sábado, 13 de septiembre de 2025
Actualidad/ Creado el: 2015-02-02 08:56

Procurador pide garantías procesales para María del Pilar Hurtado

El jefe del Ministerio Público aseguró que en el caso que se adelanta contra exdirectora del DAS, su oficina será garante de que se respeten todos sus derechos constitucionales y procesales.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | febrero 02 de 2015

El procurador general, Alejandro Ordóñez, aseguró que se le deben otorgar todas las garantías procesales a María del Pilar Hurtado, quien enfrenta proceso por su participación y responsabilidad en las denominadas ‘chuzadas’. “La Procuraduría será garante de las garantías constitucionales, al igual que la de todos los colombianos que sean sometidos a los procesos judiciales”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Ordóñez aseguró que es importante que se le concedan todas las garantías, “es indudable que todos los colombianos tenemos garantías que deben ser respetadas en los procesos”, señaló el jefe del organismo de control. Se espera que en las próximas semanas se conozca un fallo de la Corte Suprema de Justicia en este proceso.

Desde el 2010 la exdirectora del DAS se encontraba en Panamá gozando de un asilo otorgado por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli al aceptar la petición de Hurtado quien aseguró que era víctima de una persecución política por parte de las autoridades colombianas.

Cancelación de pasaporte y circular roja

A mediados del 2014 se presentaron una serie de decisiones judiciales que finalizaron con la cancelación de su pasaporte y la expedición de la circular roja por parte de la Interpol. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló la legalización de la captura de Hurtado en la tarde del pasado sábado, teniendo en cuenta que existía vigencia de la medida de aseguramiento emitida en marzo de 2011.

Según Caracol Radio, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la exfuncionaria fue procesada por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público relacionados con los seguimientos ilegales realizados contra magistrados de la Corte Suprema, periodistas y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.