El organismo de control resaltó la decisión de las FARC de no reclutar menores de 17 años a sus filas, pues permitiría a esa organización no violar las normas internacionales y el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, considera que ese anuncio es insuficiente. "Las FARC deben poner fin inmediato a ese crimen de guerra", señaló el ente.
En esta medida, el Ministerio Público manifestó que para hacerlo es necesario "acabar de manera definitiva con la práctica, como parte de un plan o política y a gran escala, del reclutamiento, alistamiento y utilización de niños en las hostilidades"; "entregar al Gobierno Nacional la lista con los nombres de los niños que actualmente hacen parte de esa organización ilegal"; y "desvincular a dichos niños de la organización ilegal. El Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá disponer la atención y protección a la que tienen derecho".
Según el Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar de 2014 de la Corte Penal Internacional presentado a final de 2014, señala que entre los crímenes de guerra cometidos en Colombia, sobre los cuales tiene competencia ese organismo, está el “reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades”. El Estatuto de Roma fija como parámetro que se trate de personas menores de 15 años.
Por lo anterior, el Ministerio Público mencionó el caso de Thomas Lubanga, jefe de la organización rebelde Unión de Patriotas Congoleños, quien fue declarado culpable por la Corte Penal Internacional el 14 de marzo de 2012, el cual resulta siendo un precedente de crimen de guerra para que los integrantes del Secretariado y del Estado Mayor de las FARC tengan en cuenta en caso de que no se someta en la justicia colombiana a penas proporcionales a la gravedad de ese mismo crimen.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordoñez, reiteró su condena al reclutamiento de menores y fue enfático en recordar que los grupos guerrilleros FARC y ELN continúan realizando reclutamiento forzado de menores de edad en el territorio nacional y ha incluido la priorización y castigo penal de este delito entre los “25 mínimos” que en concepto del Ministerio Público deben cumplirse para que futuros acuerdos de paz sean sostenibles y cumplan con los estándares nacionales e internacionales de justicia.
De acuerdo al Informe de vigilancia preventiva a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en 139 municipios de Colombia, presentado por la Procurudaría, "6’231.617 víctimas del conflicto armado registradas entre 1985 y 2013, el 49,6% corresponde a niños, adolescentes y jóvenes.
