Judicial/ Creado el: 2018-10-20 02:55
Con lágrimas en los ojos, juez envía a la cárcel a funcionarios
Están vinculados al caso que ya tiene tras las rejas a dos exgobernadores de San Andrés.
“No hay derecho a robarse el dinero de nuestra gente, lo digo como Isleño, no como Juez”.
Con estas palabras el juez primero penal mixto, Jair Torres Díaz, anunció esta tarde que envía a prisión a cuatro funcionarios y a dos contratistas vinculados al saqueo a San Andrés, por cerca 120.000 millones de pesos, un caso que ya tienen tras las rejas a los exgobernadores Ronald Housni y Aury Guerrero.
Tras conocer la evidencia de la Fiscalía, el funcionario judicial acogió la solicitud del ente acusador de darles medida de aseguramiento intramural a Zulema Conolly Quin, jefe de la oficina jurídica; Alejandro Lozano Bowie, secretario de infraestructura; Luis Albeiro Urrego Gaviria, supervisor de obras; Elizabel O’neill Newball, supervisora; y a los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua y Sergio Fabián Lever Whittaker.
Para el ente acusador es claro que los sindicados participaron en el direccionamiento de millonarios contratos que favorecieron a un grupo de constructores que había hecho aportes a las campañas de Housni y de Guerrero.
Entre los vinculados está Fernando León Díez y Hernán Moreno, socio de la firma Furel S.A., que también aparecen relacionados con el direccionamiento de contratos en Armenia.
De hecho, Díez ya tiene una condena por ese caso y ahora colabora con la Fiscalía. Fue él quien señaló que junto a Moreno y a un tercer contratista, aportaron cerca de 1.000 millones para cada campaña. A cambio, recibieron contratos cercanos a los 84.000 millones de pesos, algunos de los cuales quedaron a medio camino, como un megacolegio.
Ahora, la Fiscalía rastrea el mismo modelo de contratación en los Santanderes, Chocó y Antioquia, y está pendiente de llamar a interrogatorio a Mauricio Botero, vinculado a Furel y conocido como el 'zar' del aguardiente.
Su nombre fue mencionado en las declaraciones de Díez como uno de los aportantes a campañas.
FUENTE: EL TIEMPO
Con estas palabras el juez primero penal mixto, Jair Torres Díaz, anunció esta tarde que envía a prisión a cuatro funcionarios y a dos contratistas vinculados al saqueo a San Andrés, por cerca 120.000 millones de pesos, un caso que ya tienen tras las rejas a los exgobernadores Ronald Housni y Aury Guerrero.
Tras conocer la evidencia de la Fiscalía, el funcionario judicial acogió la solicitud del ente acusador de darles medida de aseguramiento intramural a Zulema Conolly Quin, jefe de la oficina jurídica; Alejandro Lozano Bowie, secretario de infraestructura; Luis Albeiro Urrego Gaviria, supervisor de obras; Elizabel O’neill Newball, supervisora; y a los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua y Sergio Fabián Lever Whittaker.
Para el ente acusador es claro que los sindicados participaron en el direccionamiento de millonarios contratos que favorecieron a un grupo de constructores que había hecho aportes a las campañas de Housni y de Guerrero.
Entre los vinculados está Fernando León Díez y Hernán Moreno, socio de la firma Furel S.A., que también aparecen relacionados con el direccionamiento de contratos en Armenia.
De hecho, Díez ya tiene una condena por ese caso y ahora colabora con la Fiscalía. Fue él quien señaló que junto a Moreno y a un tercer contratista, aportaron cerca de 1.000 millones para cada campaña. A cambio, recibieron contratos cercanos a los 84.000 millones de pesos, algunos de los cuales quedaron a medio camino, como un megacolegio.
Ahora, la Fiscalía rastrea el mismo modelo de contratación en los Santanderes, Chocó y Antioquia, y está pendiente de llamar a interrogatorio a Mauricio Botero, vinculado a Furel y conocido como el 'zar' del aguardiente.
Su nombre fue mencionado en las declaraciones de Díez como uno de los aportantes a campañas.
FUENTE: EL TIEMPO
