe son válidas y se tomaron en el marco de su competencia.
El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, encargado del caso inició su intervención pidiendo que el caso se mantenga en el campo judicial y legal y no en lo político, para que se resuelva "lo que en derecho corresponda".
Jaimes Durán indicó que hay que resolver cómo preservar el ordenamiento judicial al realizar el cambio de un sistema penal a otro, pues la misma normatividad no da esa claridad y se debe acudir a la interpretación que han dado los mismos jueces.
Añadió que el tema es de la mayor complejidad y se debe resolver con toda la rigurosidad en temas de garantías procesales y teniendo en cuenta las consecuencias sobre el proceso y las partes.
Al igual que Granados, el fiscal del caso hizo referencia al precedente de 'Jesús Santrich' y dijo que el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía en una etapa avanzada y ya en el alto tribunal se había resuelto la situación jurídica del procesado.
Dijo que en la Fiscalía el proceso siguió en etapa de investigación.
Hizo una larga explicación sobre las diferencias entre la imputación de cargos en el nuevo sistema y la indagatoria en el viejo esquema para concluir que no se pueden equiparar.
"No es lo mismo y no se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos", precisó el fiscal Jaimes Durán tras señalar que en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.
El funcionario del ente acusador indicó que han empezado a revisar el caso y han encontrado circunstancias que permiten concluir que la forma de vinculación realizada afecta el debido proceso y se registran vulneraciones al ordenamiento legal.
Aclaró que en la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción se hace referencia a un hecho penal pero que hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa.
Dijo que más allá de las diferencias entre la imputación y la indagatoria, se detectó que la diligencia realizada en la Corte “no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada que nos permita calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta de transmisión de una información suficiente para que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse”.
Indicó que entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados.
“Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado para imponerle medida de aseguramiento”, dijo el fiscal.
“Tal aspecto resulta de gran trascendencia desde la perspectiva del debido proceso en exigencia constitucional y legal desde el derecho a la defensa”, sostuvo el fiscal y añadió que en la indagatoria “Hay una mínima precisión frente a los delitos que se le enrostraron” al investigado “lo que contraviene la legalidad y dificulta el derecho a la defensa”.
Dijo que por ejemplo no se le puso en conocimiento a Uribe Vélez la posibilidad de confesión o sentencia anticipada o alguno de los mecanismos para la terminación anticipada de los procesos.
Igualmente criticó que la indagatoria fue desordenada y que no hubo claridad sobre la calidad de delito por el que estaba siendo investigado.
Además dijo que la indagatoria se realizó el 8 de octubre de 2019 y desde allí se debió garantizar un tiempo razonable pare el derecho a la defensa, pero por el cambio de sistema eso no ha sido posible.
Y aunque no pidió ninguna nulidad sí advirtió que esas situaciones detectadas podrían generar un riesgo en ese sentido.
Precisó que el documento de más de 1.500 páginas en el que se resolvió la situación jurídica no se puede considerar una imputación de cargos al no cumplir con el requisito de “contenido respecto de un relato claro y sucinto de los hechos para ser transmitidos de forma puntual para que el receptor de las mismas quede vinculado al proceso”.
Dijo que el sistema judicial debe responder a las víctimas y su petición de verdad y justicia, pero que esto no puede afectar el debido proceso y poner en riesgo al proceso de nulidades futuras.
Y concluyó que el proceso debe seguir en la etapa de investigación y dejar sin efecto el acto de definición de la situación jurídica otorgando la libertad a Uribe.
"La investigación no parte de cero", añadió el funcionario tras indicar que no habrá impunidad y que seguirán examinando las evidencias que en su momento recolectó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
"No habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho", señaló
El fiscal dijo que "el debido proceso es un derecho humano que está en la ley y en la declaración Universal de los derechos humanos" y su respeto legítima la acción del Estado.
Según la interpretación de la Fiscalía la investigación seguirá avanzando pero no tendrá en cuenta la indagatoria ni la decisión que resolvió su situación jurídica.
El abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó la petición de libertad inmediata de su cliente asegurando que no se está cuestionando la decisión de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención , sino el efecto que tendría en el proceso el cambio de sistema por el que se adelanta ahora la investigación.
Granados añadió que la defensa no está pidiendo la nulidad de lo actuado.
Granados señaló que en el año 2002 se estableció en la Constitución que le corresponde a la Fiscalía pedir las medidas de aseguramiento que corresponden para que las personas acudan ante los jueces y que los jueces de control de garantías serán los encargados de resolver ese tipo de solicitudes frente a la libertad de las personas.
Y añadió que ese tipo de peticiones se dan al momento de la imputación de cargos contra las personas investigadas y bajo algunos parámetros establecidos en la misma normatividad.
El penalista señaló que al pasar la investigación del sistema de la ley 600 a la ley 906 se deben tener en cuenta tres aspectos. ¿En qué etapa procesal está el proceso?, ¿En qué calidad se encuentra el investigado?, y si él debe seguir privado de la libertad.
Dijo que cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema definió que había perdido competencia sobre el caso tras la renuncia de Uribe vélez al Senado, no dijo cómo se debería dar el tránsito al nuevo sistema penal.
Igualmente dijo que antes del cambio de sistema, se había realizado una indagatoria, se resolvió la situación jurídica de Uribe Vélez ordenando su detención, pero no se cerró la etapa de investigación. Por ello dijo que ahora el proceso tendría que quedar en la etapa de indagación y se tendría que ordenar la libertad. "No se puede equiparar la diligencia de indagatoria con la imputación de cargos",señaló Granados.
Dijo que cuando la Fiscalía va imputar cargos es cuando ya tiene claro lo que sucedió, cuando considera que ya tiene evidencias suficientes para llevar al procesado ante los jueces y en cambio en la indagación apenas vincula a la persona a un proceso que está investigando aún.
