El saldo de la deuda con el campo es del sector público, privado y la academia

El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, nombró ayer al primer director de la recién creada Agencia Nacional de Tierras, el abogado y político bogotano Miguel Samper Strouss, hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano. Una de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo fue la liquidación del Incoder y la creación de cuatro entidades. 

Si se quisiera dar una definición breve y general de lo que es la Misión para la Transformación del Campo, esta sería “cerrar las brechas existentes entre la población urbana y rural tomando como punto de partida tres ideas fuerza: enfoque territorial participativo, inclusión social y productiva, y provisión de bienes públicos”, como aseguró recientemente José Antonio Ocampo Gaviria, director de la Misión, en un foro organizado por la Universidad de La Salle y la SAC. 

Como integrante del Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, no solo compartió la posición de Ocampo Gaviria, sino que rescató la implementación parcial de algunas recomendaciones a la fecha, por ejemplo, la nueva institucionalidad para el sector rural que dejó como resultado la liquidación del Incoder y la creación de tres agencias que se someterán a la ejecución de la política del Ministerio de Agricultura. 

Por eso, en su intervención, el dirigente gremial hizo referencia a que “la nueva institucionalidad debe responder a las necesidades y retos del sector y nosotros debemos respaldarla”. Lo anterior, en un contexto en el que urge de una Política Agraria de Estado consecuente y eficaz para sacarle provecho a un sector altamente prometedor “como una de las despensas mundiales de alimentos”.

En ese sentido, se requiere: acceso a bienes públicos, una tributación que invite a la inversión, una política comercial clara, que estimule las exportaciones que están estancadas –solo han crecido 4% en los últimos 15 años- y sustituya importaciones; además de seguridad jurídica, tema en el que se centró el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en el marco del evento.

Ley de tierras, politizada

“Solo el 10% de la propiedad en Colombia, realmente tiene problemas graves de titulación. Para dar tranquilidad, la tierra privada no se está negociando en La Habana”. Vélez agregó que en Colombia se requiere un gran acuerdo para una ley general de tierras y desarrollo rural. Ha habido mucha politización del tema, cuando la pregunta de fondo debe ser, ¿cómo vamos a ser productivos en Colombia?

En el conversatorio “Actores sociales y productivos de cara al desarrollo rural”, se reafirmó que el debate del foro: el informe sobre Misión Rural, estaba abierto a todas las opiniones. Las FARC, a través de su vocero Pablo Catatumbo, envío un video saludando a los asistentes y organizadores del evento con un discurso que resaltó la necesidad de establecer una política agraria sostenible.

El Hno. Carlos Restrepo, rector de la Universidad de La Salle, como moderador, invitó a construir  la transformación del campo colombiano en acciones que no dependan del Gobierno Nacional. En ese sentido, el presidente de la compañía Aliar -socio principal de proyectos La Fazenda- Jaime Liévano, destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo del sector y agregó que habían logrado lo más difícil: que los indígenas sembraran en Puerto Gaitán (Meta). Y es que se ha hablado de replicar el modelo La Fazenda en las Zidres, a las que respalda el empresario, y otras regiones de alto potencial.

El director ejecutivo de Corpoica, Juan Lucas Restrepo, estuvo en el mismo conversatorio y señaló que la actividad agropecuaria hoy en día es menos competitiva y por ende, menos rentable. “Hay que recorrer la ruta que plantea el informe de la Misión para la Transformación del Campo”, advirtió. 

Arrancaría Misión Logística

En la tarde, el evento inició con la conferencia del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria: el informe sobre la Misión Rural frente al Plan Nacional de Desarrollo. En su intervención explicó que después de Misión Rural se suma un nuevo reto: la Misión Logística. En esta, las vías de tercera generación serán protagonistas porque “está demostrado que donde existen estas vías, se supera la pobreza rural”.

En su exposición, Gaviria criticó la forma en la que se ejecutan los proyectos en el país, pues “se cree que quien más gasta, más está haciendo”, cuando en ocasiones hay más presión por ejecutar un presupuesto en un determinado periodo de tiempo, que llevarlos a feliz término.

“El país político frente a la Misión Rural”, fue un tema al que se dedicaron los representantes a la Cámara David Barguil, Ángela María Robledo y Rubén Darío Molano; y la senadora Maritza Martínez, bajo la modelación del consultor experto Santiago Tobón.

En este espacio se hizo alusión a la importancia de la mujer rural; el presupuesto que exige la Misión Rural y de su pertinencia; la necesidad de coordinar las propuestas entre el Ministerio de Agricultura con otros Ministerios; los retos que tiene el Congreso, pues con o sin acuerdo de paz se deben hacer reformas en el sector; además de la “falta de un reconocimiento del campo como un sector estratégico para el crecimiento económico y reducción de la desigualdad”.

El certamen académico cerró con la visita del viceministro de Asuntos Agropecuarios,  Juan Pablo Pineda, quien indicó que  las recomendaciones de la Misión Rural  “seguirán siendo importantes en la construcción de políticas públicas para el campo” y destacó que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha solicitado implementar muchas de las recomendaciones de la Misión antes de dejar la cartera.

Así mismo, planteó tres puntos necesarios para el desarrollo rural: inclusión social con enfoque en derechos: empleo, acceso a servicios financieros, entre otros aspectos; sostenibilidad ambiental: “es un reto muy grande porque este es el sector que genera más impacto en huella de carbón”; y reforma institucional, sobre lo cual aclaró que ya no va a ser necesario pedir facultades extraordinarias.

Propuestas de la Misión Rural están estimadas en $13 billones anuales

El 3 de diciembre de 2015, la Misión para la Transformación del Campo, dirigida por José Antonio Ocampo, entregó al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el paquete de propuestas para saldar la deuda histórica del país con la ruralidad colombiana y hacer un aporte decisivo a la construcción de la paz.

Las sugerencias buscan convertir al campo, en un periodo de 15 años, en un espacio generador de bienestar, moderno, competitivo y respetuoso de la diversidad territorial y de los recursos naturales.

En inclusión social la Misión propuso como los dos programas prioritarios de corto plazo la eliminación de la desnutrición en el campo y una campaña de Analfabetismo cero. Propone crear direcciones permanentes y especializadas en los ministerios de Educación y Salud para el diseño de una política rural adecuada y diferenciada que se adapte a las particularidades del campo. En educación, sugiere invertir en modelos flexibles con contenido pertinente y de calidad que faciliten la inclusión productiva e incentiven la creatividad y la innovación, tanto en niños como en jóvenes, entre otros.

En inclusión productiva, la Misión sugirió fortalecer la agricultura familiar y generar nuevas oportunidades de empleo no agropecuario a través de inversión pública en activos productivos, generación de capacidades y promoción de la asociatividad. El énfasis deberá recaer en el acceso a la tierra en cantidad y calidad suficientes, la acumulación de activos productivos como maquinaria e insumos y la provisión de un servicio de acompañamiento integral que vaya mucho más allá de la asistencia técnica, acercando así a los productores a las nuevas tecnologías y a las buenas prácticas agrícolas y empresariales.

En competitividad agropecuaria, la Misión hizo énfasis en la necesidad de invertir más en servicios y bienes públicos para el desarrollo productivo y menos en apoyos directos que respondan a situaciones coyunturales. Los bienes y servicios públicos prioritarios serán ciencia, tecnología e innovación, un gran salto en la cantidad y calidad de las vías terciarias, infraestructura de riego y regulación de corrientes de agua, sanidad agropecuaria e información. Igualmente importante es concentrar el crédito de Finagro en el acceso de los pequeños agricultores y en el fomento a la inversión de todos los productores, apoyados en este último caso en mayores recursos del incentivo a la capitalización rural, y cambios sustanciales en instrumentos existentes para ampliar y mejorar el uso de seguros agropecuarios.

La sostenibilidad ambiental ocupa un lugar importante dentro del paquete de recomendaciones de la Misión. Recuperar y proteger los servicios ecosistémicos del agua y el suelo, enfrentar el cambio y la variabilidad climática y aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural para el desarrollo rural, son las tres prioridades.

En ordenamiento y desarrollo territorial, la Misión presentó propuestas en cuatro líneas: ordenamiento ambiental, social y productivo; convergencia regional y cierre de brechas rural-urbanas; desarrollo rural con enfoque territorial; y consolidación de la asociatividad territorial.

En ajuste a la institucionalidad, la Misión hizo varias recomendaciones. Invitó al Ministerio de Agricultura a retomar su papel de rector de la política agropecuaria y de desarrollo rural. Propuso la liquidación del Incoder y la creación de cuatro entidades: i) una Agencia Nacional de Tierras; ii) un Fondo de Desarrollo Rural; iii) una Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias y Agroindustriales; y iv) una Unidad Administrativa Especial de Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral.

La Misión estimó el costo de sus propuestas en $13 billones de pesos por año en el período 2016-2030, lo que equivale al 1,2% del PIB, de los cuales $8,1 billones, equivalentes al 0,7% del PIB, serían gastos nuevos y el resto sería financiado con la reasignación de recursos existentes.

La mayoría de los recursos nuevos están asociados con los gastos requeridos en inclusión social (29%), vías terciarias (22%) y Ciencia, Tecnología, Innovación (16%), incluyendo este último caso el servicio de asistencia técnica directa y acompañamiento integral a los agricultores familiares.

“Los recursos deberán quedar asegurados mediante la asignación de rentas con destinación específica o con una norma que establezca que una proporción mínima del presupuesto deberá ser destinada al plan decenal de inversiones en el mundo rural”, indica el informe final de la Misión Rural.

Presidente Santos nombró al director de la Agencia Nacional de Tierras

El presidente Juan Manuel Santos nombró ayer a nuevos viceministros de Relaciones Políticas, Cultura e Infraestructura. Además, anunció a los directores de la Agencia Nacional de Tierras, el Invima, el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al igual que al presidente de Coljuegos.

Una de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo fue la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la creación de cuatro entidades: la Agencia Nacional de Tierras, el Fondo de Desarrollo Rural, la Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias y Agroindustriales y la Unidad Administrativa Especial de Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral.

El mandatario anunció que el director de la recién creada Agencia Nacional de Tierras es el hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano: Miguel Samper Strouss (1983), un abogado y político nacido en Bogotá.

Según el perfil publicado en la Presidencia de la República, Samper Strouss fue viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, viceministro de Promoción de la Justicia, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia y director ejecutivo de la Corporación ‘Vivamos Humanos’.

De acuerdo con las características descritas por la Misión para la Transformación del Campo, la Agencia Nacional de Tierras tendrá a su cargo el proceso de formalización, la política redistributiva del Fondo de Tierras y la administración de tierras del Estado.