Corte avala participación de las FARC en el Congreso

La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la norma relacionada con el tránsito de las FARC a la vida política legal y su participación activa en el Congreso de la República para la implementación de los acuerdos.

Con una votación de 5 a 2, los magistrados determinaron que la ley cumplió con los requerimientos exigidos en su trámite y tiene relación con la necesidad tras la implementación de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las FARC.

Dentro de la Ley se advierte que habrá participación de 3 voceros de las FARC en la Cámara de Representantes y 3 voceros en el Senado de la República con el objetivo de que hagan parte en el debate “de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz de que trata el acto legislativo 01 de 2016”.

Este decreto, el 1830 del 6 de marzo del 2017, estableció que "la agrupación política de ciudadanos en ejercicio que se constituya con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal" podrá designar a tres voceros en cada cámara del Congreso.

El decreto dice que podrán participar "en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados" mediante el fast track.

Los voceros deben ser ciudadanos en ejercicio, y deben ser convocados a todas las sesiones en que se discutan los proyectos de ley que le darán vida a los acuerdos de paz.

El decreto dice que "podrán intervenir con las mismas facultades que tienen los congresistas durante el trámite legislativo, salvo el voto y cumplirán a cabalidad con el reglamento del Congreso".

Los recursos para su trabajo y funcionamiento deben ser garantizados por el Gobierno.

El decreto avalado por la Corte también estableció que el presidente de la Mesa Nacional de Víctimas será invitado a todas las sesiones en las que se discutan proyectos relacionados con los derechos de las víctimas.

Lo que trascendió es que la norma transitoria que modificó el reglamento del Congreso para avalar la participación de estos voceros debe quedar como está en aras de garantizar la participación en política de quienes se han comprometido a dejar las armas.

En este caso la Procuraduría también había enviado su concepto favorable para que dicha norma fuera avalada por la Corte al encontrarse ajustada a la Constitución y cumplir con la consecución de una paz estable y duradera.

“La disposición no entrega derechos políticos a quienes los tienen suspendidos, ya que la norma es suficientemente diáfana en afirmar que la agrupación política que designe a los voceros, y los voceros mismos, deberán gozar de sus plenos derechos civiles en ejercicio”, señalaba el concepto del procurador Fernando Carrillo.