Colombia se ‘rajó’ en Derechos Humanos según informe de la ONU

Decenas de masacres, más de 100 asesinatos a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales.

Aumento del homicidio

La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014.

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia. El informe menciona ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de  grupos criminales, algunos conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP, pero también de autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales.

De igual forma la organización dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de Derechos Humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado.

No hay suficiente protección del Estado

La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales.

“Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, la Oficina observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.

Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia.

Asesinatos a defensores de los Derechos Humanos

Defender los Derechos Humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, asegura el informe.

En 2019, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. “Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, afirma el texto.

Los asesinatos contra defensoras de Derechos Humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.

Además, en 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.

La Oficina saludó el reconocimiento del Presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de Derechos Humanos, sin embargo, personas defensoras que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos.

En septiembre, se documentó “un caso en Bogotá en el que un defensor que participaba en procesos judiciales relacionados con presuntas privaciones arbitrarias de la vida fue amenazado y luego sufrió un robo de información sensible relacionada con esos procesos”, se lee en el informe.

La Oficina resaltó la necesidad de incrementar la implementación de las medidas de protección colectivas para atender los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones, a través de la coordinación de las distintas autoridades para avanzar en la garantía de los derechos humanos.

El acceso a la justicia

“La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos  valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar los casos que ha reportado. En este sentido, se observaron algunos avances en el 55% de los casos ocurridos entre 2016 y 2019. Sin embargo, subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos”.

Según el informe, la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.

“La Fiscalía General de la Nación tiene presencia en casi la mitad de los municipios del país. Sin embargo, continuó enfrentando serios retos para llegar a las zonas rurales, especialmente en Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés, afectando seriamente su capacidad de garantizar el acceso a la justicia para todos. Esta limitada presencia se atribuyó a insuficientes recursos materiales, técnicos y humanos, y especialmente a la falta de medidas de protección adecuadas que permitan a los fiscales e investigadores realizar, de manera segura, su trabajo en zonas rurales”.

 La Oficina también denunció que la excesiva carga laboral de los fiscales también afecta el avance de las investigaciones y el insuficiente número de policía judicial y la tardía respuesta del apoyo pericial exacerbó esta situación.

 Además, observó “la no aplicación, por parte de algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño, de los protocolos de la Fiscalía General de la Nación relacionados con presuntos casos de desaparición forzada, en particular respecto a la inmediata activación del mecanismo de búsqueda urgente”, afirma el reporte.

Uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales

El informe denuncia que, durante las protestas sociales en el 2019, algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, ya la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del Escuadrón.

En el documento se menciona  una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12, cargado con munición del tipo beanbag. Algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales”.

Gobierno rechazó informe

El presidente Iván Duque cuestionó el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el que plantea la posibilidad de que la Policía Nacional dependa del Ministerio del Interior, ante las denuncias por excesos de la Fuerza Pública durante las protestas sociales. 

Además, advierte que el informe contiene apreciaciones que exceden el mandato definido en el acuerdo suscrito entre Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada.

«Recibimos con particular desconcierto las apreciaciones que afectan la legitimidad de la Fuerza Pública, y cuestionan su apego al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario», precisó la viceministra de Exteriores Adriana Mejía Hernández, en su intervención en el Consejo.

Y agregó “Me parece que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior, ese es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana”, dijo.

Frente a las críticas que hizo la Oficina sobre la implementación del acuerdo de paz, el mandatario se mostró preocupado al asegurar que omitió información.

 “Me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay 16”, dijo.

También indicó que no se revisaron los avances en las obras por impuestos y en la formalización de tierras, pero sí se descalificó la labor de las entidades.

Finalmente, el mandatario llamó la atención por el poco despliegue de las afectaciones que generan los grupos armados ilegales.

 “Me parece preocupante que poco se diga sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el ELN, los residuales, el Clan del Golfo, los Pelusos. Y se ha debido destacar el esfuerzo para tener un plan de acción oportuna para enfrentar las amenazas y ataques a líderes sociales”, concluyó.

En Ginebra, Colombia refutará informe

El informe tampoco hace mención alguna al impacto de la migración venezolana en el país, según advierte el Gobierno Nacional. En Ginebra, la Cancillería presentará los grandes desafíos y la respuesta comprometida de Colombia en la atención a los 1,7 millones de venezolanos que se han establecido en nuestro territorio, asunto de interés regional y mundial, y que cobra relevancia por tratarse de los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias.

Aunque el informe reconoce que el 98% de los asesinatos de defensores de DD.HH. ocurren en zonas con presencia de economías ilícitas y del ELN, y solicita incrementar la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de protección adoptados por Colombia, evita expresar censuras contra el ELN y los Grupos Armados Organizados Residuales, y contra sus crueles atentados terroristas contra la población civil, que otras instancias internacionales sí condenan directamente.

La Cancillería también observa con preocupación que la Oficina plantee consideraciones que rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción.

Más grave aún es que el informe presente en varios apartes supuestos casos delictivos o presuntas conductas que exceden estándares internacionales, que la oficina ha “documentado” y que no han sido informados al Gobierno, en los que lo mínimo esperable era una denuncia ante las autoridades competentes. Se encuentran incluso calificaciones sobre la Fuerza Pública y otras valoraciones penales sobre conductas que corresponde conocer a los jueces y que son objeto de investigación judicial.