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Actualidad/ Creado el: 2014-11-27 05:08

Personero de Neiva tuteló al ministro de Justicia

Jesús Elías Meneses Perdomo, personero municipal de Neiva, instauró una acción de tutela contra el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, para que solucione la grave situación del sistema carcelario.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 27 de 2014

Alarmado por la actual crisis en el sistema carcelario, el personero municipal de Neiva, Jesús Elías Meneses Perdomo, instauró una acción de tutela contra el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. El funcionario dijo que esta situación ha provocado una evidente violación de derechos humanos.

“Lo hago por la desidia y la despreocupación por la actual crisis carcelaria. A pesar de que han pasado cuatro meses de la crisis, el ministro de Justicia, los jueces, la Fiscalía, ni otra institución han puesto los ojos sobre esa violación flagrante de derechos humanos que se está presentando con los internos de las cárceles, así como quienes están recibiendo medida de aseguramiento por parte de los jueces y fiscales en otros sitios de reclusión”, manifestó el personero de Neiva.

El representante del Ministerio Público indicó que con la instauración de la tutela busca hacer un llamado urgente para que se apliquen los correctivos a esta problemática que cada día se agudiza.

“Es necesario que se tomen medidas por parte del Ejecutivo. Pero cuando hablamos no medidas no me refiero a las represivas, sino a medidas administrativas que den esperanza a la solución de esa crisis”.

Jesús Elías Meneses Perdomo espera que el juez encargado de fallar la tutela, lo haga basándose en el  derecho y en las normas internacionales que van en contra de la vulneración de derechos humanos.

“Ojalá que con la tutela se defiendan los derechos que están totalmente vulnerados. Es prioridad el restablecimiento de los derechos la minimización de la crisis humanitaria por la que atraviesan los internos de las cárceles del país”.

Agregó que la crisis no solo se genera en el interior del Instituto Nacional Penitenciario-Inpec; dijo que el Estado es también responsable por el abandono en el que tiene a quienes están detenidos.

“No hay que pensar solamente en la intervención o liquidación del Inpec. Se debe entender que la crisis no está en este instituto sino en la administración de justicia. Que la crisis está en la violación de los derechos humanos y que el Estado no toma cartas en el asunto. 

 

Violación de derechos humanos

Para el personero municipal de Neiva, el hacinamiento en las cárceles, calabozos de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), la Sijín y estaciones de policía, es una clara violación de derechos humanos.

“Esperamos que con esa tutela se ordenen medidas así sean provisionales, pero que solucionen la crisis de derechos humanos. No se puede seguir teniendo a estas personas expuestas a problemas de salud o seguridad. No es tanto el problema jurídico, como el de hacinamiento. No hay garantías ni seguridad para quienes se encuentran detenido”, expresó Meneses Perdomo.

A esta problemática, dijo el personero, se suma el hecho de que los jueces de ejecución de pena no están resolviendo las medidas inmediatas de reconocer la libertad a las personas que reúnen todos los requisitos para que así sea.

“Tenemos actas con las que le hemos hecho la reclamación para que los dejen en libertad, pero los jueces no resuelven nada. La crisis es de alarma y no queremos que haya una rebelión de los internos y se acudan a medidas de hecho”.

 

Sobrepoblación
De acuerdo a cifras de la Personería Municipal de Neiva, la sobrepoblación del sistema carcelario llega al 700 por ciento. Mientras en el pabellón de mujeres de la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva hay espacio para 40 internas, en la actualidad el número de detenidas es aproximado a 180. Entre tanto, en los patios para la población masculina, que tiene capacidad para casi 500 reclusos, hay una cantidad cercana a los 2000.

Asimismo, debido al plan reglamento del Inpec, hay unas 220 personas detenidas enlos calabozos de las URI, la Sijín y estaciones de policía, lo que agrava el panorama carcelario del país.

“Les llega a suceder algo a estas personas y el Estado tendrá que responder por las fallas en la prestación del servicio. Muchos detenidos no están en los respectivos sitios donde el Estado debe responder. La Procuraduría ya debería estar adelantando las investigaciones pertinentes”, concluyó el personero de Neiva.