“La Organización Roa Florhuila ha tenido como filosofía la transparencia”
La respuesta que el representante legal de la Organización Roa Florhuila (ORF), Hernando Rodríguez Rodríguez, envió a DIARIO DEL HUILA. Sostiene que “nunca ha hecho pactos de precios con sus competidores para crear distorsiones que perjudiquen a los consumidores”.

“En ningún momento nos han notificado nada oficialmente”, expresó Hernando Rodríguez Rodríguez, gerente general de la Organización Roa Florhuila, sobre las multas de que fueron objeto él, otros tres altos ejecutivos de la compañía y la ORF ayer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Desde el lunes en la noche, cuando este medio de comunicación habló con él, insistió en que no podía dar ninguna declaración porque desconocía lo que habían informado los medios de comunicación a nivel nacional y local.
Ayer, luego de la rueda de prensa que ofreció el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en donde anunció que la ORF y cuatro altos ejecutivos de la compañía fueron multados con más de $33.800 millones, la empresa emitió un comunicado.
A través de los medios
“La Organización Roa Florhuila S.A. se permite informar a la opinión pública que se ha enterado a través de los medios de comunicación de una supuesta sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero a la fecha no ha recibido citatorio para una notificación personal a través de la cual nos hagan conocer una resolución”, expresa.
En la nota recuerdan que “en la mañana del 14 de abril, distintos medios de comunicación han requerido a la compañía para que se pronuncie sobre el tema. Mal haría en formular declaraciones sin haberse surtido el trámite establecido en las normas que rigen la materia y cumplido el debido proceso que consagra la ley”.
Hernando Rodríguez, reiteró que la ORF nunca ha hecho pactos de precios con sus competidores para crear distorsiones que perjudiquen a los consumidores o alianzas que atenten contra la competencia abierta y legal, como en forma malintencionada se ha querido informar al país.
Monitoreo permanente
Explicó que un aspecto muy distinto que solo interesa y es su responsabilidad y obligación, es el monitoreo permanente de las condiciones del mercado como los precios, abastecimiento en distintos canales de distribución para garantizar que los consumidores tengan acceso al arroz, producto de primera necesidad en la canasta familiar de los colombiano.
“Es y seguirá siendo su compromiso ético y social, así como la determinación del precio al cual entrega sus productos para que lleguen al consumidor. En ninguna norma de nuestro estado de derecho se prohíbe que no se pueda hacer acuerdos de distribución, para lograr la mayor eficiencia operativa y para que los consumidores tengan todas las facilidades para acceder a los productos a precios justos”, dijo.
El alto ejecutivo anotó que el foco del negocio de la Organización Roa Florhuila es la compra de arroz a más de 3350 productores y su procesamiento industrial para la comercialización, la cual entrega a 5400 clientes de los diferentes canales y diez distribuidores que atienden a más de 400.000 tiendas en el territorio nacional, lo cual hace imposible el control del mercado y los precios.
Millonarias multas
“La Organización Roa Florhuila S.A. ha tenido como filosofía desde su nacimiento hace más de 50 años la transparencia, cumplimiento de la normatividad y responsabilidad social, con un gran sentido de amor y compromiso con los Colombianos. En esta oportunidad mantendrá esa inspiración y acudirá a los mecanismos legales establecidos en la Constitución Colombiana para ejercer su legítimo derecho de defensa”, agregó en un comunicado.
Hernando Rodríguez, gerente general de la ORF, fue multado ayer con $515’480.000 por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Organización que representa deberá cancelar $32.217’500.000.
Por su parte, Aníbal Roa Villamil, presidente de la compañía huilense, recordó en un aviso pagado en un medio escrito local que la investigación que tramitaba la Superindustria, anunciada en algunos medios de comunicación en los últimos días (DIARIO DEL HUILA, La República, Blu Radio y Caracol, entre otros), se refiere a hechos del año 2010, que nada tiene que ver con acuerdos entre competidores, donde según él “no se afectó ni la libre competencia, no los consumidores”.
Graves antecedentes
La SIC piensa lo contrario y en la Resolución 16562 del 14 de abril de 2015 impuso sanciones a la empresa “por infracciones al régimen de protección de la competencia y se dictan órdenes e instrucciones”.
Aníbal Roa deberá cancelar la suma de $1.063’177.500 de multa; y los gerentes de ventas Édgar Gaviria y Pablo Gutiérrez, $12’887.000 cada uno.
Las sanciones impuestas a la ORF tienen como agravantes sus antecedentes en materia de violaciones a la libre competencia: (i) una sanción impuesta en el año 2005 por cartelización empresarial junto con otras empresas molineras y (ii) una sanción del año 2013 por no haber informado una integración empresarial, lo cual impone a la Superindustria la obligación legal de agravar las sanciones.
Participación de Roa y Florhuila en el mercado nacional
En una comunicación firmada por el director ejecutivo de la Cámara Induarroz de la Andi, Jeffrey Fajardo López, se indica que la Organización Roa Florhuila compró el año pasado 435.583,78 toneladas de arroz paddy verde y logró una participación de 19,6 por ciento a nivel nacional.
En 2013 la participación fue de 23,8%, en 2012 llegó a 24,7% y en 2011 22,3%. Las toneladas adquiridas hace dos años totalizaron 567.856,53 y en 2012 alcanzaron un pico de 613.989,28. (Ver carta de Induarroz).
Sin embargo, la Resolución de la SIC expresa que de 2009 a 2011 la participación promedio en el mercado de arroz blanco de Molinos Roa fue del 21 por ciento y Molinos Florhuila del 12 por ciento.
“Conforme a las consideraciones presentadas en esta sección, esta Superintendencia concluye que Molinos Roa y Molinos Florhuila cuentan con un grado de poder de mercado que les permite influir sobre las variables del mercado, tales como los precios”, expresa la Resolución 16562 de la Superintendencia de Industria y Comercio.