La historia se repite... y todo por la impunidad

DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN

Especial para Diario del Huila

Hagamos un pequeño recuento, el artículo 47 del decreto 616 establece en forma expresa: “Prohíbase el reempaque de leche en polvo. El empaque de la leche en polvo sólo se podrá realizar en los establecimientos donde se procesa con autorización sanitaria”. La norma no deja duda. El empaque solo se podrá hacer donde hay plantas pulverizadoras y el reempaque está totalmente prohibido. La misma subdirectora de Alimentos del Invima en mayo 11 de 2011, dijo: “conforme a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 47 del Decreto 616 de 2006, no es legal el empaque de leche en polvo en establecimientos diferentes a la planta de pulverización”.

En el debate realizado en la Asamblea del Huila, en marzo de 2010 por un caso igual, logramos demostrar cómo los operadores de los programas nutricionales del ICBF, Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, suministraban leche en polvo reempacada y falsificada en los programas nutricionales del Huila; marcas como Induleche, Vitaleche, Leche en polvo de almacenes Éxito, Campesina de Caloto, Mi Campiñita y en algunos casos reempacadas en garajes de Neiva fueron suministradas a los niños, ancianos y mujeres gestantes poniendo en riesgo la salud y vida de miles de personas en el Huila. 

Gracias a esos debates logramos desmantelar un supernegocio que tenían algunos operadores que suministraban suero lácteo haciéndolo pasar por leche entera en polvo.

Después de los debates, personalmente instauré denuncias penales ante la Fiscalía y disciplinarias ante la Procuraduría, por poner en riesgo la salud y vida de miles de personas del Huila, contra los reempacadores de leche, el señor Armando Ariza de Comfamiliar y los operadores de los programas nutricionales.

Impunidad total

¿Y después de 5 años qué ha pasado? Nada, impunidad total y la responsabilidad de todo esto que está ocurriendo de nuevo es de la Fiscalía, Invima, la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio por su silencio y por no haber sancionado a los responsables de semejante atropello que cometieron contra los huilenses.

A pesar que las denuncias interpuestas en la Fiscalía y Procuraduría en Neiva, contenían todas las pruebas, como análisis de laboratorio, bolsas de la leche reempacada y adulterada, certificados del Invima y todo tipo de pruebas que demostraban el delito que estaban cometiendo estos señores y almacenes Éxito, la fiscalía nunca emitió un fallo sobre esta situación.

Y la respuesta al por qué los operadores prefieren comprar estas leches en polvo reempacadas, es porque en el mercado las encuentran a un bajo costo dejándoles grandes utilidades sin importar que tengan que sacrificar la calidad del producto que finalmente debe suministrársele a los beneficiarios del programa.

Y estas “leches en polvo” son económicas porque normalmente o son sueros lácteos que no son aptos para el consumo humano y no tienen los mínimos nutricionales exigidos o porque son leches en polvo que están a punto de vencerse en los países mayores productores de leche y que la exportan como excedentes y es vendida a precios por debajo de los costos de producción, son leches en polvo que no tienen la calidad y que fácilmente se puede contaminar en los procesos de reempacado.

Absorber la producción

La pregunta es, ¿qué se debería hacer para que los operadores del programa de Restaurantes Escolares no sigan jugando con la salud y vida de los miles de niños huilenses que comen en los restaurantes escolares? La respuesta es sencilla: sancionarlos de manera drástica y que el Departamento asuma las denuncias penales respectivas contra estos operadores y también contra las empresas que reempacan y falsifican la leche en polvo. Además es responsabilidad del Gobierno Departamental hacer valer la ley y proteger los derechos de las personas.

Aquí no cabe la expresión de uno de los operadores durante uno de los debates: “¿de qué se quejan si se les está regalando la comida?, esos pobres sí que joden”.

Después de los debates que realizamos en la Asamblea del Huila, siempre trabajando en equipo con el Comité de Ganaderos del Huila, se logró que el Gobierno Departamental obligara a los operadores del programa a comprar la leche local, es así que la industria local como Surcolac y El Trébol, lograron vender sus productos y comprar mayor leche a los ganaderos del Huila mejorando las condiciones de todos ellos. De resaltar que con estos debates fue que se logró que los recursos del Departamento se quedaran en manos de los productores de nuestra región.

Fácilmente el programa de restaurantes escolares podría absorber parte de la producción de nuestros campesinos, el fríjol que se suministra en las raciones debería ser huilense y no de otros países como ocurrió en muchas ocasiones, la leche debe ser la de nuestra industria local, los productos deben ser endulzados con panela y no con azúcar, las verduras deben ser las producidas por nuestros campesinos, es decir hay una gran oportunidad de generar desarrollo local gracias a la inversión pública.

Cuál es la propuesta

El Gobierno Departamental debería liderar un gran pacto institucional de compras públicas,  hacer un Pacto de Compras Públicas Locales entre el Gobierno Departamental, la Alcaldía de Neiva y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las asociaciones de productores huilenses y la industria agroalimentaria. Este pacto debe ser un acto público donde los mandatarios deben comprometerse a comprar los productos locales para los programas nutricionales (Restaurantes Escolares, Mujer Gestante y Lactante, Adulto Mayor, entre otros).

Es un pacto donde todos ganan, ganan los productores agropecuarios locales, se dinamizan los tanques de frío, ganan los productores de insumos, gana la industria local agroalimentaria y se gana en gobernabilidad.

Pactos como estos los ha impulsado la FAO y en Brasil el gobierno ligó todo sus programas de alimentación a la producción local generando una cadena donde se articulan diferentes actores desde los productores, pasando por la industria, interviniendo los que suministran insumos, los comercializadores y el Estado.

Los empresarios en su afán de ganar la mayor cantidad de dinero no pueden poner en riesgo la salud y vida de las personas y los gobiernos departamentales y locales no pueden seguir mirando para otro lado mientras esto ocurre.

Esperamos sanciones ejemplarizantes para estos operadores y empresas y que ojalá la Fiscalía también sea para los de corbata y traje de paño.