Descubierta red de prostitución en Cartagena

Las autoridades lograron revelar mediante operativos como eran explotadas sexualmente 49 mujeres, entre ellas 23 venezolanas, en una red de prostitución que funcionaba en Cartagena, Bolívar.

Unidades de la Fiscalía, la Armada y Migración Colombia se tomaron los locales Nicolle, Allondra y Chicas Lindas, ubicados en el sector conocido como Bomba El Amparo en la capital de Bolívar, donde se tenía información sobre la presencia de mujeres que eran sometidas a tratos crueles y obligadas a ofrecer servicios sexuales

Los investigadores, al ingresar a los locales, como fachada principal una discoteca y en los sótanos se encontraban las jóvenes mujeres que vivian en un espacio de menos de 30 metros. Mismo espacio donde eran obligadas a prostituirse.

El fiscal delegado contra la Violencia de Niños y Niñas del ente acusador, Mario Gómez, informó que por cada cliente, la red les quitaba a las mujeres un porcentaje y luego les seguían descontando gastos de hospedaje, alimentación y hasta supuestos costos de viajes por concepto de plata que les habrían prestado para que viajaran desde Venezuela hasta Cartagena.

Los proxenetas les impusieron a las mujeres ciertas normas que debían seguir para no imponerles multas económicas. Entre estas reglas exigían un número de clientes que ellas debían atender a diario, o solo podían salir acompañadas del lugar, al igual que abstenerse de contactar a sus seres queridos.

“Al final del día, al hacer las cuentas, en muchos casos ni siquiera alcanzaban a pagar por los gastos que les cobraban los miembros de la organización ilegal”, indicó una fuente oficial. Incluso, dicen investigadores, les habían quitado sus documentos de identidad, controlaban sus comunicaciones y vigilaban sus movimientos al salir de los locales, pues uno de los integrantes de la red que las explotaba las acompañaba de forma permanente.

Los reclutadores en Colombia y Venezuela les ofrecían a sus víctimas oportunidades laborales que después se convertiría en una oferta de prostitución obligada. Al llegar al sitio eran maltratadas y les recordaban lo que le debían a la organización. Si se negaban a prostituirse, tendrían que pagar primero la deuda. Al no tener dinero, no les quedaba otra opción.

“El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituye causal de exoneración de la responsabilidad penal”, declaró el fiscal Gómez al indicar que aunque en el sitio no se encontraron menores de edad, sí se configuran delitos, pues ellas se encontraban obligadas y bajo permanente presión y amenaza.

La Fiscalía se dedica ahora al proceso de judicialización de los integrantes de la red, quienes cumplían diferentes objetivos dentro de la organización, desde los reclutadores que las explotaban en el sitio y tendrían que responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cargos por el cual podrían pagar penas de hasta 23 años de cárcel.

Las ciudadanas venezolanas quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos establecidos en la ley.