Acuerdo de paz: Un año de incertidumbre

El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y el otrora grupo ilegal de las FARC el 24 de noviembre de 2016, partió la historia de Colombia en dos.

El Registro Único de Víctimas (RUV) detalló que del total de víctimas, 7.134.646 fueron desplazadas, 983.033 por homicidios, 165.927 por desapariciones forzadas y 34.814 secuestradas, entre otros casos.

Así mismo cabe destacar la entrega de armas por parte de las FARC lo que tuvo un impacto positivo en el ámbito nacional al disminuir los casos de homicidios y salvar a más de tres mil vidas. En los 281 municipios destinados al postconflicto, se redujo en 27 por ciento casos de muertes violentas.

La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inhabilitó en septiembre pasado unas 8.994 armas de fuego, de las cuales 1.817 eran pistolas y 170 revólveres; 6.177 fusiles de asalto, 28 fusiles de precisión, 6 escopetas, 13 submetralladoras y 274 ametralladoras, entre otras.

Un año después queda la sensación de acuerdo a dirigentes políticos que el Gobierno Nacional no tenía todo organizado y es por ello que se han presentado las dificultades propias primero en las llamadas zonas de concentración y luego con el trámite ante el Congreso de la implementación de los acuerdos; de ahí que organismos nacionales e internacionales se atrevan a decir que el posconflicto “está en riesgo”, por el cumplimiento a medias del acuerdo con las FARC.

Lo que se ha aprobado

• El 16 de noviembre, el Congreso aprobó la creación de las 16 circunscripciones especiales para la paz.
• La participación política de las FARC fue una de las primeras leyes en ser aprobada.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) fue el nombre elegido por el exgrupo insurgente en su Congreso Fundacional de septiembre pasado. Esta incursión en la política colombiana fue un logro alcanzado y permite a sus miembros optar a cargos políticos mediante elecciones.

• La elección de los 51 magistrados que conformarán la JEP.
• El Gobierno creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
• En total, se han expedido y sancionado siete actos legislativos, 36 decretos-ley y cinco leyes aprobadas en el Congreso por el procedimiento fast track.

Lo que falta por aprobar

• La reforma política pasa a segundo debate en el Senado.
• El proyecto de reforma rural integral ni siquiera se ha presentado en el Congreso.
• El tratamiento penal diferencial para los cultivadores de coca se discute.
• La titulación de baldíos es otro de los temas que falta por debatir.
• La JEP continúa en discusión en la Cámara de Representantes.

La Corte Constitucional aprobó el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP) como mecanismo para juzgar a exmiembros que formaron parte del conflicto armado, pero será el Congreso quien determine las penas de los mismos.

La jurisdicción de la JEP no ha podido aprobarse por falta de quórum en las últimas sesiones, pese a que la vía rápida o "fast track", período estimado para ello, culmina el próximo 30 de noviembre y pone en riesgo su ejecución.

Opinan dirigentes políticos del Huila

Entre tanto algunos dirigentes políticos del Huila expresaron su opinión con respecto a lo que ha sido este año de los acuerdos de paz.

Álvaro Hernán Prada – Represéntate a la Cámara

“Lo que hemos visto es la confirmación que todo lo que advertimos en el Plebiscito, era cierto y en algunas cosas nos quedamos cortos; los Proyectos de Ley, modificaciones a la Constitución con Actos Legislativos que se han presentado al Congreso más los Decretos Ley y las facultades extraordinarias al presidente Santos, en lo que han denominado la implementación bajo el ‘Fast Track’ ha ratificado todo lo que advertimos en materia de impunidad para delitos graves”

Héctor Javier Osorio Botello – Representante a la Cámara

“Lo positivo es que en la región se ha permitido los bajos índices de criminalidad según lo advierten las autoridades y el aumento del flujo de turistas al departamento del Huila y la posibilidad de que muchos huilenses hayan vuelto al sector rural que fue alguna vez, tierra de sus ancestros. En estos momentos estamos en una coyuntura electoral y solo con el tiempo veremos el verdadero alcancen de los acuerdos en lo que tiene que ver con inversión, bajo índice de criminalidad entre otros”

Flora Perdomo – Representante a la Cámara

“Ha sido un año en el que hemos podido sentir la tranquilidad en el campo y la ciudad.  Los acuerdos han contribuido a generar unas dinámicas  sociales que de a poco van a contribuir  a que podamos tener un mejor país. Estamos en una etapa definitiva. Desde el Congreso,  tenemos la tarea de lograr que la implementación de estos acuerdos queden blindados y se puedan generar las garantías necesarias para la partes. El reto es poder lograr  que este acuerdo perdure en el tiempo”.

Jaime Felipe Lozada – Representante a la Cámara

“Lo que hemos venido reclamando con vehemencia y determinación desde el Congreso de la República, es que las FARC cumplan con lo acordado, que le pongan la cara a las víctimas y que dejen de exigirnos a los colombianos de bien, al Congreso, al Gobierno Nacional y a los colombianos  en general que les aprobemos todo lo que quieren. En la Cámara de Representantes lo dijimos sin ambages y con decisión: Las FARC son valientes al exigir pero cobardes al ponerle la cara a las víctimas, por eso votamos negativo la JEP”

Rodrigo Villalba – Senador

“El balance es muy positivo a pesar de las críticas por las imperfecciones del mismo; las ventajas son todas. Desarmamos a un ejército de violentos, evitamos muertes, salvamos vidas y estamos aliviados en el campo y hay reactivación económica; estamos preparados para el post conflicto que tiene que ser alrededor de la reconciliación y la paz, con ánimo y optimismo y la comunidad internacional nos apoya y nos mira como un pueblo civilizado”

Ernesto Macías – Senador

"El balance de los acuerdos entre Santos y Timochenko refleja lo advertido durante la campaña del Plebiscito. Denunciamos que les daría impunidad y hoy gozan de libertad total y la justicia que les crearon es de papel porque no van a pagar por sus crímenes ni van a reparar a las víctimas ni van a contar la verdad, porque el mecanismo diseñado les permite burlar todas estas exigencias. Además, sin haber pasado por la justicia, aún por la que les diseñaron, ya tienen un partido político armado y con mucho dinero producto de sus actividades criminales porque no se les exigió su entrega, y se les permitió hacer campaña política y recibirán veintiséis curules en el Congreso, sin ningún esfuerzo. De tal manera que es un balance preocupante por la gravedad de lo que ha ocurrido. En resumen, yo diría que la institucionalidad del país ha quedado resquebrajada y la democracia herida de muerte durante este llamado proceso de paz"