Eliminación del impuesto a las transacciones financieras y bancarización en Colombia

Esto implica que los recaudos del ITF (cerca del 0,6% del PIB) deberán sustituirse por tributos del imporrenta y del IVA.

El pasado 5 de marzo de 2014, el Gobierno Nacional (GN) hizo un relanzamiento de su estrategia de inclusión financiera, mostrándose algo preocupado por el bajo nivel de uso verdaderamente “activo” de los productos financieros en Colombia. Por ejemplo, la Superfinanciera (SF, 2013) reveló en su último reporte que tan solo cerca de un 53% de los adultos muestra uso activo de al menos un producto financiero. Además, dicho uso se concentra en el lado pasivo del balance. Esta cifra es significativamente inferior frente al “número facial” de inclusión financiera del 70% que se venía manejando.

Si bien el sistema de “Corresponsales Bancarios” (CB), instituidos en el país desde 2006, ha  permitido llegar prácticamente al 100% de los municipios colombianos, aún en el lado pasivo del país se tienen grandes desafíos para lograr ir más allá del simple pago de los sueldos o del manejo de los subsidios que hace el GN a través de sus programas, tipo “Familias en acción”.

Actualmente se discuten estrategias de bancarización que permitan hacia el futuro extender las redes de pagos transaccionales y, al mismo tiempo, promover el ahorro y, eventualmente, el crédito entre los estratos más bajos. Estos programas deberían fundamentarse en mecanismos de mercado y de la libre participación de los interesados en proveer este tipo de servicios y no en algo compulsivo o que implique “inversiones forzosas”, pues entonces ello no conduciría a una bancarización real y sostenible.

Como veremos, en Colombia el grado de inclusión financiera de las pymes se ha mantenido históricamente en niveles inferiores al 50%, dando señales de “restricción crediticia”. Asimismo, es importante mejorar la capacidad de planeación financiera de los estratos medios y bajos. Además

de las estrategias de educación financiera que ha venido impulsando el GN, amparado en la Ley 1328 de 2009, tal vez la medida estructural más importante consiste en retomar la idea de desmontar definitivamente el impuesto a las transacciones financieras (ITF o 4 x 1000).

Como es sabido, dicho ITF no solo frena la bancarización (al promover el uso del dinero en efectivo), sino que drena la base tributaria del imporrenta y del IVA. En este sentido, el GN tiene que “aplicarse” en la tarea de buscarle un sustituto idóneo a un ITF que ya ha completado quince años de serias distorsiones macrofinancieras-fiscales y sobre el cual el GN ha venido dando señales erráticas (Ley 1694 de 2013 vs. Ley 1430 de 2010).

Acceso al sistema bancario colombiano

La bancarización en Colombia, por lo menos a nivel facial, tuvo un aumento durante 2008-2013. Se ha estimado que las personas con algún producto financiero se elevaron de 15,8 a 21,8 millones, mostrando un crecimiento del 8,4% anual durante dicho período (ver gráfico 1, Número de personas con al menos un producto financiero). Sin embargo, el uso activo de esos productos tan solo llega actualmente al 53%, indicando que muchas cuentas de ahorro se abren solo para determinados pagos específicos, principalmente por parte del GN, pero después se descontinúa su uso.

A nivel de las firmas, se ha pasado de usar algún producto financiero por parte de 155.000 a 614.000 empresas durante 2009-2013. Afortunadamente, esto ha ido de la mano de una mayor penetración del microcrédito (ver Actualidad Pyme 62 de noviembre de 2013). A ello ha contribuido, primero, el establecimiento de unos niveles de tasa de usura que han dejado de ser limitantes para la actividad bancaria. De esta manera se ha abierto una mayor “holgura financiera” entre las tasas efectivas y dichas tasas de usura, pasando del 3,3% en 2010 (= 30,6% efectiva – 33,9% usura) al 16,1% en 2013 (= 35,1% efectiva – 51,2% usura). Un segundo factor ha sido la creación de establecimientos de crédito especializados, como Bancamía (2008) o WWB (2011).

Como explicábamos anteriormente, los avances han sido principalmente de cobertura geográfica, inicialmente gracias al papel de los CB, los cuales han aumentado su número de agentes de 5000 a cerca de 50.000 durante los últimos cinco años. Dicha evolución de los CB, previamente llamados Corresponsales No Bancarios debido a su operación en conjunto con entidades comerciales, también se ha reflejado en la expansión de sus servicios de pago, los cuales hoy en día incluyen hasta el pago de impuestos locales. El siguiente paso sería habilitarlos para el manejo de sumas de bajo monto que permitan empezar a hacer historia para el lado activo del balance, tal como lo ha venido mencionando el GN.

En materia empresarial, la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif indica que cerca del 52%-61% de los empresarios no ha solicitado crédito bancario recientemente (ver gráfico 2, ¿Solicitó crédito con el sector financiero?). Ello devela la existencia de problemas estructurales de acceso, particularmente en el sector agrario y en los estratos más bajos. Aun a nivel general, la relación Crédito/PIB (producto interno bruto) tan solo bordea el 40%, mientras que, por ejemplo, en Chile asciende al 76%, y en Asia supera el 100%.

De forma similar, la Encuesta del Banco de la República y el Banco Mundial (2013) evidencia que solo un 37% de los adultos colombianos realiza planeación financiera. Esta cifra contrasta negativamente frente a cifras del 40%-50% en México o Uruguay. Es evidente que la bancarización de calidad y aun la de simple cobertura “efectiva” continúan representando grandes retos para Colombia.

Marco regulatorio e inclusión financiera

El GN ha venido impulsando el marco regulatorio para buscar mejores resultados en bancarización. Por ejemplo, la Ley 1673 de 2013 estableció las garantías mobiliarias, claves para sectores como el agropecuario. Además, la Circular 110 de 2014 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) incluyó aspectos que pueden beneficiar la expansión de la Banca Móvil en el país, procurando seguir los éxitos observados de Kenia, Malasia y Filipinas, entre otros.

En el caso de la Ley 1673 de 2013 sobre garantías mobiliarias lo que se busca es permitir que los bienes muebles (no simplemente los inmuebles) puedan servir como garantía en los créditos. Esto quiere decir que una pequeña firma podrá respaldar sus créditos con inventarios, maquinarias, cosechas o cuentas por cobrar, a pesar de que la preferencia del mercado ha sido buscar garantías de carácter inmueble (hipotecando casas, oficinas o terrenos).

Además, Confecámaras contempla la creación de un Sistema de Registro de Garantías de fácil acceso (a través de internet). Ello no solo permitiría publicitar el stock de garantías muebles, sino conocer en “tiempo real” su verdadera disponibilidad como “garantía libre”. En este sentido, la aprobación de dicho Registro de Garantías muebles permitiría superar este obstáculo y así dinamizar el crédito para las pymes.

Por su parte, la Circular 110 de 2014 de la CRC puso una tarifa tope al cobro de los mensajes de texto (SMS) a las entidades financieras que prestan el servicio de banca móvil por parte de los operadores de telefonía móvil. Con ello se busca facilitar la expansión de este canal, reduciendo el costo operativo a las entidades financieras proveedoras de este servicio.

Estos dos esfuerzos recientes se unen a la Ley 1555 de 2012, la cual había eliminado el requisito de la declaración de renta a los solicitantes de crédito (ver cuadro 1, Principales medidas regulatorias recientes para el fortalecimiento de la inclusión financiera). También debe resaltarse que bajo la Ley 1607 de 2012 se establecieron incentivos tributarios para las transacciones realizadas por medios electrónicos (eximiéndolos del pago del 4x1000 y otorgando la devolución de 2 puntos del IVA), lo cual también representa una ganancia para el fisco nacional.

Como es sabido, el Ministerio de Hacienda radicó recientemente el proyecto de ley 181 en el Senado, para habilitar una “licencia financiera simplificada”, la cual permitiría que entidades especializadas operaran sistemas de pagos electrónicos y depósitos de bajo monto, bajo condiciones especiales. Sin embargo, dichas entidades estarían sujetas a la vigilancia de la Superfinanciera y su captación de depósitos se restringe solo a bajos montos, del orden de los 4SML por mes. Su única fuente de recursos sería el cobro de comisiones de manejo de dichos recursos. Con ello se busca promover la inclusión financiera de la población informal, aprovechando la plataforma transaccional existente entre operadores postales y la telefonía móvil.

Desmonte del ITF como pieza clave para mayor inclusión financiera

Es clave que el GN entienda que el principal obstáculo a la bancarización ha sido la permanencia del ITF, pues no solo invita a la informalidad (al promover el uso del dinero en efectivo), sino que drena la base tributaria del imporrenta y del IVA. Como decíamos anteriormente, el GN tiene que

“aplicarse” en la tarea de buscarle un sustituto idóneo a un ITF que ya ha completado quince años de serias distorsiones macro-financieras-fisca les y sobre el cual el GN ha venido dando señales erráticas (Ley 1694 de 2013 vs. Ley 1430 de 2010).

Resulta preocupante que ya algunos funcionarios públicos y analistas independientes estén hablando de que este impuesto no resultaría tan negativo si se opta por niveles de “solo” el “2x1000”. Lo que estos “defensores” del ITF no han analizado es que desde su adopción la relación efectivo/M1 ha pasado del 30% al 50%, drenando seriamente la efectividad del resto de la tributación nacional, amén de los problemas de exclusión financiera.

En este sentido, Anif considera que la eliminación total del ITF es fundamental para retomar la eficiencia de la tributación general en Colombia y lograr avances significativos en la inclusión financiera. Esto implica que los recaudos del ITF (cerca del 0.6% del PIB) deberán sustituirse por tributos del imporrenta y del IVA, mejorando su base y, en el caso del IVA, elevando su tasa general del 16% hacia del 17%-18%. Solo de esta manera las medidas regulatorias que buscan mejorar la inclusión financiera podrían tener éxito.

Por: SERGIO CLAVIJO VERGARA

Especial para Diario del Huila

* Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Este análisis contó con el apoyo de Álvaro José Parga Cruz, del equipo de investigaciones de Anif.