De esta manera, con una votación de siete magistrados a favor y dos salvamentos parciales de voto, la Corte declaró ajustado el artículo uno de la ley 1918 de 2018, "en el entendido de que la duración de la pena accesoria referida en la mencionada disposición, deberá sujetarse a los límites temporales que para dichas condenas establece el Código Penal".
Lo anterior, se da con la condición de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no establezca las condiciones para la inhabilidad de los condenados por delitos sexuales.
Es decir que esas condiciones las deberá reglamentar o difinir el Congreso de la República; en otras palabras, es el Parlamento el que debe definir los cargos, oficios o profesiones que entran en esas inhabilidades en razón a que tienen relación directa o habitual con menores de edad.
“La competencia a la que se refiere el apartado final no la ejercerá el ICBF sino el Congreso de la República", dijo la Corte.
La Sala advirtió que: "hasta tanto el Congreso no regule la materia, la disposición no podrá ser aplicada".
Lo que hizo la Corte fue estudiar una demanda que decía que esas inhabilidades podrían atentar contra: “las expectativas de vida de los condenados en relación con un empleo", y en consecuencia limitaba, "su posibilidad de reintegrarse nuevamente a la vida en sociedad”.
