“Invertimos $900.000 millones y llegamos a 76.000 familias campesinas colombianas”

La primera fase del distrito de riego Paicol-Tesalia será inaugurada en la segunda quincena de diciembre. Expresó que ya hay tres fincas para la reubicación de los residentes no propietarios de la hidroeléctrica El Quimbo. 

¿Cuál es el balance de su gestión en estos dos años como gerente del Incoder?

El Instituto en estos dos años ha venido cumpliendo unas tareas muy importantes por encargo del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. Lo primero tiene que ver con cómo los recursos públicos llegan de manera más efectiva y oportuna a todo el territorio y a los campesinos de Colombia. En ese sentido, este año logramos invertir $900.000 millones en donde pudimos llegar a 76.000 familias campesinas de Colombia.

Significó inversiones que llegaron a todos los departamentos incluyendo San Andrés y Providencia donde no tenemos oficina territorial pero llegamos hasta allá, hicimos importantes inversiones en esta zona del país.

¿En detalle, en qué consistieron estas millonarias inversiones?

En riego, por ejemplo, inyectamos 184.000 millones de pesos que significó la adecuación de casi 120.000 hectáreas en riego; y en adecuación de tierras llegamos a 20 departamentos; se construyeron y se están rehabilitando 47 pequeños distritos de riego. En riego significó nuevamente la oportunidad para los pequeños productores de volver a contar con recursos directos del Gobierno Nacional. En estos dos últimos años volvimos a hacer estas inversiones.

En materia de proyectos productivos, llegamos a casi 18.000 familias con inversiones en los 32 departamentos. Este año pusimos en marcha una alianza importante con todas las gobernaciones de Colombia que permitió una inversión de 110.000 millones de pesos.

En acceso a tierras llegamos a 18.000 familias que significan subsidios, adjudicaciones de baldíos y a comunidades étnicas beneficiamos también a 10.000 familias entre comunidades indígenas y comunidades negras y en este año la constitución y ampliación de resguardos para comunidades indígenas.

El año pasado usted expresó que tuvieron el mayor nivel de ejecución en toda la historia del Incoder, ¿este año será igual?

El Instituto está terminando 2014 y 2015 como los años en donde más se ha ejecutado el presupuesto en cuanto a porcentaje: 98% el año pasado y este las cifras serán similares. El año pasado terminamos en la obligación que significa ejecución con el 93% y en 2015 estaremos en cifras aproximadas. De tal manera que estos últimos dos años el Instituto llegó a la cifra de ejecución más altas de toda su vida institucional.

En entrevistas anteriores, expresó que este año quedaría listo el distrito de riego Paicol-Tesalia, ¿cumplirá con esa promesa?

Este fin de semana hay una visita a campo, de esa visita podemos ya proponer una fecha como tal en la cual esa primera fase estaría terminada y no solamente terminada, sino funcionando. Nuestra aspiración como gobierno, y así lo ha solicitado el ministro Aurelio Iragorri, nosotros como huilenses queremos ver esos canales funcionando y llegando el agua a esos predios. Esa es la expectativa de los beneficiarios que están en Paicol y Tesalia.

Antes del 31 de diciembre deberíamos estar ya entregando esa fase funcionando y operando en beneficio de los productores que están instalados allá en la zona. En la inauguración de la primera fase haría presencia el ministro Iragorri.

¿Cuándo entregarán las primeras fincas que adquirieron para los afectados por El Quimbo?

El compromiso del Gobierno Nacional con el proyecto El Quimbo es la compensación a través de la adquisición de 2700 hectáreas para la reubicación de un primer inventario que son 209 familias que son residentes no propietarias.

A partir de ese ejercicio se consiguieron los recursos, $20.000 millones que se vienen ejecutando desde el año pasado. Todo esto se hizo de una manera transparente, se hizo una convocatoria pública para que los propietarios que están alrededor del proyecto El Quimbo hicieran sus ofrecimientos y el Incoder, de manera conjunta con la Gobernación del Huila, de la CAM, la Procuraduría Ambiental, algunos municipios acompañaron las visitas a los predios, porque lo que se requiere es que cumplan con las condiciones tanto a nivel productivo como en condiciones para la construcción de sistemas de riego.

Después de ese proceso se ha venido haciendo el proceso de negociación con cada uno de los propietarios. Esa negociación parte de una evaluación técnica que hace el Instituto, unos estudios jurídicos, levantamiento topográfico, los avalúos que se deben hacer a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y después el proceso de negociación económica.

¿Cuántas fincas han comprado y cómo será el proceso de entrega?

Cuando ya están adquiridos los predios, que en este caso ya van 430 hectáreas, comienza el ejercicio de cómo se van a ubicar las familias. Estas tres fincas quedan en El Agrado. Una propuesta que se tiene prevista es que como hay unas familias que viven en El Agrado, se ubiquen en las fincas. Son cerca de 100 y se va a determinar cuántas se pueden ubicar en las 430 hectáreas.

El número de familias por predio depende justamente del modelo de producción. Como gerente del Incoder, y autorizado por el presidente Santos y el ministro Iragorri, he dicho que no estaba previsto en la licencia, pero en estos predios el Gobierno Nacional va a financiar proyectos productivos. Ahí requerimos el compromiso de Emgesa, que es la dueña del proyecto, para que construya los sistemas de riego de las 2700 hectáreas.

¿Cuál será su futuro ahora que el Incoder será liquidado?

Estos cargos, como lo he expresado tanto en el Huila como en la mayoría de las regiones, tienen una condición: uno sabe cuándo inicia pero no sabe cuándo termina, eso solo se sabe cuando lo decida el presidente de la República.

Nosotros como funcionarios y como profesionales que se nos dio esta responsabilidad, lo primero que hay que decir es que tenemos agradecimiento especial con el presidente Juan Manuel Santos y con los dos ministros, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri Valencia, yo creo que estos dos años se han hecho importantes acciones en el Instituto para impactar los territorios y creo que nos damos por bien servidos y con la satisfacción del deber cumplido.

Esa decisión es del presidente de la República, él es quien resuelve qué es lo que sucederá hacia adelante. Una vez tome las decisiones sabremos qué va a ocurrir. Hasta tanto llegue ese momento, estamos trabajando de manera intensa en el Incoder para terminar con indicadores altos, como sucedió en la vigencia anterior. Hemos superado los indicadores que nos correspondían del Plan Nacional de  Desarrollo.

Tutela podría embolatar liquidación del Incoder

Una tutela interpuesta por Gustavo Ramos Álvarez, presidente del Sindicato del Sector Rural (Sintrarural), podría cambiar los planes del presidente Juan Manuel Santos con respecto a la liquidación del Incoder y la creación de dos agencias recomendadas por la Misión Rural.

La acción constitucional fue radicada el 30 de noviembre ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el sindicato solicitando que se garantice el derecho fundamental al trabajo, “el cual puede resultar vulnerado por el Gobierno Nacional”.

En el aparte de los hechos, Ramos Álvarez indica que el decreto de disolución y liquidación del Incoder que el gobierno se propone expedir, “no ha sido consultado a las comunidades indígenas y afrodescendientes, cual vicio de inconstitucionalidad que afectó igualmente a la Ley 1152 de 2007”.

Y añade que existe la amenaza de que con la liquidación del Incoder propuesta por el Gobierno Nacional, se vean nuevamente afectados “los empleados públicos del Incoder y que posteriormente este nuevo decreto de liquidación corra la misma suerte de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, dado que en el caso anterior y ahora en el nuevo, gravita el mismo vicio de inconstitucionalidad por falta de consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de acción de tutela el 1 de diciembre. ¿Qué pasará? Ya que las atribuciones especiales que le otorgó el Congreso de la República al presidente Santos terminan el próximo martes 8 de diciembre.