Consejo Gremial rechazó violencia y bloqueos en la vía Panamericana

Continúan los bloqueos en la vía Panamericana como acto de protesta de parte de población indígena y campesina. Los manifestantes aseguran que el gobierno ha incumplido pactos acordados en diversos aspectos, entre ellos, defensa de la vida, territorio, democracia, justicia y paz. Según cálculos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) este sector ha dejado de recibir $190 millones diarios por esta situación, afectando así el comercio interno y exportaciones.

Producto de la manifestación, se han reportado actos de violencia protagonizados tanto por el gobierno como por los manifestantes. En primer lugar, se denuncia en redes sociales arremetidas protagonizadas por el Esmad, por ejemplo, un ataque realizado a dos kilómetros de la vía en un campamento donde se encontraban parte de los campesinos e indígenas que integran este movimiento.

Campesinos en la vereda el Cairo, en Cajibio Cauca, denuncian agresión violenta de unidades del Esmad, que atacaron esta mañana campamento de la Minga social.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo denunció el pasado 16 de marzo un ataque con artefacto explosivo, protagonizado por los manifestantes, al carro de ayuda humanitaria destinado a este lugar. 

Al respecto, el Consejo Gremial Nacional (CGN), foro que reúne a parte de los principales representantes de los sectores industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial, manifestó su rechazo a los hechos. “Esto ha generado afectación a la población civil, la fuerza pública y la misión humanitaria de verificación de la Defensoría del Pueblo”.

Para el CGN, los principales afectados son los habitantes de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, a quienes se ha mitigado el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Para esta entidad es inaceptable que el gobierno acepte estos actos como presión para que las comunidades tramiten sus solicitudes, a la vez que llamó a quienes lideran la movilización a “respetar el derecho a la salud, alimentación y movilidad de miles de colombianos”.