Colombia registró su peor desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción

Desde el 2012, Colombia no registraba un desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción, de la ONG Transparencia Internacional, tan bajo como el que obtuvo en el 2018. Según señala el Informe Nacional de Competitividad 2019-2020, en el factor de Condiciones Habilitantes, el año inmediatamente anterior presentó un puntaje de 36 sobre 100 y ocupó el puesto 99 entre 180 países.  

Para Transparencia por Colombia, el descenso constituye una situación alarmante. Este documento fue presentado ayer en horas de mañana, en él se analiza el perfil de Colombia en materia de este delito en tres secciones: corrupción en el sector público,  en el sector privado y en la sociedad civil.  Además, expone para cada una de ellas una serie de recomendaciones, algunas de esas que no son nuevas, pero  cuya adopción sigue pendiente. 

El informe se da a conocer cada año y en el correspondiente al 2018, se hicieron 14 recomendaciones. Al cierre de la edición actual, solamente cinco habían sido parcialmente acogidas y están en proceso de implementación. Por ende, la presente versión insiste en nueve, mantiene aquellas en proceso de implementación y agrega cuatro nuevas para un total de 13 a la espera de que se tengan en cuenta. 

En lo público 

En el sector público, el tipo de corrupción más denunciado es la administrativa (73 % del total). Y de esta, el 37 % de los delitos ocurrieron en el ámbito de la contratación pública y un 19 % tiene que ver con la provisión de bienes y servicios. Mientras el 67 % de los procesos de licitación pública en el Secop I contaron con un único proponente, proporción que baja al 13 % en el Secop II. 

Para hacer frente a ese panorama, las tecnologías de la información y las comunicaciones son imprescindibles. No obstante, el 50% de los departamentos en Colombia se encuentra por debajo del promedio nacional en el Índice de Gobierno Digital. De los resultados de ese índice,  llama la atención que los departamentos que concentran los menores puntajes se encuentran en zonas periféricas del país. Además, únicamente la ciudad de Bogotá obtuvo una calificación sobresaliente. 

También en lo privado

La corrupción no es un tema único del sector público. El porcentaje de firmas que ofrecen sobornos en Colombia (15 %) supera el promedio de América Latina (14 %), y, además, llama la atención que el monto requerido para asegurar un contrato en Colombia asciende al 2% del total del valor del contrato, cuatro veces mayor a lo reportado en América Latina, donde se necesita un 0,5 % de la cuantía del contrato. 

Entre los principales tipos de fraude en Colombia, figuran la malversación de activos (58 %), el soborno y la corrupción (31 %) y el cibercrimen (27 %), donde los dos primeros superan lo reportado por las firmas a nivel global.  Y en el 37 % de los casos de fraude interno participaron funcionarios de nivel gerencial medio, un 25 %, por empleados de nivel gerencial junior, y un 24 % corresponde a ejecutivos de nivel gerencial senior. 

Sociedad civil 

Al analizar el fenómeno de la corrupción es indispensable incluir a la sociedad civil como actor fundamental, ya que esta puede llevar a cabo funciones de juez y parte en el desarrollo de esta problemática. No obstante, en Colombia el 50 % de las personas prefiere guardar silencio y no denunciar ante la presencia de actos corruptos. La cultura y las normas sociales están relacionadas con la corrupción. A nivel general, este país al igual que México y Brasil presentaron un bajo desempeño en el Índice de Capital Social y en el indicador de control de la corrupción. 

Resalta finalmente el informe que este delito le resta capacidad al sector público a la hora de emprender funciones clave, lo cual afecta el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas. Señala que el dinero adeudado al Estado por delitos relacionados con corrupción asciende a COP 3,4 billones, lo suficiente para financiar 3.656 proyectos de vías terciarias y 1.504 obras de agua potable y saneamiento básico. 

Por lo anterior, entre las principales recomendaciones se encuentran Disponer los recursos financieros y técnicos suficientes para lograr la implementación total y obligatoria del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) II. 

También, modificar la Ley 38 de 1989 para reformar el proceso de asignación y discusión del presupuesto de inversión regionalizado.  Aprobar un acto legislativo que modifique el sistema de financiamiento de las campañas electorales y aumente la participación estatal en los gastos de las contiendas políticas.  Promover el uso de herramientas computacionales para que las empresas realicen investigaciones de fraude y corrupción.  Adoptar el uso de estructuras de datos inteligentes y criptomonedas para disuadir la corrupción y aumentar la veeduría ciudadana. Y agregar contenido anticorrupción en el componente de ciudadanía de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 

El Informe Nacional de Competitividad es una publicación anual que proporciona información actualizada y pertinente sobre el estado de algunas de las áreas que se consideran críticas para la competitividad del país.

Hace seguimiento a 16 áreas fundamentales para la competitividad del país enmarcadas en los factores de: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de merados, y sofisticación e innovación.  Estas son (1) eficiencia del estado, (2) justicia, (3) corrupción, (4) infraestructura, transporte y logística, (5) energía, (6) economía digital, (7) educación, (8) salud, (9) mercado laboral, (10) pensiones, (11) comercio exterior, (12) sistema tributario, (13) financiación empresarial, (14) ciencia, tecnología e innovación, (15) crecimiento verde y (16) productividad y emprendimiento.