Censo para reubicación de Vegalarga y Anacleto

Vegalarga, que está a una hora de Neiva, y Anacleto García, perteneciente al municipio de Tello, presentan según la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, un peligro inminente por fenómenos de remoción en masa asociados a la inestabilidad de suelos, por estar ubicados en un cañón. Sin embargo, el proceso de posible reubicación ha resultado dispendioso por desacuerdos entre la comunidad y el Departamento.

Según los afectados, las nuevas viviendas que les ofrecen no cumplen con las características similares de las que se verían obligados a abandonar. “Por ejemplo nos piden que nos vayamos a una casa de un piso, cuando la nuestra es de dos. Fue mucho el dinero y trabajo que invertimos para lograr conseguir una vivienda como para que ahora nos la vayan a quitar”, comentó un residente que pidió no revelar su identidad.

En ese sentido, se llevó a cabo una reunión entre entidades oficiales y los habitantes de los corregimientos donde se realizó una socialización de las medidas que se adoptarán a corto plazo y se buscó llegar a un acuerdo.  

La Gobernación Departamental dice haber acatado las recomendaciones del juez y dado mayor claridad a los habitantes de los corregimientos afectados, “sobre la necesidad de ser reubicados y la importancia de realizar el censo, uno de los procedimientos previstos para este propósito”.

Tras la reunión, en la cual participaron diversas instituciones, realizada en el colegio Roberto Durán Alvira, en Vegalarga, los habitantes de estas comunidades conocieron los pormenores del proceso.

Las autoridades  por su parte insistieron en el alto riesgo no mitigable al que están expuestos los residentes en estos dos centros poblados.

Esto se dio acudiendo hasta instancias legales, días atrás,  donde se convocó a una mesa técnica por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva para avanzar en el proceso de reubicación; y de ahí fue que surgió la reunión en mención.

En dicha mesa técnica, se hizo seguimiento a los compromisos adquiridos por las instituciones involucradas durante la pasada audiencia de verificación de pacto de cumplimiento el 25 de mayo de 2018.

“El propósito era fijar unos compromisos y hacer una evaluación del cumplimiento de las instituciones. Hemos contado con el acompañamiento de los líderes de la comunidad que ya han tenido acceso de primera mano el historial del proceso”, dijo Tito Alejandro Rubiano Herrera, Juez Séptimo Administrativo.

Se inicia censo

Ahora bien, una de las conclusiones de la agitada reunión, es dar inicio al censo de los afectados que es uno de los puntos en los cuales difiere la comunidad que a este medio de comunicación han expresado no corresponde a lo que ellos consideran, además de otras reclamaciones.

"El próximo lunes se estará haciendo el censo en Vegalarga, para que esto de pie a la caracterización y a los proyectos que se deben presentar al Ministerio de Vivienda", aseguró Liliana Vásquez Sandoval, secretaria de Gobierno del Huila.

De acuerdo con Vásquez Sandoval, no fue fácil lograr un acuerdo entre la institucionalidad y las personas afectadas.

Y según indicó Tito Alejandro Rubiano Herrera, Juez Séptimo Administrativo de Neiva, esto debe a que "la comunidad está muy predispuesta, ha estado desinformada todo el tiempo; pero, llegamos y generamos la inquietud".  

Ahora bien en lo que respecta al municipio de Neiva, y luego de un estudio realizado por la CAM, se evidenció como zona de alto riesgo el corregimiento de Vegalarga y la vereda Anacleto García.

Según las autoridades municipales a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, están al frente de esta situación y ya están tomando las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo que ponga en  peligro la integridad de los pobladores.

 “Hay una situación de riesgo, la comunidad es consciente y nosotros como  autoridades estamos pendientes y haciéndole seguimiento especial sobre todo al río Fortalecillas y la ladera. Este sábado estaremos haciendo un censo informativo con las familias para saber y conocer su caracterización y cuáles son las que están en riesgo”, explicó Pedro Pablo Tinjacá, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva.

Gobierno dice haber cumplido

A mediados de febrero, durante la audiencia adelantada por el juez que lleva el caso, el Gobierno Departamental manifestó que está dando cumplimiento a los compromisos suscritos ante el ente judicial en abril de 2017.

 “El Juzgado pudo constatar que el Gobierno Departamental ha cumplido a cabalidad con el compromiso presupuestal y que a la fecha las entidades territoriales ya cuentan cada una con esas sumas de dinero”, aseguró Tito Alejandro Rubiano, Juez Séptimo Administrativo Oral de Neiva.

El juez reiteró que los avances que se han logrado tienen que ver porque el Gobierno del Huila ha cumplido con sus obligaciones.

La abogada de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diana Lucía Montes Cabrera, reiteró el apoyo del Departamento, al respaldar todas las mesas técnicas, brindando asesoría a los municipios en compañía de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

 “Para la vigencia 2017 se transfirieron los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres a los Fondos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres de Neiva y Tello”, aseguró la asesora jurídica.

Así mismo, para la vigencia 2018 el Gobierno Departamental tendrá que destinar 500 millones de pesos, para finalizar con el proceso de reubicación de las familias afectadas en los dos centros poblados.

Incumplimientos

No obstante, se sabe de algunos incumplimientos por parte de las alcaldías de Neiva y Tello, como el no avanzar con convenios interinstitucionales para adelantar nuevos estudios geológicos, por entrar en vigencia la Ley de Garantías y el no terminar con el censo de las familias en riesgo.

¿Por qué los AVR?

Desde el año 2000, según relata Jersaín Lamilla, geólogo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, la entidad viene realizando diferentes estudios para analizar estos fenómenos y los posibles riesgos a los que se enfrentan los municipios, ante algunas situaciones.

Desde el año 2015, se contrataron los estudios de amenazas en los cascos urbanos, y desde 2015 se empezaron a desarrollar los estudios de AVR: Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por sus siglas, que buscan determinar a profundidad, cuáles son esas situaciones que podrían dejar lamentables consecuencias para la región.

Dichos estudios técnicos establecen las comunidades que se encuentran en riesgo no mitigable (que deben reubicarse), las comunidades en riesgo mitigable (que necesitan reducir el riesgo con obras de mitigación) y los diseños y los presupuestos de las obras que deben ejecutarse para reducir el riesgo de la población. La intención de la CAM con estos análisis es apoyar a los entes territoriales en la reducción del riesgo desde el conocimiento.

En ese sentido, los estudios que vienen dándose a conocer desde 2016, de acuerdo a la ejecución de las consultorías que han sido contratadas por la corporación, han planteado unas advertencias que desafortunadamente han coincidido con hechos desafortunados que han sucedido en los últimos años.