Continúan las transgresiones en Nicaragua
En el discurso sobre los países con mandato de la Oficina de Derechos Humanos, Bachelet aseguró que desde su informe de septiembre pasado han continuado las violaciones de las garantías fundamentales en un marco político y social “extremadamente complejo”.
Pese a que el Gobierno ha mantenido entre sus prioridades el gasto social, la economía se contrajo casi un 6% y la inflación y el desempleo han aumentado, lo que provocó que para el fin de 2019 más de 98.000 nicaragüenses hubieran salido del país sin condiciones para un regreso seguro. Entre las personas que retornaron, muchas recibieron amenazas y acoso, además de que siete fueron detenidas arbitrariamente.
Bachelet detalló que su Oficina ha entrevistado a unas 400 personas que han sido víctimas o testigos de violaciones de las garantías básicas y reportó que las organizaciones que reclaman justicia, verdad y reparación siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones.
“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos pro gubernamentales los atacaron violentamente”, abundó.
Reconoció, por otra parte, la excarcelación con medidas alternativas de 91 personas, pero aclaró que al 13 de febrero 61 nicaragüenses seguían presos por causas relacionadas con las protestas de 2018.
Bachelet instó a las autoridades a liberar a las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar la integridad de los activistas de derechos humanos, así como a respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión.
“Reitero mi llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”, puntualizó.
