Duro golpe de la Fiscalía a organizaciones dedicadas al hurto de celulares
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 36 bienes que, tras ser sellados y afectados con medidas administrativas por su actividad ilegal, seguían al servicio de las redes delincuenciales vinculadas al hurto de equipos móviles. Las diligencias se cumplieron en nueve ciudades de siete departamentos.
La estrategia definida para perseguir a las organizaciones vinculadas a las diferentes actividades ilícitas que auspician el hurto de teléfonos celulares en el país, puso al descubierto el uso de innumerables inmuebles y establecimientos comerciales en los que los equipos reportados llegan, son manipulados y puestos a la venta como artículos libres.
La Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional establecieron que varios de esos bienes fueron afectados durante el último año con dos y tres medidas administrativas, como sellamiento o multas, porque durante diligencias de allanamiento las autoridades se incautaron de celulares robados o con daño informático y equipos utilizados para la alteración de los sistemas de identificación.
El material probatorio indicaría que los propietarios, ocupantes o personas que tomaron en arriendo estos inmuebles y establecimientos desconocieron todas las decisiones en su contra y continuaron con el ejercicio del negocio ilegal.
En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares contra 36 bienes, avaluados en algo más de 8 mil millones de pesos. Las diligencias de ocupación se cumplieron de manera simultánea en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, y en Palmira, Alcalá y Cerrito (Valle del Cauca).
Los inmuebles y locales comerciales quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y así no podrán ser puestos al servicio de las estructuras delincuenciales que compran, modifican y venden teléfonos robados.
Bienes afectados
7 locales comerciales y 29 inmuebles conforman el grupo de bienes afectados con las medidas cautelares.
- 3 Inmuebles en Valle del Cauca ( 1 Cerrito, 1 Palmira, 1 Alcalá)
- 3 Establecimientos de comercio y 3 Inmuebles en Villavicencio (Meta), barrios Centro, Olímpico y El Retiro.
- 10 Inmuebles en Bogotá, localidades de Kennedy y Engativá.
- 1 Establecimientos de comercio y 6 Inmuebles en Manizales (Caldas), barrios Los Agustinos, Galería y Los Cedros.
- 1 Establecimientos de comercio y 1 Inmueble en Neiva (Huila).
- 2 Inmuebles en Pasto (Nariño).
- 2 Establecimientos de comercio y 1 inmueble en Medellín (Antioquia).
- 3 Inmuebles en Santander de Quilichao (Cauca).
Muchos de los bienes afectados eran explotados por los mismos propietarios y otros estaban en manos de terceras personas por medio de contrato de arriendo.
En cualquiera de los dos casos, la Fiscalía determinó que proceden las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo.
