Toma al Palacio de Justicia, una herida abierta

Una toma a sangre y fuego comenzó a teñir el panorama de aquel 6 de noviembre de 1985, cuando 28 guerrilleros del desmovilizado grupo insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19), ingresaron por el sótano del Palacio de Justicia en Bogotá, en el marco de una operación denominada “Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre”. El objetivo: realizar un juicio político a Belisario Betancourt quien, para ese entonces, se desempeñaba como Presidente de la República, por haber traicionado, supuestamente, el acuerdo de cese del fuego y de los diálogos de paz firmados por ambas partes el 24 de agosto de 1984.

Belisario Betancourt recibiría ese 6 de noviembre las credenciales de los nuevos embajadores de México, Uruguay y Argelia. Pero un anuncio inesperado ese mismo día, a las 11:30 de la mañana, por parte de Jaime Acevedo, director general de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, les informó al presidente y al canciller sobre el asalto al Palacio, pese a la confusión de la información que reinaba en ese momento. Días previos a la toma, la seguridad del Palacio fue reducida y el día de la incursión guerrillera, los primeros en morir fueron los únicos dos celadores que custodiaban el sótano del Palacio. Así comenzó lo que hoy es considerado uno de los mayores holocaustos en la historia de Colombia.

Fueron 28 horas de confusión y dolor, desde las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre, hasta las 2:45 pm del 7 de noviembre, día en que miembros de las Fuerzas Militares concluyeron con una sangrienta retoma ordenada por el Gobierno para recuperar el edificio, lo que, en un fuego cruzado entre militares y guerrilleros, ocasionó caos y cerca de un centenar de muertos, entre ellos, casi todos los insurgentes junto con 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, doce personas fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas empleadas de la cafetería de la sede judicial. Hoy, 30 años después, algunas familias de estas personas aún continúan con la incógnita de su paradero.

Las investigaciones

Las imágenes que reposan en los archivos digitales y físicos registran el suceso de forma clara: tanques de guerra penetrando las sedes del palacio, gestos desgarradores de dolor y confusión; y otros tantos gestos de militares señalando y ordenando, al tiempo que denotan movimientos, acciones y maniobras. Nadie supo qué pasó con aquellos que salieron con vida del edificio, y que en decenas de vídeos se observan llorando, mientras algunos militares los retiran del edificio.

Al interior de las actas y constancias que dan cuenta de las diferentes actuaciones por parte del Gobierno frente a la Toma del Palacio, se evidenciaron hechos como la suspensión de la transmisión de los operativos militares, vía radio y televisión, por parte de la ministra de Comunicaciones de ese entonces, Noemí Sanín. Asimismo, la no divulgación de las explicaciones de la llamada “Operación Nariño”, la cual habían empezado a ejecutar los guerrilleros, y en la que presentaban como exigencias principales la divulgación masiva de sus pretensiones y la realización de un “juicio memorable” al gobierno. De igual forma, se evidenció la negación del cese al fuego por parte del gobierno, pues según ellos, comprometía la vida de más civiles al interior del palacio. Las investigaciones actuales en torno a la responsabilidad del gobierno en este caso se centran en determinar la forma como el gabinete ministerial y las mismas Fuerzas Militares procedieron a recuperar el edificio, como también, si los altos mandos gubernamentales tenían conocimiento de la incursión del M-19 y sin embargo, no tomaron las respectivas precauciones.

Por otro lado, algunos de los implicados que fueron judicializados han sido militares retirados, entre ellos, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien dirigió las operaciones de la retoma, e investigado por la desaparición del administrador de la cafetería en esa época, Carlos Rodríguez, su empleada Cristina Guarín e Irma Franco, guerrillera del M- 19, durante ese mismo hecho. De igual forma, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, comandante de inteligencia de la Brigada XIII en la época de esos hechos, el sargento (r) del Ejército, Bernardo Alfonso Garzón que, pese a que negó haber estado los días del holocausto, los videos registrados por diferentes medios de comunicación evidenciaron lo contrario. Otros de los militares han sido el general (r) Iván Ramírez, el general (r) de la Policía Gustavo Soacha Salamanca, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el Mayor (r) Óscar William Vásquez.

Los archivos estancados

Por 20 años, la investigación del “Holocausto del Palacio”, como se le conoció a este trágico hecho, se mantuvo estancada y archivada. En 2005, la entonces fiscal Ángela María Buitrago, se dio a la tarea de reconstruir la historia de los desaparecidos para llevar al banquillo a los responsables. Por esta razón, la representante del ente acusador, a través de sus labores, obtuvo la condena para el general en retiro Armando Arias y el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas, a 35 y 30 años de prisión, respectivamente. La decisión contundente marcó un hito en la investigación y fue crucial para establecer algunas pocas verdades, pero también, para esclarecer de manera fehaciente algunos de los confusos hechos que rodearon el holocausto.

Pese a las intenciones del M-19 a la hora de llevar a cabo sus exigencias; y las actuaciones del Gobierno Nacional en cabeza del expresidente Betancourt a la hora de afrontar la toma, miembros de ese grupo guerrillero, como Everth Bustamante, han admitido que la toma al Palacio fue un error garrafal. El 1990, el M-19 entregó sus armas y hoy, muchos de quienes fueron insurgentes de esa organización al margen de la ley, han llegado a escaños públicos y cargos políticos importantes, sin que a lo largo de la historia hayan sido investigados por este suceso. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia y por las torturas que sufrieron varias personas después de la retoma. Hoy, el presidente Juan Manuel Santos, pedirá perdón en nombre del Estado, por este doloroso hecho.

“Si cometí errores, pido perdón”  

Era la primera vez que un mandatario dialogaba con un grupo guerrillero pero lo más importante, tenía la intención de hacer la paz. Belisario Betancourt se había logrado reunir con Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, dos máximos líderes del M-19, y establecido diálogos que finalmente, conllevaron una tregua frágil y una paz inestable y poco duradera -de un año- con ese grupo insurgente.

A pesar de que el exmandatario manifestara en ese entonces, la contundencia y asertividad de sus acciones en la forma como afrontó la toma al Palacio de Justicia, hoy a sus 92 años, reconoció los errores al tiempo que pidió perdón a las víctimas y al país en general, durante un homenaje al escritor Otto Morales Benítez. “Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas por esos errores que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz que el presidente (Juan Manuel) Santos está buscando con ansiedad para todos los colombianos”, señaló Betancourt, quien fue presidente de Colombia de 1982 a 1986.

Por las últimas investigaciones llevadas a cabo, la Fiscalía llamó a declarar recientemente a varios miembros del gabinete ministerial del ex mandatario. Noemí Sanín, quien fuera ministra de Comunicaciones, tendrá su cita con la justicia el próximo 26 de noviembre; Jaime Castro, quien se desempeñó como ministro de Gobierno, deberá declarar el 1 de diciembre; y finalmente, Enrique Parejo, ex ministro de Justicia, se citó para el 3 de diciembre. La herida de la toma al Palacio sigue abierta mientras Colombia continúa pidiendo a gritos la verdad. Durante los próximos días, un total de 89 restos de personas que fueron encontrados en un cementerio de la capital del país, serán exhumados por la Fiscalía General y así, identificar posibles restos de más desaparecidos de este holocausto.

RECUADRO

Las víctimas

Ninguno de los cuerpos de estas personas fue encontrado luego de que salieran con vida del Palacio de Justicia. Ellos son: Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes C., Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Ana Rosa Castiblanco, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola De Lanao. Los restos de Cristina Del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo de Arias y Luz Mary Portela León fueron encontrados recientemente por Medicina Legal en dos cementerios de Bogotá.

A estas víctimas suman 11 magistrados, 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS muertos; dos insurgentes y 11 civiles desaparecidos, y dos estudiantes torturados. Muchos de los civiles y guerrilleros posiblemente fueron virtualmente ejecutados según la investigación oficial, mientras que la mayoría de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en poder de miembros del Ejército.