Avanza estrategia de caracterización de población víctima del conflicto en el Huila

Desde el año 2007, la estrategia de caracterización de población víctima del conflicto en el Huila, ha logrado identificar 9.500 hogares  que equivalen a 27 mil personas residentes en 10 municipios.

El balance de estas acciones en el departamento, fue entregado por Edna Johana Cruz Bonilla directora de la Oficina de Víctimas de la Gobernación del Huila.

De acuerdo con la funcionaria, la primera fase que se llevó a cabo el año pasado, cobijó los municipios más grandes del departamento como Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito;  y otros donde  se tenía registro del mayor número de víctimas.  Actualmente  se lidera la segunda fase que permitirá llegar a  11 municipios nuevos.

“Tenemos la oportunidad  de llegar a Campoalegre, Elías, Hobo, Íquira, Nataga, Oporapa, Paicol, Villavieja, San Agustín, Santa María y Yaguará”, agregó.

Profundizó Cruz Bonilla, informando  que con la segunda fase se pretende  “llegar a otros 10 mil hogares”.  Esta es una obligación que la ley 1448 de 2011 (Ley de victimas)  ha dispuesto a las unidades territoriales a nivel local.

En ese sentido, expresó también que aunque esta es una competencia directa de los municipios y alcaldes, el gobierno departamental  “ha trabajado de manera mancomunada y articulada, para apoyar a los alcaldes en el cumplimento de la obligación, porque no es lo mismo tener como referencia un registro único unificado de que el Huila registra más de 198 mil víctimas, a saber cuáles de ellas realmente están hoy en el departamento, en qué condiciones o si han superado la condición de vulnerabilidad”, aclaró.  

Los municipios que más albergan personas víctimas del conflicto son respectivamente Neiva, que supera las 58 mil víctimas según la Red Nacional de Información; Pitalito, Garzón, Campoalegre, y Algeciras.

“Por eso hay que caracterizar, porque según ese registro, el Huila supera la 198 mil pero no sabemos dónde están, ni sabemos realmente en qué condiciones se encuentran”.  

“Caracterizar no es solamente aplicar una encuesta o hacer un censo.  Es identificar el perfil de nuestra población, determinar  si han sido atendidos por el Estado y los que no, deberán ser priorizados para que reciban atención inmediata”, resaltó.  

Beneficios

Según explicó Edna Johana Cruz Bonilla,  este proceso sirve para identificar o establecer el perfil de la víctima de una manera más detallada.

“No es lo mismo que tener un registro. Si el alcalde necesita ejecutar un proyecto o formular proyectos debe conocer cuáles son las necesidades de la población. Y si solamente tienen el registro de esas víctimas y no saben  por ejemplo si las familias que atenderá ya recibieron proyectos productivos, o su necesidad es vivienda, o si no han sido atendidos con alguna estrategia de reparación psicoemocional, ¿qué pasa? Pues están formulando  proyectos que no atienden directamente esas necesidades  o se está duplicando la oferta”.  

Unidades productivas

El Huila  de acuerdo con la funcionaria es “piloto en proyectos de generación de ingresos a nivel nacional”.   Neiva cuenta con 97 proyectos de unidades productivas,  Pitalito 49, Garzón 40, Baraya 40, “y los otros municipios que aportaron menos, tienen mínimo 19 unidades productivas”.

Además de esta estrategia de beneficios económicos, también se está trabajando en la recuperación emocional con ayudas de profesionales  en el campo de la salud mental, agregó la directora de la oficina de víctimas.

Por último, también advirtió la funcionaria que es importante que las víctimas caracterizadas utilicen como se debe estas ayudas, porque solo las recibirán una vez.

“El llamado a las víctimas es a que no vendan, empeñen o enajenen los bienes porque estamos haciendo un seguimiento muy estricto a las unidades que se han entregado y en los casos en que no hemos encontrado   bienes y servicios, han sido reportados a la Fiscalía. Es la única vez que van a recibir recursos. Queremos que esos 830 nuevos emprendedores progresen”.   

Se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

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Reparación

Según lo consagrado en la Mesa Nacional de Víctimas, la reparación integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas.

De acuerdo con lo estipulado, el Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, tanto por su condición de garante de los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, como porque así lo dispone la jurisdicción internacionales. 

Igualmente dada la responsabilidad estatal en la creación y consolidación de la estrategia paramilitar, como ha sido ampliamente documentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes fallos,  es deber del Estado reparar integralmente a las víctimas del paramilitarismo.