Afectados por El Quimbo recibirán tierras por parte del Incoder

Rey Ariel Borbón Ardila, gerente general de la entidad, dialogó también sobre el informe de la Contraloría General de la República que cuestionó la política de dotación y legalización de tierras a las comunidades indígenas y negras durante los años 2011, 2012 y 2013. EXCLUSIVO.

¿Cuál fue el compromiso del Gobierno Nacional para la población vulnerable del proyecto El Quimbo?

El Gobierno Nacional, en el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se comprometió a hacer un trabajo de adecuación de tierras en las áreas de influencia del proyecto. Para esto el Gobierno debía adquirir 2700 hectáreas para la población vulnerable no residente en el área que se iba a hacer la afectación y donde en esas tierras el proyecto hidroeléctrico deberá construir sistemas de adecuación de tierras y riego para esas familias.

¿Ese dinero ya está presupuestado?

De ese compromiso, nuestra administración asignó los recursos del presupuesto del año anterior. Son $20.000 millones para la adquisición de las 2700 hectáreas, ese trabajo va bastante avanzado. Tenemos un inventario de predios que ya fueron evaluados técnicamente, son unos 20 predios  y estamos en ofertas, es decir que se les ha enviado a los propietarios las ofertas que hace el gobierno a partir de los avalúos que se hicieron con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

¿Cuándo tienen planeado que tendrán las tierras ya compradas?

Aspiramos que en este primer semestre estas tierras estén adquiridas y entregadas a las familias campesinas que son alrededor de 212 a las que se va a beneficiar.

Entonces, en el primer semestre de este año deberán estar adquiridas las 2700 hectáreas como compensación para estas familias vulnerables, no residentes del área afectada por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Ese es el compromiso y esta administración está dando cumplimiento cabal a esa obligación que está en la licencia ambiental.

¿Cómo se asegurarán de que Emgesa cumpla con su palabra de adecuar las tierras adquiridas por Incoder?

Reitero que el compromiso de Emgesa es que en estas tierras deben implementarse todos los proyectos de riego y adecuación de tierras para que efectivamente, a partir de esta infraestructura, pueda generarse la actividad productiva. Eso le corresponde exclusivamente a la empresa hidroeléctrica (Emgesa).

Este tema se ha venido socializando en las mesas de seguimiento del proyecto hidroeléctrico que lidera el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte Barrios. De tal manera que los avances van muy bien y esperamos que en el primer semestre tengamos esos predios adquiridos para estas familias campesinas.

Informe de la Contraloría

¿Cuál es su respuesta al informe de la Contraloría General de la República sobre graves deficiencias del Incoder en compra y legalización de tierras para comunidades indígenas y negras?

Es un informe de la Contraloría General de la República en materia de seguimiento a los programas que corresponden a los asuntos étnicos donde tenemos una subgerencia especializada en ese tema. Se hizo una auditoría sobre los recursos que se invirtieron en los años 2011, 2012 y 2013.

¿Qué encontró la Contraloría en esas vigencias?

Efectivamente la Contraloría encontró allí una serie de observaciones que puso de manifiesto y en donde la administración de Incoder tiene que tomar acciones. Frente a esa circunstancia, esta administración en octubre hizo una auditoría interna que nos permitió identificar debilidades y a partir de esa auditoría pusimos en conocimiento de las autoridades, la Fiscalía General de la Nación, algunas fallas e irregularidades que ameritaban investigación.

También este año, a partir de los hallazgos de la Contraloría, también solicitamos investigaciones a ellos mismos, a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se adelanten las investigaciones y se averigüen los responsables de esas fallas que se han venido encontrando en estos programas.

¿Cuáles son los correctivos que han tomado después del llamado de atención del ente de control?

En 2014 nosotros nos dedicamos a ordenar, a organizar, justamente cambiaron algunos procesos, procedimientos y eso se está trabajando con las diferentes mesas y las mismas comunidades indígenas donde hemos adoptado unos cronogramas que nos permitan cumplir a cabalidad temas históricos que hay al interior del Incoder y podemos decir que este año, seguramente, vamos a avanzar de manera importante con estos compromisos, pero son acciones que lamentablemente ocurrieron en esos años, repito, y que esta administración ha adoptado los mecanismos para poderlas atender y solucionar.

Resultado de “Pares”

Esta semana usted estuvo en Neiva y se reunió con el gobernador del Huila y los alcaldes, concretamente, ¿cuáles fueron los compromisos adquiridos?

Esta es una mesa que da continuidad al taller de los Planes de Articulación Regional (Pares) que lideraron el Ministerio de Agricultura y el Incoder en el Huila. En esta mesa hemos concretado dos planes fundamentales: uno de ellos de proyectos productivos donde Incoder pone $5000 millones para varias líneas que ha identificado la Gobernación del Huila y $600 millones para proyectos productivos para familias víctimas.

En relación con el segundo programa que tiene que ver con riego y adecuación de tierras, tenemos identificados $2000 millones para 11 rehabilitaciones de distritos de riego, una segunda línea que son estudios y diseños y la tercera que significa la construcción de nuevos distritos de riego para el departamento del Huila.

¿En qué consiste la línea de construcción de nuevos distritos de riego?

Se parte de un ejercicio de evaluación técnica de 23 proyectos que están sistematizados por la Gobernación y por Incoder. Esa evaluación técnica nos determinará cuáles son los proyectos que hoy día tienen los requisitos, tienen las condiciones para construirlos de manera inmediata.

Ese trabajo se hará durante ocho días, apenas tengamos listas estas viabilizaciones sabremos cuántos son los recursos y cuáles son los proyectos que se ejecutarían en esta alianza entre el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Huila y el Incoder.

Lo que dice la Contraloría

Recientemente la Contraloría General de la República publicó un informe en donde se refirió a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos asignados para la aplicación de la política pública de dotación y legalización de tierras con destino a las comunidades indígenas y negras.

La advertencia la hizo el ente de control al revelar los resultados de una Actuación Especial sobre la política pública de dotación y legalización de tierras, implementación de proyectos productivos y fortalecimiento institucional, social y cultural de las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, a cargo del Incoder.

El informe de la Contraloría evidencia ineficacia en la ejecución de los recursos públicos y ausencia de planeación estratégica en el Incoder, para cumplir con las metas misionales trazadas en su plan de acción, situación que se sustenta en los 37 hallazgos administrativos descritos en el informe, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, 1 de alcance penal y 3 de orden fiscal por un total de $84’573.248.

Destaca el informe que, en la vigencia 2013, el proyecto de inversión "Implementación Programa de Legalización, Adquisición y Adjudicación  de  tierras rurales y desarrollo productivo para comunidades negras, nivel nacional" comprometió $24.010 millones, de los cuales se pagaron el 14% y el 86% restante se trasladó a contratos con el Banco Agrario.

Además, en la ejecución de los pagos en las vigencias 2012 y 2013 se detectó la constitución de cuentas por pagar que superan el 50% del valor de los proyectos de inversión del Incoder, evidenciando pasividad bancaria e ineficacia de los pagos al no cumplir con el principio de anualidad del presupuesto.