Restitución de tierras, un conflicto en Tumaradó
Los conflictos en diferentes zonas de La Larga y Tumaradó, en el Bajo Atrato, entre reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional a sus antiguos predios y empresarios que intentan desalojarlos por todos los medios, llevaron a que el 12 de diciembre de 2014 el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó emitiera el auto 00181 con medidas cautelares para los reclamantes. Sin embargo, de las 14 órdenes dictadas solo dos se han cumplido. Pasa el tiempo y las tensiones se incrementan.
El conflicto ha generado agresiones, amenazas, desalojos e incluso confrontaciones con las autoridades. De parte y parte se denuncian afectaciones a cultivos y ganados, extracciones de madera y daños ambientales. Pero el asunto es más complejo. Esta lucha por la restitución de tierras ocurre en un territorio que tiene un título colectivo y que por ley, debería ser solo de los afros.
El consejo comunitario fue creado en el año 2000 pero hay reclamantes, en su mayoría mestizos, solicitando predios que les fueron titulados por el Incora o el Incoder entre los años ochenta y noventa, mucho antes del título a los afros. Incluso algunos de esos reclamantes ya fueron restituidos y recuperaron sus matrículas individuales dentro de este territorio colectivo.
Por otra parte, están los empresarios que poseen grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, la palma, el banano y la explotación maderera. Algunos de estos terratenientes han sido acusados e incluso investigados por despojo de tierras y en la actualidad, varios de sus predios están siendo reclamados por víctimas que argumentan fueron desplazadas y obligadas a vender presionadas por los grupos paramilitares.
Así las cosas, un estudio del Cinep revela que de las 107.064 hectáreas de La Larga y Tumaradó, el 51% de la tierra está en manos de seis grandes ocupantes (empresarios); el 43% corresponde a tierras inundables y por ende, improductivas; el 3% se encuentra titulado individualmente con anterioridad al título colectivo; y el 3% restante es apenas lo que tienen las comunidades afrodescendientes. Según la investigación, el 94% de la tierra productiva la tienen los ocupantes.
