Aipe: 400 personas en riesgo epidemiológico

La finca Bolivia, de la familia Escalante Toro, no solo está en riesgo ambiental, sino que amenaza la sanidad de los 400 habitantes del corregimiento de La Ceja Mesitas de Aipe.

Este medio de comunicación tuvo acceso al “Informe de visita y concepto técnico” que la CAM le remitió al Juzgado de Aipe el 8 de agosto de 2018. En él hace un recuento de las advertencias proferidas por la entidad el año pasado (2017). Recuerda, por ejemplo, que en el concepto “No. 2422” “se identifica como presunto infractor al municipio de Aipe” debido a la descarga de aguas residuales “generadas por rebosamiento del sistema o red de alcantarillado”.

Esto no es todo, la CAM indica que esta contaminación genera “la propagación de olores putrefactos, y la proliferación de vectores (mosquitos, moscas, aves de carroña, roedores, etc.), lo que ha implicado a que se ponga en riesgo la salud de la comunidad…”.

Los riesgos

Martha Suleny y su esposo, han señalado que ellos y su hijo han sufrido enfermedades ocasionadas por la presencia de zancudos que proliferan en la PTAR. “Yo me he visto afectada porque frecuentemente me da gripa, vivo enferma de la garganta, esos zancudos que me pican son muy ‘venenosos’”, asegura.

Esta situación es cada vez más compleja, según informe de la CAM, “ha generado un impacto negativo a los recursos del suelo, subsuelo y agua, ya que dichos vertimientos, contienen una alta carga contaminante que altera las condiciones o características físicas y químicas de dichos recursos; igualmente, esas aguas residuales, provocan proliferación de vectores, debido a que se evidencia una alta presencia de zancudos, mosquitos y aves de carroña, que pueden llegar a afectar la salud de la comunidad circunvecina, generando riesgos de tipo epidemiológico y sanitarios”.

La medida preventiva

Lo encontrado en aquella inspección alcanzó la magnitud de riesgo ambiental, por lo que este año mediante “Resolución 0273” del 29 de enero se impuso una medida preventiva, en la que se ordenaba al alcalde José Sevel Castro Tovar: “suspensión inmediata de la descarga de aguas residuales generadas por el sistema de alcantarillado del centro poblado de la vereda de Mesitas del Municipio de Aipe, las cuales son conducidas a una fuente hídrica denominada “Quebrada del Pueblo”…toda vez que este no constituye un punto de descarga autorizado”.

Pese a esto, las aguas residuales siguen cayendo a la quebrada, y como consecuencia, se sigue generando la contaminación ambiental. Un hecho que ha sido advertido por Martha y su marido desde 2016.

A raíz de esto el 19 de septiembre de 2017, la CAM envió un grupo de especialistas a realizar una visita de seguimiento y control a la zona donde se encuentra la planta, pese a las advertencias, las aguas siguen cayendo al afluente. 

Los hallazgos

En el informe de la CAM (concepto No. 2422), se corroboró lo que don Luis Alfonso Escalante había denunciado. “Durante el recorrido, se percibieron olores putrefactos u ofensivos, característicos a cañería o alcantarilla. Se evidenció una planta de tratamiento colmatada, taponada y rebosado, donde se constata el inicio de un vertimiento directo al suelo”.

El informe resalta que “dicho vertimiento va formando una especie de zanjón o canal, el cual conduce dichas aguas residuales, hasta terminar descargando o vertiendo dichas aguas contaminadas directamente a una corriente hídrica denominada como ‘quebrada del Pueblo’”. Afluente que, según la comunidad, desemboca en el río Pata.

Ya habían sido advertidos

El concepto técnico emitido por la CAM no fue la primera advertencia que recibió la Alcaldía de Aipe de las irregularidades en la PTAR. En mayo de 2016 Carlos Urbano Osorio, subgerente Técnico y Operativo de Empresas Públicas de Aipe, envió un oficio al secretario de Infraestructura de la Alcaldía, Ángel Harvey Cabrera Leal, en el que advierte que la planta se encuentra fuera de funcionamiento.

“La planta se encuentra en un alto nivel de abandono poniendo en riesgo la estabilidad y funcionabilidad de la misma, se puede ver que hace un periodo largo de tiempo que no le hacen mantenimiento ya que está cubierta por una alta vegetación en los alrededores”.

Como nuevo dato aparece que, sumado al no mantenimiento, ésta recibe agua del alcantarillado y de aguas lluvias, lo que posiblemente estaría haciendo colapsar la obra. Sin embargo, EPA señala que no logró verificar dicha situación debido a que la tubería, al igual que los pozos, se encontraba altamente saturados de aguas servidas.

Al borde del colapso

En respuesta a esto, en agosto de 2016, la Alcaldía de Aipe envió a Luis Alfonso Escalante un oficio en el que ratifica que se observa en la PTAR falta de mantenimiento señalando que esto “provoca malos olores y afectación en un cultivo de café, además de una cancha de fútbol”.

En este sentido, asegura que “la responsabilidad de mantenimiento de la PTAR es completamente de la junta de acción comunal, se realiza la sugerencia de solicitar a EPA, apoyo en el mantenimiento”.

Mientras la Administración y las Empresas de Servicios Públicos responsabilizan del mantenimiento a la comunidad, el 25 de noviembre de 2017 en acta de reunión de una “actividad de evaluación estructural y funcional de la PTAR”, realizada por Aguas del Huila, queda claro que los “terrenos anexos a la PTAR presentan daños en el suelo, generados por cárcavas que se han formado debido al constante vertimiento de aguas residuales”, y se advierte que esta situación podría hacer que la planta colapse.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con el actual alcalde de Aipe, José Sevel Castro, pero fue imposible. Sin embargo, el secretario General y de Gobierno, Didier Gustavo Ramírez Ríos, se refirió al tema de la PTAR.

“La administración está buscando los recursos para su legalización”

El secretario General y de Gobierno, Didier Gustavo Ramírez Ríos, en entrevista con DIARIO DEL HUILA afirmó que ellos tienen una minuta de compra venta que acredita la propiedad donde se construyó la PTAR.

Ramírez hizo énfasis en que la construcción de esta planta fue a pedido de la comunidad y el mantenimiento estaba a cargo de ella.

En relación con la tutela que amparó los derechos de la propietaria del predio Martha Suleny Toro, Ramírez Ríos afirmó que este mecanismo judicial amparó los derechos de la comunidad. Además indicó que el señor Escalante no les permite ingresar al predio.

¿Por qué la administración de Aipe construyó una planta de tratamiento en predios privados en Mesitas?

El motivo que originó la referida construcción fue por requerimiento de la comunidad de la vereda, en procura de dar solución a la conducción de las aguas residuales, conforme como consta el documento adjunto de compra del predio por parte de la Junta de Acción Comunal, de fecha septiembre 2 de 2009.

¿Por qué dejaron abandonada esta planta y luego contrataron un estudio para remodelarla, pero sigue abandonada?

Se evidencia que el mantenimiento y cuidado de la planta estaba a cargo de la junta de la vereda de Mesitas. A través del fallo de la acción de tutela de la referencia, hubo la necesidad de realizar un diagnóstico para establecer las deficiencias de la PTAR. A través del diagnóstico realizado, se pudo establecer la necesidad de optimizar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la vereda Mesitas, y otras.

El día 4 de junio de 2019, se firmó el Convenio Interadministrativo No.160-2019, con las Empresas Públicas de Aipe, con fecha de inicio del primero de marzo de 2019.Las Empresas Públicas de Aipe, a través del contrato No.63 de 2019, de fecha junio 4 de 2019 y acta de inicio del 27 de junio de 2019. (Se anexan fotocopias en 10 folios los referidos documentos).

¿Por qué la Administración Municipal no ha legalizado este predio?

En primer lugar, porque existe la Minuta de Compra Venta de un lote, a nombre de la Junta de Acción comunal de la vereda Mesitas, de fecha 2 de septiembre de 2009, puesto a disposición del municipio para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.

En segundo lugar, considero que las administraciones anteriores no visualizaron la necesidad, la actual administración está buscando los recursos económicos para su legalización, sin embargo, por la construcción allí realizada, la cual no tuvo oposición alguna en su construcción y que data de más de cinco años, el municipio ostenta la calidad de poseedor y podría iniciar un proceso de pertenencia para legalizar el predio.

¿Es política de su administración arreglar esta planta?

El municipio por rango constitucional debe satisfacer los derechos individuales y colectivos de la comunidad, en ese sentido debe realizar las obras necesarias para procurar garantizar el saneamiento básico a sus habitantes, es por ello que con el referido contrato se realizaran el mantenimiento y optimización de varias plantas del municipio.

¿Es consciente que invertir dineros públicos en predios privados es un delito?

La planta fue construida, a través del contrato No. 067 de 2011, la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesitas, facilitó el lote; y a través del fallo de tutela en mención tutelan los derechos de la población, en ese sentido se está actuando bajo el principio de buena fe, amparando los derechos fundamentales vulnerados.