Debate por uso del glifosato de cara al país

En el marco de la audiencia convocada ayer por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato, los interventores enfrentaron tesis en torno a los efectos en la salud humana, esto es como factor cancerígeno, y en el medio ambiente, así como sobre los costos en dólares y la poca o mucha efectividad.

Lo que se evidenció en el marco del debate es que no hay estudios concluyentes en torno a que el glifosato causa cáncer.

El ministro de salud del anterior gobierno, Alejandro Gaviria defendió con ahinco la tesis del cáncer y además señaló que aumenta la mortalidad infantil y genera problemas respiratorios y dermatológicos.

Gaviria advirtió: “Si la salud es un derecho fundamental, el Estado no puede vulnerarlo de manera deliberada. En el caso del glifosato debe revisarse el principio de precaución. Éste es un examen técnico”.

Citó el caso de Brasil, donde se estudia la afectación de la población infantil y puntualizó: El glifosato, al contaminar el agua, incrementa la mortalidad infantil”.

 “Para el caso de Colombia, agregó, a mayor número de áreas asperjadas, mayor número de consultas por enfermedades de piel y abortos espontáneos”.

El exministro de salud Alejandro Gaviria, aclaró, de paso, el punto que no pudieron concretar los ministros del actual gobierno, diciendo:

 “Una hectárea fumigada exitosamente cuesta aproximadamente 70 mil dólares”.

Además indicó que para asperjar una hectárea, “deben afectarse 30 hectáreas más y no se garantiza la no resiembra”

Quien defendió con vehemencia el uso del glifosato fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

Abiertamente sostuvo: “No hay una evidencia científica concluyente de afectación a la salud del glifosato”

Recordó que en 2016, estudios de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, establecieron que era “improbable” que el glifosato fuera genotóxico, esto es, que pueda unirse al ADN y afectarlo.

Igualmente dijo que un estudio de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), el cual se basó la Corte para prohibir su uso, incluyó otros productos en la misma categoría de riesgo que este herbicida, como son las carnes rojas y el aceite reutilizado de cocina.

A su turno, Christopher Portier, profesor de la U de Queensland, precisó: “En 2013 hay un estudio que revisa diferentes tumores hallados en los ratones. Hay un linfoma hallado en ratones femeninos. En otro estudio se hallaron tumores de tipos pulmonares que no se habían visto y debían estudiarse.”

Y agregó: “Últimos estudios mostraron incrementos en los posibles tumores (35). Esto es importante para determinar cuáles tumores están asociados al glifosato y cuáles son espontáneos”.

Por su parte, Keith Solomon, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la U de Guelph, señaló: “La toxicología revalúa aspectos relacionados con el glifosato. Todas las agencias de Canadá, Europa y Estados Unidos han descartado la relación entre el glifosato y el cáncer”.

De otro lado, el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, notificó: “En el Departamento de Nariño no estamos de acuerdo con la fumigación con glifosato. Sería desatar una crisis humanitaria. No se trata de un problema de criminalidad y narcotrafico sino de un problema social”.

Romero Galeano habló, además, sobre los elevados volúmenes de glifosato que se deben asperjar en su jurisdicción para exterminar los cultivos ilpicitos:

 “A los dos Magistrados de nuestra región (Nariño), les digo que si el plan es solo utilizar glifosato, tendrían que derramar 3 millones 800 mil litros en nuestro departamento. No estamos de acuerdo con esto”.

La Procuraduría General de la Nación también fijo criterios precisos sobre el tema.

Lo hizo a través del viceprocurador, Juan Carlos Cortes, quien tácitamente rechazó el uso del glifosato, al sostener que la mejor manera de atacar el crecimiento del área sembrada con coca es la sustitución voluntaria, pero acompañada de sólidas y efectivas políticas de desarrollo e inversión social y del ultimátum creíble de la erradicación forzosa.

Empero dijo que la Procuraduría es clara al señalar que los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión área de herbicida sobre cultivos ilícitos, “no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional”.

En todo caso, subrayó, la erradicación forzada es necesaria para el control de crecimiento de los cultivos de coca en el país. La aspersión aérea no la única herramienta, ni la determinante para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos.

Añadió que con la sustitución voluntaria tendremos más desarrollo en los territorios, fuentes de ingreso permanente para las familias, transformación productiva del agro, creación de cadenas de valor más exitosas y medidas de autocontención sostenible.

También sostuvo que en el tema de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos debe prevalecer el enfoque humanista e integral y debemos seguir siendo adalid de la lucha contra la criminalidad transnacional, especialmente contra el narcotráfico.

El Viceprocurador General de la Nación advirtió que “Nariño, Putumayo, Antioquia y Caquetá son las regiones más afectadas por los cultivos ilícitos. También son regiones donde hay más pobreza y ataques a líderes sociales”.

Finalmente indicó: “El glifosato es un mecanismo que debe estar sujeto a dos elementos. El desarrollo social en los territorios y garantía institucional conforme a lo dicho por la Corte en la sentencia T 236 de 2017”.

Posición del gobierno

Para el presidente Iván Duque el crecimiento acelerado de las drogas, amenaza el orden constitucional del país.

 “La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso, en los últimos años, de los cultivos ilícitos, y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional, la protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos”.

 “No nos digamos mentiras: desde el año 2013 al primero de agosto del año 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos. Prácticamente se quintuplicaron los cultivos ilícitos en el país. El ritmo de crecimiento en ese periodo fue del orden del 64 por ciento por año”.

 “Quiere decir esta cifra que esa situación exponencial de crecimiento de los cultivos amenaza seriamente el orden público e inclusive el orden constitucional en las zonas donde se ha presentado esa expansión”.

Llamado a modular la sentencia

 “Mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales”.

 “Este es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia, contundente, implacable, amenazante, diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales, y ese es el pedido que respetuosamente quiero hacerles, señalando que nosotros no renunciamos a ninguna herramienta”.

Posición de Santos

Por su parte el expresidente Juan Manuel Santos, en su discurso explicó porque tomó la decisión de suspender las aspersiones durante su gobierno justificando estudios de la Organización Mundial de la Salud y una sentencia de la propia Corte Constitucional.

Insiste en que el glifosato no es la mejor opción dado que por ley está prohibido fumigar en fronteras y parques nacionales y allí es donde se concentra casi el 40% de las hectáreas de coca sembradas.

En medio de sus reflexiones afirma que la solución más efectiva es que los estados manejen y controlen las rentas del negocio de las drogas al tiempo de que se le dé un trato humanista y de salud pública al problema de las adicciones.