Educación superior ¿hacia un abismo sin fin?

Al tema de la salud y la inversión social, se suma la educación como una de las problemáticas más relevantes de los últimos años. La situación ha avanzado a tal punto que para superar las dificultades económicas de las Instituciones de Educación Superior públicas del país, el Sistema Universitario Estatal (SUE), tuvo que pedirle de carácter urgente al Gobierno y al Congreso de la República apoyar la iniciativa de ajustar por una sola vez la base presupuestal en un 50%, y en incrementarla cuatro puntos cada año por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Contexto nacional

La historia de la Universidad Pública moderna en Colombia, se produce cuando se empieza a ver el desarrollo del sector educativo y la crisis de finales del siglo pasado, aspectos que instaron al Gobierno a reglamentar la educación pública en el país. La iniciativa se materializó luego de la expedición de la Constitución de 1991, en donde en el Artículo 67, se determina el acceso a una universidad como un derecho y un servicio público que tenga como función social el ingreso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y los bienes y valores de la cultura.

En este sentido y en consideración a los fundamentos de la Carta Magna del 91, se expidió la Ley 30 de 1992, en la que se garantizó el principio de autonomía universitaria, dictaminando el funcionamiento y  estructura presupuestal de las Instituciones Públicas de Educación Superior. En el Artículo 86 se estipula que los recursos económicos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes o transferencias del Presupuesto General de la Nación, y que para el funcionamiento y la inversión los recursos serán provenientes de los entes territoriales y las rentas propias de cada institución en particular; además, que estos aportes, tanto del orden nacional y regional deberán siempre estar sujetos a un incremento constante en relación a un porcentaje no menor del 30% del Producto Interno Bruto.

El problema se evidencia en que no se dimensionaron las transformaciones del sector educativo, lo que desencadenó en que la Instituciones de Educación Superior tuvieran que gestionar mayores recursos para solventar sus gastos, que han crecido por encima del IPC.

Ingresos cortos, gastos largos

Todo empieza a tornarse de castaño a oscuro cuando a principios de este siglo las demandas del mercado, obligaron a las universidades públicas a actualizarse debido a aspectos como el aumento de estudiantes, la cobertura, la incorporación de nuevas tecnologías y las exigencias de docentes con más capacidad intelectual. La suma de todos estos factores se materializó en el año 2009, cuando todas las instituciones empezaron a mostrar la crisis financiera y la necesidad de un reajuste al modelo de asignación de recursos, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la educación pública superior.

Nuevo modelo de financiación 

El crecimiento de la demanda y requerimientos que implica, ha generado problemas financieros. Las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, ya que el modelo de financiación determinado por la Ley 30 se adecuaba al contexto de los años noventa, pero no determinó el crecimiento en la demanda ni los mayores costos que tuvieron que asumir las universidades.

Según cifras del SUE, de 2004 a 2014 los estudiantes de pregrado han incrementado en 53,75 % (entre 1993 y 2015 fue de 252 %), y los de posgrado en 130,95 %. Estos últimos han aumentado debido a la consolidación de la oferta en programas de maestría –que pasaron de 320 a 644– y de doctorado, que pasaron de 45 a 138.

Con el propósito de fortalecer la base presupuestal, el SUE ha buscado el apoyo estatal a través de propuestas que garanticen mayores recursos para las universidades. En esta dirección, le ha solicitado al Gobierno y al Congreso respaldar una iniciativa mediante la cual se ajuste por una sola vez la base presupuestal en un 50 %, y se incremente cada año en cuatro puntos por encima del IPC del año inmediatamente anterior, de tal manera que se superen las dificultades actuales de las universidades y se garantice el cumplimiento de su misión hacia el futuro.

Dinámicas a nivel regional

Partiendo de todo estos precedentes, la Universidad Surcolombiana, no es ajena a estas dinámicas. La acción más reciente, en lo que a este problema corresponde, fue la movilización del pasado cuatro de octubre cuando atendiendo el llamado a la movilización nacional, cientos de estudiantes y en general la comunidad universitaria, marchó exigiendo los reajustes previamente mencionados.

El objetivo de esta marcha fue protestar en contra del recorte presupuestal que paulatinamente han sufrido las universidades durante los últimos años, especialmente en relación a los nuevos recursos alcanzados durante la aprobación de la reforma tributaria, los cuales se consiguieron a través de la lucha del Sistema Universitario Estatal SUE, correspondientes al 40% del 0.5, del IVA social de educación, y frente a los recursos CREE, que a partir del año entrante van a ir 100% a financiar el programa Ser Pilo Paga, al igual que los excedentes del 20% de las cooperativas.  

El rector de la institución Pedro Reyes Gaspar, en diálogo con esta Casa Editorial expresó que la Universidad tiene derecho a protestar para exigir al Estado que se respeten los recursos de la educación superior y que se incrementen, ya que esta es la única salida seria y directa para poder vislumbrar un futuro sostenible. Expresó además en su calidad de vicepresidente de la SUE, que en la última reunión de esta entidad, que reúne las universidades del sur occidente del país, se analizaron varias estrategias para contrarrestar problemáticas entre esas, liderar un proyecto de Ley que corrija las falencias de la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, pero también que reglamente de manera más precisa esos recursos que se lograron con la reforma tributaria», indicó el directivo.

Explicó además que otro factor importante de la crisis actual es que las universidades estatales esperaban para este año $240.000 millones del antiguó CREE, porque se mantuvo un recaudo similar al obtenido en el año 2016; sin embargo, se tendrán $78.000 millones menos que el año anterior a causa de que el 100% de estos recursos que se entregaron en el año 2015, serán utilizados en un 70% para el programa Ser Pilo Paga con la universidad privada.

La estampilla pro-USCO, solo en el papel

Por otro lado, un estudiante de la universidad que conoce de cerca los procesos dentro de la institución, pero que prefirió ocultar su identidad, afirmó que además de todas las problemáticas que ya se conocen y que han generado un gran desajuste de las finanzas de las universidades, incluida la Universidad Surcolombiana, está el problema de que no se han aportado aún los recursos provenientes de la estampilla pro-USCO, que están contemplados en la Ley 30 y que el ente territorial, la Gobernación del Huila tiene que aportar, a pesar de que el Consejo de Estado profirió un fallo a favor de la Universidad, dando un juicio jurídico a favor de la institución para que  estos recursos sean parte de la base presupuestal.

Pero este problema no se queda ahí, ya que como el mismo estudiante expresa, mucha gente en la Universidad está confiada que con sólo este aporte se van a solucionar las grave crisis por la que atraviesa la USCO, lo cual no es cierto ya que con los 5.000 millones en este año de la estampilla no se va a resolver el déficit presupuestal.

Los gastos superan los ingresos

Los costos salariales de los docentes están creciendo por encima de la inflación, ya que ellos tiene un sistema de remuneración basado en el Decreto 1278 de 2002, que establece que el profesor a medida de que mejoren la productividad intelectual, en lo referente a la producción de libros, artículos indexados, obras artísticas entre otras recibe unos puntos salariales adicionales los cuales tienen que solventar las universidades con sus propios recursos, lo que ha abierto una brecha de ingresos.

Otro factor es el gasto que se tiene que realizar en todo lo que tiene que ver con infraestructura y reordenamiento estructural para poder entrar a unos criterios competitivos en relación con otras universidades. Se tienen que hacer cuantiosas inversiones en nuevos salones, laboratorios, contratar planta docente y personal administrativo, lo que se hace con recursos propios como los son matriculas de pregrado y posgrado. Debido a estas condiciones es que se ha llegado a un déficit de 11.2 billones de pesos a nivel nacional y $137.000 millones en la USCO en 2012; situación que se ha incrementado significativamente, lo que a futuro desencadenará subir los costos de estos servicios para poder sustentar los gastos, pasando de una educación pública a una de carácter privado