Conmoción en El Agrado por captura de alcaldesa y alcalde electo

El de ayer, no fue un día normal en la historia de El Agrado. La noticia de la captura de la alcaldesa Waldina Losada Vega, corrió como pólvora a lo largo y ancho de la localidad ubicada en el centro del departamento del Huila.

Y es que tras la captura de la mandataria saliente que culmina su periodo este 31 de diciembre, se sumó la captura del concejal y alcalde electo para el período 2020-2023, Carlos Alberto Murcia Méndez, y la concejal Bertilda Ramírez Valderrama. El delito por el cual serán investigados es presunta corrupción electoral.

Murcia Méndez, en las pasadas elecciones consiguió la alcaldía de El Agrado en representación del Partido Conservador y alcanzó una votación de 2.740 votos, superando al candidato de la coalición ‘Juntos Crecemos’, representada por Edson Sánchez España que alcanzó 2.579 votos.

Concejal y alcalde electo, Carlos Alberto Murcia Méndez.

Concejala Bertilda Ramírez Valderrama.

¿Acuerdo político?

De acuerdo con la Fiscalía, cuya Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos establecieron que los capturados habrían pactado un acuerdo político con el fin de que resultara elegido como alcalde Murcia Méndez.

Las evidencias materiales probatorias indican que trasladaron a varias personas no residentes para que inscribieran su cédula en el municipio, también habrían negociado votos a cambio de vinculaciones laborales, y entrega de beneficios por medio de programas de vivienda o proyectos productivos.

También está documentado en el expediente que ofrecieron materiales de construcción, tales como: tejas de zinc, tubos, cemento y filtros para agua a cambio del voto.

Los capturados fueron presentados ante juez de control de garantías de Neiva, para determinar su situación jurídica, hoy continua la audiencia en el Palacio de Justicia. La Fiscalía anunció a través de un comunicado que a los capturados se les imputa cargos por los delitos de:

Concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante.

Cabe recordar que el Código Penal Colombiano establece 16 conductas punibles que son consideradas fraude electoral y que establecen penas que van de los 4 a los 16 años; es decir, el cualquier caso ninguna excarcelable.

Y las practicas más recurrentes en esta materia son la compra de votos, alteración de actas, cambio de sobres, interceptación de urnas, traslado de electores hacia puestos que no corresponden a su domicilio o lugar de asentamiento, cambio de papeletas o tarjetones, alteraciones en los resultados del conteo de votos, utilización de cédulas falsas o correspondientes a personas que no participan o ya han fallecido.