Asentamientos: una precaria condición de vida

Por: Caterin Manchola 

Lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, fue uno de los objetivos que quedó consagrado dentro del Plan de Desarrollo de la actual Administración Municipal. Para  ello,  se creó una  política pública para los asentamientos informales, que permita realizar un censo y caracterización de este grupo poblacional, entre otras acciones.

Este es un tema complejo que preocupa por varias razones: muchos de los predios están en zonas de protección ambiental y de alto riesgo de desastre; la gran mayoría de familias son desplazadas y de  escasos recursos, un alto porcentaje lo ve como una oportunidad fácil de adquirir nuevos bienes;   existen bandas criminales organizadas que negocian y estafan con las tierras, en grupos conocidos como 'tierreros'; y finalmente, legalizar y ofrecer condiciones de vivienda digna a las más de 9 mil familias acarrea grandes costos.

Por ende, la política que fue aprobada en noviembre del año 2016, es un mecanismo administrativo que pretende, desde la parte técnica, administrativa y financiera, identificar todos los asentamientos y tener un censo de la población que allí habita.  Para con ello, buscar mecanismos de cómo ir realizando inversiones frente a los proyectos de vivienda.  Y además contempla la legalización de barrios cuando sea posible.

Sin embargo, aún no se ha podido realizar por completo el censo, una de las tareas fundamentales,  y restan solo 8 meses para que se dé el cambio de gobierno municipal.

Aunque se cuenta con un rastreo donde se han identificado 117 asentamientos, en los cuales viven aproximadamente 9.400 familias, dijo Gustavo Adolfo Silva Martínez, Secretario de Vivienda y Hábitat.

Y destacó que anteriormente figuraban 132 asentamientos.

Para el  momento de creación del Plan de Desarrollo, también figura que  se tenía “caracterizado el 46.7% de la totalidad de las personas que habitan estos asentamientos humanos, principalmente concentrados en las Comunas 8, 9 y 10 que alberga más del 70% de familias, y que representa el 48% del total de asentamientos en el Municipio, por lo que es perentorio establecer políticas de reubicación a través de programas definidos por el Gobierno Nacional”.

No obstante, el panorama para este grupo poblacional sigue siendo complejo.

De acuerdo con Silva Martínez, la política pública fue creada pero no le fue asignado  ningún tipo recursos. Todo quedó en gestión, valorización y plusvalía. 

Y según informó en su momento Rafael Yepes, secretario de Planeación Municipal,  establecer el costo total de la legalización urbanística es dispendioso, “pues es un proyecto a desarrollar a varios años y en varias administraciones”, aunque sólo el proceso inicial de planeación está calculado en $11.327 millones.

Pero además se presentan situaciones como que, para Loma de San Pedro ya exista una orden de desalojo para 7 asentamientos porque el terreno es propiedad de un privado.

Por ende el secretario de Vivienda dijo que es importante “concientizar a las familias para que no permitan la llegada de más. Para que si llegan ayudas, sean las personas que más tiempo llevan ahí los beneficiarios”.

Y también reiteró que los predios que estén en situación se riesgo no mitigable, no pueden ser legalizados. Este es otro de los percances que se presenta con los asentamientos.

Señaló el Secretario que, “a ellos se les hace visitas e informa periódicamente el estado de cada uno de los hogares, se les hace la invitación para que se postulen a las convocatorias y sean partícipes de los subsidios del municipio cuando hay oferta de vivienda”.

En ese sentido, la oferta de vivienda para Bosques de San Luis es de 440 apartamentos  y se presentaron 610 hogares, dijo. De los cuales se atiende a personas desplazadas y demás, que cumplan con los requisitos.

Ya cuentan con viviendas

Pero la otra problemática que se viene presentando es que algunas familias, no habitan las viviendas que les son otorgadas.

A la fecha  el 20% de las personas que viven en asentamientos informales ya figuran con vivienda, según la caracterización que se adelanta por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat que aún no culmina, por lo cual se prevé sea un mayor porcentaje.

Estas personas que ya han sido beneficiadas por algún programa de vivienda   “no van a ser objeto de un nuevo beneficio como tal, esto es solo una vez en la vida”, advirtió el secretario.  

Y puso de ejemplo, que la señora Rubiela Cifuentes y su hijo, Yesid Cifuentes, quienes perecieron ayer en horas de la mañana a causa de un desprendimiento de rocas que cayeron sobre su otra vivienda en el asentamiento informal La Esperanza, ya habían recibido subsidios de vivienda en el barrio Eduardo Santos en el año 2003.

“Yo creo que a conciencia ellos lo que hacen es abandonar un beneficio de una casa y tratar de buscar otro, con otros subsidios, y viven en un asentamiento para que le den otra vivienda”, expresó.

Agregó además que en Cuarto Centenario y Bosques de San Luis, cerca de 70 familias han retornado a los asentamientos y han arrendado los apartamentos que les fueron asignados. Y que allí actualmente se adelanta un proceso administrativo por parte del Ministerio de Vivienda para revocar el  beneficio. 10 procesos están a punto de culminar debido a incumplimientos.

“Que no sigan creyendo en la posibilidad  de que van a adquirir un nuevo subsidio, vivienda gratis o una reubicación. Este tipo de proyectos también tiene una prohibición y unas consultas respectivas a lo que nosotros le llamamos cruces de información”.

También exhortó a la comunidad para que hagan buen uso del programa bajo el cual fueron cobijados, tener  “conciencia de lo que están haciendo, porque en muchos de los casos se puede transformar solamente en tratar de hacerle una trampa o estafar al Estado, mediante estas disposiciones que ellos llegan a tomar como es abandonar el beneficio de un hogar y tratar de conseguir otro subsidio, participando o viviendo en un asentamiento”.

Agregó que paralelamente tienen varios programas de vivienda. “Hoy en día la adquisición de subsidios de vivienda se da cumpliendo unos requisitos, pero previo a eso  deben voluntariamente participar en una convocatoria.  No se da la vivienda como tal sino subsidios”, aclaró.

La información se cruza con los demás entes territoriales a nivel nacional para corroborar que no haya recibido este beneficio antes.  Este se otorga solo una vez en la vida.      

 “Sin derechos”

De otro lado, la Personería de Neiva informó que la situación de las personas residentes en  asentamientos ilegales en Neiva, provoca “una afectación de sus derechos reforzada”.

Según Óscar Huber Zúñiga, mediante el proceso de acompañamiento se determinó que persisten los problemas de legalización,  de acceso a servicios público y de titulación,  entre otros.

“Hemos diseñado una estrategia comunitaria donde una persona se encarga de realizar el enlace entre la comunidad y la Administración Municipal, porque hay un acuerdo que posibilita bajo ciertos requisitos específicos la legalización de estos asentamientos”.

Sin embargo aclaró el personero, que “no todos son objeto de legalización porque muchos de ellos se encuentran en zonas protegidas o de alto riesgo, como lo acontecido hoy –ayer- en La Esperanza”.

Sostuvo que en los asentamientos se presentan “las problemáticas que se puedan imaginar…”

Dificultades para el acceso, personas en situación de discapacidad de movilidad reducida, con enfermedades catastróficas “que vivir en esas condiciones les limita aún más. Esta es una afectación de sus derechos reforzada”.

E incluso en cada hogar “viven tres niños y niñas o más”.

Según el funcionario, los  infantes se encuentran escolarizados pero en las tardes quedan solos, porque sus padres se dedican al comercio informal y “hay una situación difícil con el tema del aprovechamiento libre”, en la mayoría de los casos.

Dijo que el consumo de drogas, microtráfico,  jíbaros, y demás problemas de seguridad, acechan siempre.

“Estas personas no tienen derecho a nada más que sobrevivir”, aseveró.

Con respecto a la situación que se presentó en La Esperanza, manifestó que se debe analizar “con sus justas proporciones”.

“Ellos están dando una información de 2003, y a la fecha pueden haber pasado muchas cosas. Primero hay que confirmar si, fueron beneficiarios, pero pudieron o no acceder. La persona puede haber quebrado económicamente…”.

También agregó que “a mí sí me parece muy humillante que una personas muera en esas condiciones… eso es indignante”.

Riesgo

Y es que la lamentable situación presentada ayer podría replicarse en varios asentamientos en Neiva, según los resultados arrojados de los estudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgo, máxime teniendo en cuenta la temporada de lluvias que ya inició. 

Estos contemplan identificar y caracterizar  las zonas en riesgo no mitigables (que deben reasentarse); y en riesgo mitigable (que necesitan reducir el riesgo a través de obras de mitigación), ante los fenómenos naturales.  Determinan en detalle Fenómenos de Origen Geomorfológico (remociones en masa) e Hidrológico (Inundaciones y Avenidas Torrenciales). 

Estos arrojaron que Neiva figura entre las localidades del Huila más propensas a que se presenten avenidas torrenciales (popularmente conocidas como avalanchas) e inundaciones.   

Y los sitios críticos del municipio son Centro Poblado Vegalarga, Centro Poblado El Caguán  y Centro Poblado Fortalecillas.

Y en el área urbana figuran, sector Río Magdalena, Sector- Asentamiento Urbano Brisas de Venado, Asentamiento Urbano Álvaro Uribe Vélez.  Asimismo, Sector-Nororiente (Asentamientos El Pinal, Villa Marinela, Granjas Comunitarias, Mirador del norte y La Trinidad).

Los estudios ya fueron socializados con las comunidades.

Viviendas identificadas, para la fecha de presentación del estudio,  en riesgo alto ante los escenarios de amenazas naturales por fenómeno de remoción en masa (deslizamientos), inundación y avenidas torrenciales (avalancha).  Fuente autoridad ambiental regional.