“Moralmente es más fácil linchar un hombre que una mujer”

¿Qué fue lo que motivo la temática de esta investigación?

Nosotros en la Universidad Nacional venimos investigando en Bogotá un fenómeno que se llama ‘Usos sociales de la ilegalidad’, es decir como la sociedad de alguna manera hace lo que el Estado hace que se supone es ilegal también. Es decir, estamos en un dilema y es que a veces el propio Estado y las institucionalidad hace actos ilegales, que pueden ser legítimos pero son ilegales y la sociedad hace lo mismo. Ósea hay un reflejo también no institucionalidad.

¿Qué es un uso social de la ilegalidad?

Es una categoría que para nosotros implica como la comunidad, pese a que haya un código de Policía, haya un ley penal o una norma jurídica que prohíba una conducta, la gente a veces considera que debe actuar para corregir un hecho delictivo. Es decir, la sociedad actúa en un acto ilegítimo de defensa social, y eso es muy común en distintos temas.

De alguna manera eso está en un límite en el derecho policial, administrativo y penal. El caso más complejo es el tema del linchamiento. Empezamos con ese tema, estamos investigando otros pero nos interesa el tema de la violencia urbana. Y el tema de la violencia asociado al tema de las violencias de la sociedad, no de las instituciones ni el Estado.

¿La sociedad cuándo comete actos ilegales de forma colectiva?

¿La sociedad puede cometer actos ilegales?: sí, como cuando en un momento determinado decide atravesarse en una vía, lo que hoy es un delito. Y lo hacen simplemente porque no les ponen la energía, en la Costa Atlántica, por ejemplo. Entonces es un uso social de la ilegalidad por una deficiencia del Estado.

Tradicionalmente se ha estudiado un fenómeno como el fenómeno del linchamiento con una justificación que nosotros encontramos que no era suficiente, y es que esos usos sociales de la ilegalidad no siempre son por una no presencia del Estado, una ineficacia. También es por una serie de elementos que la propia sociedad ha venido incorporando, es decir, los distintos desarrollos de la violencia urbana nos muestran por ejemplo que la práctica del linchamiento en Bogotá, desde que se fundó como ciudad hasta hoy, ha habido linchamientos.

El linchamiento es un fenómeno de control social. Si no le ponemos un juicio moral, podríamos decir que de alguna manera la sociedad está de acuerdo con los linchamientos. El problema es que es un homicidio, y si lo miramos en la teoría penal es un homicidio colectivo porque al final del linchamiento qué grupo social tiene la autoridad para en nombre de un bien, como lo es proteger el celular o la propiedad privada, tiene legitimidad para asesinar a una persona.

Es un acto ilegal, es moralmente condenable, es judicialmente punible. Pero la pregunta es si ese es el argumento válido. La sociología jurídica agotó el tema de estudio, lo que nosotros hemos visto en el caso de Bogotá, y en Cartagena que es donde estamos haciendo el estudio comparativo, hemos descubierto por la frecuencia, en particular del último año,  que en Bogotá tenemos cerca de 140 casos de linchamiento con muerto. En el caso de Cartagena en el último año tenemos cerca de 80 homicidios por este tema.

Empezamos a revisar todas las ciudades, y muy seguramente si hacemos un estimado nacional, vamos a encontrar que al año podría haber cerca de 450 personas al año en Colombia víctimas del linchamiento.

¿La primera pregunta que uno debería hacerse desde la sociología jurídica es si es eso debería ser un delito, si debería ser punible, es decir si debemos castigar a una sociedad que usa la estrategia de la autodefensa social para defenderse de los criminales?

En teoría política clásica, uno diría es que es legítima defensa, que es legitimidad social. En un país como Colombia, donde tenemos fenómenos desdoblados en temas desde las autodefensas campesinas que se convierten en el paramilitarismo, a esa expresión social de autodefensa podemos ver que ha tenido un giro hacía prácticas de odio social, crimines de odio social, tanto a las personas en temas raciales, de genero de homosexualidad.

Es decir, el control social se mezcla con el control moral y opera a un nivel donde los que linchan encuentran una justificación moral colectiva y creen que están defendiendo un bien público que debe ser defendido a ultranza para demostrar a los ladrones que no pueden seguir robando en ese sector y hay que darles un escarmiento.

En muchos lugares los asesinan, los cuelgan y les ponen un letrero en la frente que dice “por rata”. Pero eso es también una práctica de la guerra, una práctica de control de la guerra civil.

Entonces el otro fenómeno que a nosotros nos interesa ver es como estas prácticas de violencia de la guerra, también ha sido llevadas a las zonas urbanas. Y también como ciertas ´prácticas de control paramilitar, que llamamos coloquialmente en Colombia ‘limpieza social’, son formas de odio social. Que las operaciones que hacen fuerzas ilegales de control social en últimas son homicidios.

¿Y ustedes qué querían probar con este tipo de conducta?

Lo primero que demostramos es que la justificación, en los casos que hemos estudiado en Bogotá y Cartagena, no es la ausencia de Estado que era la idea clásica que había. Sino es una necesidad social de mantener un control.

Es la sociedad la que le quita el legítimo control de violencia al Estado y se lo pasa a la misma sociedad. Eso que en el pacto social de hace, es decir, yo le entrego el uso de la violencia al Estado para que ejerza la autoridad, pero una comunidad por los niveles de exclusión social tan profundos que hay, las personas terminan, como venganza social, actuando contra los otros.

¿Es una desconfianza en las instituciones del Estado?

Esa era la causa general, pero encontramos que ya no lo es. La causa que nosotros encontramos es la necesidad social de tramitar la violencia.

¿Pero esa necesidad tiene un origen?

Es la exclusión social. Y cuando hablo de exclusión social hablo de la representación de como yo participo de la vida política, económica de una comunidad.

¿Cómo llegan a creer que es una exclusión y no una desconfianza?

No estamos excluyendo la primera, se sigue manteniendo, sigue habiendo una desconfianza en las instituciones, pero lo que vemos es que la mayoría de casos que estudiamos en Bogotá y Cartagena opera más la segunda. Es decir, si usted mira donde se producen los linchamientos es en los barrios marginales, o sea de hecho ya la primera variable está probada: no hay Estado. Entonces la comunidad ejerce un control social.

Pero la segunda es si ejerce control social porque no hace una detención ciudadana y no lo mata. ¿Por qué hay que matarlo?, porque hay un nivel de violencia por la propia exclusión. Es como un sistema de auto justificación moral, hay que aniquilar el problema porque si no lo tenemos de manera permanente.

El tema de la exclusión social se representa como la geografía de la violencia urbana. En términos de geografía siempre se presenta en zonas marginales y contra persona marginales.

Si es una persona bien vestida, con ciertos modales, muy seguramente no va a ser linchada. Digamos un ladrón de TransMilenio que es cogido por la Policía que está de saco y corbata, la gente lo primero que le sorprende es: “y tan bien vestido que estaba”. Pero si tiene pinta de ñero, cara de ñero es más fácil lincharlo.

Nosotros en el patrón que vimos intentamos mirar el perfil de las personas que fueron linchadas, desde su presentación hasta su forma de hablar. Y son personas que uno diría que son de condiciones marginales, es decir, los que comente hurtos que no tiene una presentación marginal no los linchan.

¿En cuántos de estos casos la comunidad ‘acertó’?

De cada 10 casos, la comunidad ‘acierta’, coge a persona que es, siete veces. Y de cada tres se equivocan. El 3% de 100 son personas que son inocentes. Es decir, el riesgo social es que usted puede estar en algún lugar y si es confundido por un ladrón muy probablemente puede ser linchado. Si su apariencia no es confiable puede ser señalado de un delito lo puede confundir con un ladrón.

Esta actitud nace como una desconfianza a la operatividad del Estado o a la exclusión del mismo Estado y termina generando los mismos riesgos que ha generado el Estado haciendo justicia…

 El análisis que hacemos en primer lugar el número de linchamientos que tenemos, es decir, la primera alerta que se despierta es el número de población el número de linchamientos. Porque frente a otros tipos de delitos, donde no se presenta ese tipo de homicidios tenemos legislación muy fuerte. El ejemplo que conocemos, la Ley Natalia Ponce de León. Desde el año 2004 hasta acá 980 casos, un muerto, y es uno de los temas mayor castigado con 30 años de cárcel.

En este caso, una expresión colectiva de odio que asesina una persona, o una forma de autodefensa social que atrapa un ladrón y que lo mata, no es punible, no es un delito. Si no es un delito asesinar a un ladrón ¿cómo se llama? La pregunta que hacemos es ¿la sociedad está en el legítimo derecho de asesinar ladrones o violadores?, porque lo que estamos viendo es que en Colombia se están asesinando en promedio 500 personas de esta manera (linchados). Esa es la violencia social que no se ve.

¿Pero por qué no judicializar a toda la sociedad que participa en el linchamiento?

Primero es que no hay Ley. No hay una forma de castigar porque no hay forma de individualizar el sujeto, no hay forma de establecer responsabilidad penal y por eso no existe tipo penal (para los linchadores). Lo único que puede hacer la Policía, y que por ejemplo en Medicina Legal está planteado, es lo que se llama lesiones personales. Pero cuando hay un homicidio, se reseña como homicidio, pero es un homicidio colectivo. Sin persona por determinar porque fueron 30 o 40, una muchedumbre, donde este tipo de homicidios está quedando impune.

Es decir, está desviada la atención con otro tipo de conductas como la del feminicidio y no con otras conductas que generan consecuencias peores…

El feminicidio me parece un delito grave, tan grave como el linchamiento, pero la pregunta es, si lo miramos en el término de costo-vida, en términos de una racionalidad del homicidio, una racionalidad estadística de solo homicidio, en el caso de los linchamientos el 90% son hombres, ¿qué significa? Que los hombres delinquen más, uno podría sacar esa aseveración falsa; pero si uno mira los que se salvaron en hurtos, que no fueron linchados, un 60% son mujeres.  

Es decir, moralmente es más fácil linchar un hombre que una mujer. O sea, por eso hay un tema fuerte de violencia social estructural, lo cual tiene unos patrones morales, que es lo que nosotros estamos investigando.

Es que hay algo de resentimiento social, es decir, ¿cómo alguien de  mi misma condición social me roba? Y entonces moralmente opera ese control social que está produciendo unas cifras, yo no sé si de 500 muertes anuales no es una cifra significativa. Claro el delito de feminicidio está produciendo unas cifras alarmantes, pero la pregunta es cómo nosotros como sociedad enfrentamos estas formas sociales de control social.

En una sociedad de estado de derecho nosotros ¿ignoramos el tema?, de que en una sociedad como Bogotá hay 140 muertos anuales víctimas del linchamiento y que en Cartagena hay 80, y en otras ciudades presentan entre 5 y 15.

¿De Neiva tiene datos?

No, porque es un dato difuso en Medicina Legal y en Policía. Porque como el tipo penal no existe nadie va a poner ‘linchados’. Si estamos transitando a una sociedad posconflicto, cuáles son esas habilidades para resolver nuestros propios conflictos.

¿Si desaparece la violencia armada desparecen los linchamientos?

La respuesta es ‘no’, pero tiene otra pregunta: ¿si desaparece la violencia armada y política, desparece la violencia urbana?: No. El problema es que las prácticas de la violencia política y violencia social se han incorporado a las prácticas sociales de la vida urbana, y ese es el tema más preocupante. Tenemos una vieja práctica que se llama ‘limpieza social’.

Bueno, está claro que hay un odio social, en últimas, ¿qué recomienda la investigación?

Lo primero es que hay que pensar políticas públicas para hacer intervención de formas colectivas de resolución de conflictos. Se necesita una estructura pública donde el valor de la vida puede tener una connotación distinta. Nosotros por nada irrespetamos la vida en Colombia. Las instituciones tienen que hacer públicos este tipo de casos y condenarlos públicamente. Segundo, es que no podemos irrespetar la vida.