Un final de 2015 y comienzo de 2016 con cuestionadas decisiones económicas

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, el ministro de Agricultura fue presionado por el presidente Santos y el contralor Edgardo Maya para que le quitara la administración del Fondo Nacional del Ganado. La semana pasada el mandatario dijo el gobierno que no conocía el informe final de la Comisión de Expertos Tributarios, pero éste había sido presentado al ministro de Hacienda en diciembre de 2015.

El Quimbo, la reforma tributaria estructural y el cambio de administrador en el Fondo Nacional del Ganado han sido algunos de los temas económicos más sonados de las últimas semanas en el país y en el Huila. Sin embargo, las contradicciones del Gobierno Nacional han sido evidentes en estos polémicos procesos.

Uno de ellos tiene que ver con la hidroeléctrica El Quimbo. El 25 de noviembre de 2014 los empresarios de la piscicultura afiliados a la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua) interpusieron ante el Tribunal Administrativo del Huila una acción popular contra Emgesa y el Ministerio de Minas en procura de que se ampararan los derechos colectivos al “medio ambiente sano, a la salubridad pública, seguridad alimentaria y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles”.

Los piscicultores sentían amenazadas sus empresas por la reducción de los caudales hídricos que se “presentarán durante las etapas de llenado y operación de la Hidroeléctrica El Quimbo, y por la alteración de las calidades de agua del río Magdalena; lo cual, estiman que generará disminución en las concentraciones de oxígeno necesarias para la vida acuática, pudiendo ocasionar mortandad masiva en los proyectos piscícolas del embalse de Betania”.

Como medida cautelar solicitaron la suspensión de las actividades de llenado y operación de la hidroeléctrica hasta que se garantizaran la vida de la carga pesquera sembrada en jaulones de las piscícolas del embalse de Betania, además de cualquier contingencia no identificada en la licencia ambiental.

Tutela vs acción popular

En esa oportunidad el Tribunal aceptó la acción pero les negó la medida cautelar. Al siguiente año (febrero de 2015), el órgano judicial les dio la razón a los piscicultores y aceptó la medida de suspensión de llenado y operación de El Quimbo. Ese mismo mes el Ministerio de Minas, a través de la abogada Esther Rocío Cortés Gordillo, pidió personería para oponerse a la medida cautelar.

Cortés Gordillo expresó: “ruego a usted se sirva revocar el decreto de la medida cautelar solicitada, puesto que no hay ni un solo elemento de juicio, legal, ni fáctico, que permita llegar a la conclusión que la misma sea procedente; en efecto, de la demanda no surge, de manera alguna, cuál pueda ser la hipotética puesta en peligro o efectiva vulneración de los derechos e intereses colectivos ‘al medio ambiente sano, a la salubridad pública, seguridad alimentaria y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles’, invocado por el actor, por lo que la petición no resulta en lo absoluto procedente, por el contrario, la misma sería ilegal e inconstitucional”.

Meses después, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el Decreto 1979 que fue expedido por el presidente Juan Manuel Santos el seis de octubre de 2015, contrariando la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Huila que impedía que se iniciara la producción energética, los ministros de Minas, Tomás González, y de Ambiente, Gabriel Vallejo, estuvieron reuniéndose con los integrantes del órgano judicial sin que éste último tomara una decisión de fondo.

Luego de empezar la vacancia judicial, el 18 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Minas y la Aunap (autoridad pesquera) interpusieron una tutela en Neiva ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento curiosamente alegando los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, mínimo vital, trabajo, salud y ambiente sano (los mismos que habían invocado los piscicultores en la acción popular de noviembre de 2014 a la que se había opuesto el Ministerio de Minas). En esta oportunidad, el propósito de la acción constitucional era reactivar la producción de energía en El Quimbo y lo lograron el 8 de enero de 2016.

Fondo Nacional del Ganado

DIARIO DEL HUILA publicó la primicia de que el Gobierno Nacional, a finales de 2015, le había quitado la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

A través del Decreto 2537 del 29 de diciembre del año pasado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, incluyeron algunas razones por las que este último podría administrar algún fondo parafiscal del sector agropecuario.

Una de ellas es “Cuando el Fondo sea o haya sido admitido en proceso de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006 y normas concordantes, así como las normas que la modifiquen, deroguen o sustituyan”.

Otra es cuando “a la terminación del plazo de ejecución del contrato de administración respectivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural considere necesario evaluar la situación del administrador y del sector respectivo, para garantizar el cumplimiento de las reglas y políticas que deba regir la ejecución de la contribución parafiscal correspondiente”.

El 6 de agosto de 2015, la Superintendencia de Sociedades informó que admitió en reorganización a la empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia S. A. y al Fondo Nacional del Ganado (FNG). Es decir que entró en la Ley 1116, antes mencionada como una de las razones para que el Minagricultura administrara directamente un fondo parafiscal. En esta oportunidad se trata del Fondo Nacional del Ganado, administrado desde hacía más de dos décadas por Fedegán.

En diálogo con este medio de comunicación, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, expuso, según él, los reales motivos que llevaron al Gobierno Nacional a quitarle la administración del FNG.

“La injustificada decisión del gobierno de castigar a Fedegán apartándolo del manejo del Fondo Nacional del Ganado -FNG- es una afrenta a la libertad de expresión contra un gremio que, aunque crítico, ha sido respetuoso en el trámite de sus desencuentros en materia de política rural y en especial de los acuerdos de La Habana”, dijo al DIARIO DEL HUILA, y añadió que Fedegán seguirá fiel a su mandato fundacional de defender los intereses de los ganaderos.

Lafaurie Rivera ha sido un fuerte opositor del presidente Santos por los diálogos de paz en La Habana y durante la estancia de Juan Camilo Restrepo Salazar en el Ministerio de Agricultura mantuvieron una pugna permanente por una auditoría que el entonces ministro contrató para tres fondos parafiscales: el del ganado, el cacao y las frutas. Al parecer las observaciones hechas a los fondos del cacao y las frutas fueron subsanadas, pero las del FNG, no.

Ministro, en un ‘sanduche’

En su más reciente columna escrita en este medio escrito, el presidente ejecutivo de Fedegán, reveló más sobre lo que hubo detrás de la decisión del Gobierno Nacional: “22 de diciembre. El ministro afirma públicamente que Fedegán es el gremio más representativo de la ganadería, pero que el contrato no se renovará porque hay clausulas ‘inaceptables’, sino que habrá uno nuevo. Días antes, en reunión formal de la que me pidió confidencialidad -compromiso que considero roto- me habló del ‘sanduche’ en que se encontraba y, con sinceridad inusitada, de las presiones que recibía del contralor y del propio presidente para quitarle el contrato a Fedegán, a pesar de no encontrar argumento legal ni técnico para hacerlo, lo que también expresó a otro importante gremio del sector”.

Es decir que, según José Félix Lafaurie, había presión tanto del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, como del presidente Juan Manuel Santos, para arrebatarle la administración del fondo parafiscal, que recauda al año unos $90.000 millones.

“Más adelante, 29 de diciembre, a dos días de la terminación del contrato, el Gobierno expide el Decreto 2537, a la medida contra Fedegán, pues incluye la admisión a la Ley 1116 como causal para que el Ministerio asuma la administración de un fondo parafiscal. Resulta extraño que el ministro que decide proteger al FNG con la Ley 1116, y lo anuncia públicamente como opción salvadora, firme el decreto que incluye esa causal para quitarle el fondo a Fedegán”, añadió en su columna de opinión.

Afirmó: “¿Qué hay detrás? Una campaña para desprestigiar a Fedegán y quitarle el contrato de administración del FNG después de 22 años de incuestionables resultados, emprendida por el exministro [Juan Camilo Restrepo] con la bendición escondida del Gobierno. El ministro Iragorri tendrá que contarle al país algún día, cuál fue la ‘Razón de Estado’ que lo hizo cambiar de opinión”.

Reforma tributaria estructural

La semana pasada hubo revuelo en el país por la revelación que hicieron algunos medios nacionales y regionales de algunas de las sugerencias de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, presidida por el director de la DIAN, Santiago Rojas, con la secretaría técnica de Natalia Salazar, de Fedesarrollo.

Entre las propuestas de los expertos había “perlas” como que el gas natural comprimido para vehículos, el biodiesel y el etano; el servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3; y los servicios públicos domiciliarios quedarían en la tarifa del 10% del impuesto al valor agregado (IVA).

Además, productos exentos como los bovinos, cuadernos, libros, maíz, arroz, leche, queso fresco, huevos frescos, pescado, camarones y carne, serían en adelante gravados con el 5% del IVA. También se mantendría el 4 X 1000 y el impuesto a los combustibles crecería un 30 por ciento.

A nivel territorial, la Comisión sugirió eliminar la creación de nuevas estampillas ya que “estos gravámenes terminan encareciendo el valor de los contratos y elevan el gasto de los gobiernos subnacionales, de manera que su efecto neto en las finanzas territoriales puede llegar a ser nulo”; y desaparecer los monopolios departamentales de licores que, en el caso del Huila, dejan millonarios ingresos para el Gobierno Seccional.

¿A quién creerle?

El presidente Santos dijo la semana anterior que el Gobierno Nacional está considerando presentar una reforma tributaria estructural al Congreso de la República con insumos con los de la Comisión, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OECD.

Sin embargo, aseguró que hubo filtraciones por parte de un integrante de la Comisión. “De manera que todo esto que se está publicando de una filtración irresponsable, no es una propuesta del Gobierno, ni ha sido aceptada por el Gobierno, ni ha sido siquiera estudiada por el Gobierno”, reiteró.

Pero, este medio de comunicación accedió al informe final de la Comisión de Expertos que indica en su portada que fue presentada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, en diciembre del año pasado.

Si el presidente Santos afirma que la propuesta “ni ha sido siquiera estudiada por el Gobierno” y en el mismo documento se afirma que fue presentado a finales de 2015 al ministro de Hacienda, ¿a quién se le puede creer?

Razones de la acción popular contra Emgesa y el Ministerio de Minas que interpusieron los piscicultores ante el Tribunal Administrativo del Huila

Carta del Ministerio de Minas y Energía contradiciendo las razones de los piscicultores de Betania

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento les dio la razón al Ministerio de Minas y a la Aunap con los mismos argumentos que habían esgrimido los piscicultores meses antes en su acción popular

A través del Decreto 2537 del 29 de diciembre de 2015 el Gobierno Nacional le quitó la administración del Fondo Nacional del Ganado a Fedegán

En la Ley 89 de 1993 que creó el Fondo Nacional del Ganado se expresa que éste tiene una junta directiva presidida por el ministro de Agricultura o su delegado, quien la presidirá

El presidente Santos dijo que el Gobierno Nacional no conocía las propuestas de la Comisión de Expertos Tributarios. Sin embargo, en la portada del informe final dice que fue presentada al ministro de Hacienda en diciembre de 2015