La directora del ICBF explicó que manejan un banco de oferentes con más de 1.500 organizaciones, entre las cuales en febrero se seleccionan a los operadores de los servicios de primera infancia. Se hace una supervisión a los contratos, pero aseveró que quienes tienen el control de ello son los directores regionales del instituto.
Por eso, se lanzó Beto, la plataforma que busca blindar esa contratación, restándole puntos a los operadores que cometen irregularidades para que no puedan volver a contratar con el Estado. “Es para evitar que operadores, que tienen en sus manos el futuro de nuestro país, lleguen a malversar sus recursos, porque es inaceptable lo que está sucediendo”, agregó.
Aseguró que en marzo de este año se depuró esa lista de operadores, quedando un 70% de los oferentes que ya estaban.
