Aprueban eximir responsabilidad a farmacéuticas por efectos de vacuna
La disposición que generó debate corresponde al artículo cinco del proyecto que, según expertos, como el exministro de Salud Alejandro Gaviria, exime de responsabilidad a las farmacéuticas por posibles efectos adversos que pueda tener la vacuna.

El Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley de vacunas, que establece mecanismos para facilitar el acceso a la inmunización contra el coronavirus.
La iniciativa ya superó todo su trámite en el Legislativo y solo le resta la conciliación, luego de lo cual pasará a manos del presidente Iván Duque para convertirse en ley. No obstante, la aprobación del proyecto estuvo cargada de polémica por cuenta de un artículo que generó toda una discusión en el Congreso y que finalmente fue aprobado por el Legislativo.
“Los fabricantes de vacunas contra la Covid–19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”, dice el artículo.
El exministro de Salud y hoy rector de la Universidades de los Andes, Alejandro Gaviria, y las investigadoras Claudia Vaca, Carolina Gómez y Tatiana Andia, aseguran que “todo indica que el Ministerio de Salud de Colombia tendría que firmar acuerdos multilaterales y/o bilaterales para acceder a las vacunas con cláusulas leoninas basadas en la premisa de que para poder acceder a las vacunas se necesita eximir por completo a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad”.
Frente a esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, admitió que esta decisión se tuvo que tomar debido a que la vacuna se está desarrollando en menos de 11 meses.
“Las empresas farmacéuticas están requiriendo esta exoneración de responsabilidad que prácticamente todo el mundo está teniendo que aceptar”, indicó Ruiz.
Según explicó la representante Juanita Gobertus, esto lo que implica es que al Estado le tocará responder por las eventuales demandas que se presenten por efectos adversos.
Previendo este escenario, el proyecto estableció que “el Gobierno Nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá contratar una póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacunas contra la Covid–19 aplicadas por el Estado Colombiano”.
Gratuidad
No obstante este polémico punto, este proyecto de ley, de autoría del congresista Ricardo Ferro, resuelve muchas de las preocupaciones de los colombianos frente al acceso a la vacuna, ya que posibilitará al Gobierno Nacional a establecer alianzas estratégicas y a destinar recursos de salud en vacunas experimentales contra la Covid-19, o cualquier otra pandemia que se llegara a presentar en un futuro.
La iniciativa permite al sector privado descontar impuestos si aportan recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es la bolsa creada por el Estado para la mitigación emergencia, como es el caso de la adquisición de vacunas y demás actividades enfocadas a lograr la inmunización en el territorio nacional contra esta pandemia.
La idea es que las empresas que sean declarantes del impuesto de renta sean eximidas de pagar el 50 por ciento de este gravamen si aportan recursos que permitan la compra de vacunas.
“Con esta ley vamos a garantizar que se puedan destinar recursos públicos para la adquisición de la vacuna, pero adicionalmente garantizaremos que los empresarios se puedan sumar a lo que pueden denominar una gran ´vaca´, donde habrá recursos públicos y recursos privados para la compra masiva de vacuna”, aseguró el representante Ferro.
El congresista agregó que esta ley permitirá a “todos los colombianos acceder de manera gratuita a la vacuna”.
Otro hecho clave fue que se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a realizar campañas pedagógicas sobre el proceso de inmunización, con el fin de facilitar la vacunación y que haya confianza en la ciudadanía.
Igualmente, el Ejecutivo tendrá que presentar un informe periódico sobre las gestiones que realice sobre el tema.