El Huila, tiene 1.684 solicitudes de restitución de tierra: María del Mar Chaves Chavarro

Jhon Freddy Figueroa
Editor General – Diario del Huila

¿La restitución de tierras cómo avanza este proceso en el Huila?

El departamento del Huila tiene 1.684 solicitudes de restitución, de las cuales 1.417 se encuentran en zonas o municipios actualmente intervenidos. La implementación de la política de restitución atiende un principio contenido en la Ley 1448 de 2011, que se relaciona con la gradualidad y progresividad. Es una política de Estado que le apostó a restituir aun en escenarios con complejidades de seguridad y que busca que la tierra regrese a manos de su legítimo dueño. Esa tarea tan noble, tiene aparejados riesgos inherentes como el de orden público, actores armados con presencia en determinadas zonas, afectaciones medioambientales, dificultades geográficas, solo por mencionar las más relevantes, de ahí que la decisión de intervenir un área geográfica esté precedida de una discusión en escenarios de seguridad con presencia de oficiales con capacidad de decisión tanto del Ejército Nacional como de la Policía, y la presencia obligatoria de la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras. Hoy, el departamento del Huila cuenta con casi 200 asuntos -solicitudes -decididos con inscripción en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas. Esto significa que la Unidad, tras analizar el caso, documentarlo y encontrar acreditados los requisitos contenidos la Ley, representará estas personas ante los Jueces de Restitución para que se ordene la restitución de sus tierras, la implementación de proyectos productivos, subsidio de vivienda y alivio de pasivos, entre otra serie de medidas que acompañan la sentencia y que buscan generar la genuina reparación de las víctimas. De momento, contamos con 10 sentencias que ordenaron restitución. Tenemos radicadas 43 demandas que agrupan 56 solicitudes de restitución. La Unidad de Restitución ha microfocalizado o intervenido 14 áreas en 37 municipios del departamento.

Al día de hoy, ¿cuántas solicitudes tiene el departamento?

El departamento tiene al menos 800 solicitudes en trámite. Los municipios con mayor número de solicitudes son Baraya, Neiva, Algeciras, Colombia y Garzón.

¿Cómo se inicia este trabajo de restituir la tierra al que fue despojado?

El procedimiento para lograr la restitución está definido en la Ley 1448 de 2011 y se compone de 3 fases claramente diferenciadas: la fase administrativa, a cargo de la URT; la fase judicial, a cargo de los Juzgados y Tribunales de Restitución de Tierras; y la fase de Cumplimiento, que es en la que, una vez proferida la sentencia, se materializa el cumplimiento de las órdenes. Es la fase crucial en la que la restitución se convierte en una realidad. Quien considere que ha sido víctima de la violencia y que por esa razón se vio obligado a huir de su tierra dejándola abandonada, o le fue arrebatada, por ejemplo, porque un actor armado ilegal lo obligó a suscribir un documento de compraventa, y estos hechos ocurrieron a partir del 1 de enero de 1991, tiene derecho iniciar la acción de restitución. Debe acercarse a la sede más cercana de la URT y manifestar su intención de presentar solicitud. Presentada la solicitud, la URT tiene, en términos ideales, 60 días para decidir el caso. Son 60 días en "condiciones ideales" porque hay factores objetivos y ajenos a la URT que pueden afectar ese término. Decidido el caso, si el solicitante así lo requiere, la URT lo representará ante el Juez de Restitución de Tierras y presentará la solicitud judicial (demanda) para que sea el juez quien valore las pruebas recaudadas por la URT, tome otras pruebas si así lo considera y decida sobre el derecho a la restitución de tierras. Hay preocupaciones o prevenciones frente al temores por presentar solicitudes de restitución y que sea esta la oportunidad para reiterarle a las personas que este es un proceso que no solo es gratuito sino confidencial. La URT suscribe con cada uno de sus funcionarios y colaboradores un acuerdo de confidencialidad que de no atenderse acarrea consecuencias de carácter penal. Pero además, analiza asuntos que comprometan la seguridad de los solicitantes con las autoridades pertinentes, implementando una ruta de protección especial, si así fuera necesario. Es un proceso rodeado de garantías, vigilado por los entes de control y decidido finalmente por jueces de restitución imparciales y probos.

¿Ha habido voluntad política y avance en la restitución de tierras?

Una de las bondades del proceso de restitución de tierras, en cualquiera de las fases descritas (administrativa, judicial y posfallo), es justamente el rigor técnico que lo antecede. La URT tiene procesos rigurosos de selección de sus funcionarios y colaboradores y eso imprime transparencia en nuestro actuar. Esta entidad que ejecuta una política de Estado que es técnica y que no responde a voluntades políticas, lo cual hace que sea un factor determinante en la decisión de los casos de restitución. Desde el Director General, pasando por todos los Directores Territoriales del país y sus equipos, tenemos clara la misión: contribuir a la justicia con equidad y la construcción de paz con legalidad. El pasado 10 de junio se cumplieron 9 años de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tenía una vigencia inicial de 10 años para su implementación, los cuales en vista de la necesidad de reparar a todas las víctimas el Gobierno ha manifestado su voluntad de prorrogar la Ley. Una realidad definida ya por la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2019, y el artículo 208 de la Ley sobre la duración de la misma. En la Sentencia se estableció que la Ley 1448 debe ampliarse por el Congreso en ejercicio de sus funciones, pero si no lo hace, la Ley se prorroga hasta el 7 de agosto de 2030.

¿Cómo ha sido el trabajo ahora en medio de esta pandemia?

Es un desafío que hemos asumido con entereza. Ha sido una oportunidad para comprender que en efecto, el servicio público es una vocación. La restitución tiene un componente determinante que implica labores en terreno, pues tenemos la obligación legal de identificar los predios solicitados tanto física como jurídicamente. La vida nacional cambió para todos y ha sido necesario adaptarse a estas difíciles circunstancias, sin perder de vista ni un segundo el objetivo: lograr que la restitución llegué a todos el país. La Unidad se alinea a las decisiones del Gobierno Nacional y en esa medida suspendió los trámites administrativos en aras de mitigar y prevenir el contagio. Pero no paramos. Durante este periodo, revisamos y proyectamos decisiones para los distintos asuntos, haciendo uso de los medios tecnológicos de los que disponemos. Las órdenes judiciales se han acatado o estamos en proceso de acatarlas y a eso se han volcado nuestros esfuerzos.

La restitución va de la mano de proyectos productivos ¿En qué va este proceso en el Huila?

Tenemos proyectos productivos que destacamos con orgullo. Uno de ellos es el de una mujer cabeza de familia, madre de 2 hijos que debió abandonar su tierra por acciones directas de grupos guerrilleros. Recibió un proyecto productivo de ganadería de levante, en la que el área técnica de la URT la ha capacitado, para implementar además, otros cultivos que tiene en su predio, como el de café. Su sueño era tener su propia marca de café y hoy ya cuenta con registro INVIMA. Su café se llama "La Orquídea" y es cultivado en tierras restituidas. Con proyectos como estos aportamos desde la entidad a la transformación de vida de las personas para que la restitución sea sostenible y el retorno a la tierra este sustentado en oportunidades en el campo para las víctimas.

En lo que concierne al Huila ¿hay fallos o demandas pendientes para restitución a familias?

Las demandas se radican una vez se surte la etapa administrativa y se viabiliza la reclamación de la tierra para formalizarla ante un juez de restitución de tierras. Los fallos o sentencias dependen de los jueces, y los procedimientos jurídicos que requieran para tomar la decisión de restitución o no.

¿Cómo garantizar que estas familias no serán víctimas de nuevo desplazamiento?

La vida nacional ha estado marcada por la violencia alrededor de la tierra. Es la tierra la que desencadenó toda suerte de conflictos que aún perviven en los territorios. Lograr tener una sentencia a favor de una víctima para que recupere su tierra no es una tarea sencilla y por eso es deber del Estado rodear la sostenibilidad del retorno. La restitución no termina cuando se profiere la sentencia. Es tal vez el momento crucial porque implica que todas las entidades comprometidas en el fallo convergen en el cumplimiento, anclando la atención estatal en ese territorio. Se recupera la tierra, se transforma el campo y se mantiene el acompañamiento a estas familias. En Huila no tenemos asuntos en los que tras haberse logrado el retorno, se hubiese generado un nuevo desplazamiento y eso demuestra la efectividad de la política.

Las proyecciones para el Huila en este segunda semestre.

Necesitamos avanzar con celeridad en la radicación de las demandas pendientes y ese es un objetivo primordial en nuestra gestión. La actual situación, como toda circunstancia desafortunada, apareja también una oportunidad. Mientras logramos regresar a unas condiciones de cierta movilidad en la que podamos retomar actividades en terreno para identificar los predios de las solicitudes en trámite, concentraremos nuestros esfuerzos en proyectar y radicar las demandas de quienes hoy se encuentran inscritos. Son solicitudes judiciales que requieren cierta rigurosidad para lograr que los jueces ordenen la restitución y honrar así, la representación que nos han entregado nuestros solicitantes. La URT no para y no lo va a hacer. Sabemos que las comunidades necesitan más que nunca de la determinación del Estado para que cumpla sus funciones. Esta Entidad tiene un compromiso con las víctimas y nuestra misión será cumplirlo con responsabilidad y transparencia.