Doble Anís, la historia de un fracaso industrial

Sobre cerrado y concesión integral. Esos son los dos aspectos que tienen enfrentados a la Industria de Licores Global S. A. (Licorsa) y a Zarama & Asociados, consultores del Departamento en el proceso licitatorio del Aguardiente Doble Anís. Así se evidenció ayer durante el foro de licores que esta casa editorial, con el apoyo de otros medios de comunicación, llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Neiva.

Durante el evento, que contó con la participación de DIARIO DEL HUILA, HJ doble K, Alpavisión y DH Radio, uno de los interesados en el proceso, Orlando Rojas Bustos, representante legal de Licorsa, tuvo el tiempo suficiente para desarrollar sus denuncias en cuanto a las debilidades de los otros proponentes en viabilidad y cumplimiento de sus compromisos contractuales, además de los reparos en los pliegos de condiciones (uno publicado en noviembre y el otro en diciembre).

Este medio de comunicación accedió a dos (primero y último) de los tres estudios que hay en el momento sobre el Doble Anís: el primero, de corte jurídico, elaborado por Zarama & Asociados Consultores S.A. denominado “Evaluación de la explotación del monopolio de licores en el departamento del Huila” y en donde los consultores fueron Fernando Zarama, Magda Montaña y Jimena Díaz; el segundo, contratado por el gobierno de Luis Jorge Sánchez García con la firma CICO (Centro de Investigación del Consumidor Ltda.) enfocada más al mercado de licores en la región y de la que quedó como informe una presentación en Power Point; y el más reciente contratada por Cielo González Villa con Fedesarrollo intitulada “Análisis del funcionamiento del monopolio de los licores en el Huila y diseño de una propuesta para mejorar su gestión” (diciembre de 2012).

Liquidación de la licorera

Según Zarama (2007) desde que, mediante ordenanza 013 de 1996, se liquidó la Industria Licorera del Huila, por la gran pérdida generada en su operación, el Departamento entregó la explotación del monopolio y de su marca Doble Anís a la empresa privada Industria de Licores Global S.A. (Licorsa), a través del contrato de concesión 001 de 1997, en el cual el concesionario se “obliga para con el Departamento a efectuar por el sistema de concesión la producción y venta de los licores destilados anisados de los que es titular en régimen de monopolio el Departamento del Huila…”. En este contrato se fijaba una cuota mínima de producción y ventas de dos millones de botellas por año.

Vale la pena recordar que el estudio de Fedesarrollo precisa que al momento de la liquidación, la licorera registró una pérdida del ejercicio de $813’205.791, en el periodo comprendido entre enero y julio de 1997. De hecho, con la liquidación de la licorera departamental no cesaron nuevos costos para el Huila. Actualmente, el Departamento tiene 14 procesos vigentes en su contra, los cuales corresponden a demandas de exdirectivos sindicales por conceptos de reintegro y reconocimiento y pago de reajustes salariales, principalmente.

“Entre enero de 1998 y octubre de 2012 el monto de pagos efectuados a exdirectivos del sindicato de la Licorera del Huila asciende a $1605 millones. Adicionalmente, al momento de liquidación de la licorera existían ya 43 demandas laborales y otras dos por conceptos distintos. Además, la Licorera del Huila debía asumir los cerca de $35 millones que costaba la nómina pensional cada mes”, agrega el centro de estudios económicos. Por esa razón todos los expertos que han sido contratados afirman que no sería conveniente una reapertura de la Industria Licorera del Huila.

Tiempo de Licorsa

Fedesarrollo, basado en los estudios previos de la Secretaría de Hacienda, indicó que el contrato con Licorsa fue pactado bajo las condiciones y reglas de juego acordes con la normatividad de la época, para que se produjera en las instalaciones y maquinaria de la extinta Industria Licorera del Huila. En el contrato se fijó un término de duración de 10 años con las siguientes condiciones económicas consistentes en: a) el pago de una utilidad ofrecida por la venta, valor de utilidad para el primer año de ejecución del contrato en $350 por botella de 750 c. c., valor que se incrementaría anualmente con el IPC, y que para diciembre 31 de 2007, fecha de finalización del contrato, fue de $694 por botella de 750 c. c. (a precios de 2012 representaría $862); b) una participación porcentual y/o impuesto al consumo; c) una participación por el uso de las instalaciones, maquinaria y equipos entregados por el Departamento, pactada anualmente y que al igual que la utilidad por la venta, se incrementaría cada año con el IPC (índice de precios al consumidor).

“Además el contrato estableció una cuota mínima de producción y ventas de dos millones de botellas al año, cuota que en el año 2005, y por solicitud motivada del concesionario, la administración departamental la redujo en un 15% a la inicialmente pactada, pasando de 2 millones a 1,7 millones de unidades de aguardiente Doble Anís, convertidas a 750 c. c.”, expresa el estudio de la entidad.

Sin embargo, Zarama advierte que el contrato de concesión contemplaba la explotación de los licores anisados, que se hace desarrollando las marcas de los aguardientes Doble Anís y Doble Anís Premium, una versión baja en azúcar que fue creada por Licorsa (cuya fórmula y marca, según explicaciones dadas por Licorsa, fueron registradas a nombre del Departamento).

“No se contempla la utilidad por la explotación de ninguna marca de ron o de aperitivo. Por ello, el Ron San Agustín y el Aperitivo Licoretto, cuyas fichas técnicas y marcas son propiedad del concesionario, han sido explotados por el mismo, sin reportar ninguna utilidad del negocio para el Departamento, solamente generan participación porcentual”, agrega la firma.

Anota Zarama que el concesionario no contaba con un estudio técnico de mercado en el departamento y que la comercialización se realizaba por demanda, a través de cuatro vendedores. Además, la publicidad y promoción no tenían una dirección técnica.

El trabajo realizado por Fernando Zarama revela que según la información obtenida con la concesionaria, la misma produce en tres meses el total de la cuota mínima, “contratando 30 empleados por medio de una cooperativa de trabajo asociado. Durante los otros nueve meses del año, la concesión cuenta con cuatro empleados que se encargan de la comercialización del producto en el departamento”.

Vinculado económico

Fedesarrollo plantea que dos de los aspectos polémicos de la concesión anterior fueron la producción del Ron San Agustín y Licoretto y la constitución de un vinculado económico para “comprar” grandes volúmenes de Doble Anís y así cumplir "formalmente” con la cuota anual del contrato.

Para sustentar esto, cita parte de los estudios previos publicados en 2011 por el gobierno de Luis Jorge Pajarito Sánchez García. “Dentro de las actividades realizadas por el contratista, fue la institucionalización de una figura de vinculados económicos, sin autorización del Departamento, con la consecuencia de tener volúmenes de inventarios que alteraron las condiciones del mercado del Aguardiente Doble Anís durante la ejecución del contrato, la distorsión por la simulación del cumplimiento de la cuota mínima de ventas, es decir, la consecuente simulación de los eventos relacionados con la producción y venta de la cuota mínima, y de otra, mantener unos stock de mercancías, que de alguna manera presionaban, ante la eventualidad contractual de la prórroga del mismo, la continuidad del contrato, en las condiciones establecidas para la época”.

Más adelante dice que había un “afán desmedido del contratista de posicionar unas marcas producidas como de su propiedad, a espaldas del contrato de concesión, y como coequiperos del Aguardiente Doble Anís, producto del monopolio, y obligado por el mismo contrato a su posicionamiento dentro del mercado en el territorio departamental, situación que alteró la cuota establecida”.

Por su parte, Zarama explica que en una entrevista realizada al concesionario, reconoció que para cumplir las cuotas anuales cada año al final del mes de diciembre vendía a la empresa Dimer Ltda. las unidades faltantes.

¿Pérdida para el Departamento?

Dimer Ltda. fue hecha por los socios de Licorsa para vender y comercializar a través de ella lo que no vendía directamente el concesionario, como una estrategia para cumplir con la “formalidad2 de los compromisos de ventas y generando un stock de producción represada que se vendía en los años siguientes afectando las ventas de los mismos.

“La sociedad Dimer Ltda. según su certificado de existencia y representación legal, con fecha del 19 de julio del presente [2007], registra como gerente al señor Aldemar Rojas Bustos y como gerente suplente a la señora Beatriz Rojas Bustos. Por su parte, la concesionaria, Industria de Licores Global S.a., también en certificado de existencia y representación legal, con fecha del 15 de agosto del presente, certifica como miembro principal de su junta directiva al señor Orlando Rojas Bustos y como suplente en la junta directiva al señor Aldemar Rojas Bustos, entre otros. Hecho este que evidencia que las dos firmas, productora y comercializadora, pertenecen en su parte administrativa y directiva a la misma persona”, agrega Zarama.

Y anota que al finalizar el contrato de concesión el 31 de diciembre de 2007, se evidencia que venderían a la empresa Dimer Ltda. 700.000 unidades, “como una estrategia para cumplir con la formalidad de los compromisos de venta, y generando un stock de producción represada que se venderá en los años siguientes y afectando las ventas de los mismos”.

Fedesarrollo sostiene que durante los últimos tres años de vigencia de la concesión, la cuota mínima de producción y venta de Doble Anís se redujo a 1,7 millones de unidades de 750 c. c., lo que a su vez redujo los ingresos tributarios del Departamento. Cabe resaltar que las ventas efectivas de aguardiente durante varios años de la concesión fueron menores a la cuota mínima pactada.

Para cumplir con las cuotas pactadas en el contrato “la empresa privada creó una filial (Dimet Ltda.), a la cual le vendía los excedentes de la producción. La Contraloría Departamental del Huila (2010) calcula que esta disminución en la cuota mínima de producción y ventas tuvo un costo para el departamento de cerca de $6000 millones en total para las tres vigencias”, dice el centro de estudios económicos.