Los 171 crímenes internacionales de las Farc

El secuestro, la tortura y homicidio del mayor Germán Méndez, de 33 años, y del patrullero Edílmer Muñoz Ortiz, de 27, a manos de guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las Farc en zona rural de Tumaco es el crimen 171 que el Estado llevará ante la justicia internacional.

El caso de los policías, asesinados a punta de golpes hace dos semanas en Nariño, será denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI). El principal argumento será que si bien hacían parte de la Fuerza Pública, lo que los convierte en actores dentro el conflicto, los dos estaban en completo estado de indefensión cuando fueron atacados, lo que constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.

La Policía ha insistido en que Méndez y Muñoz fueron retenidos por siete guerrilleros pese a que no tenían armas ni lucían uniformes, sino una camiseta que decía Consolidación, cuando realizaban labores humanitarias de la mano de la Unidad de Consolidación Territorial en la vereda San Luis Robles, cerca de Tumaco.

El dictamen de Medicina Legal arrojó que los policías fueron atados a un árbol y golpeados con objetos contundentes que les causaron dolor hasta llevarlos a la muerte. Las Farc reconocieron ser los autores del crimen, pero culparon al Estado por haber iniciado una operación para dar con el paradero de los uniformados.

La oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa señala que las denuncias ante tribunales internacionales, específicamente la CPI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo han sido por violaciones de derechos de los uniformados, sino de la población colombiana víctima del conflicto.

Denuncias ante Fiscalía

El Ministerio de Defensa asegura que en los últimos 15 años, el Gobierno ha radicado ante la Fiscalía General cerca de 9000 denuncias por la muerte o heridas de uniformados causadas por minas no convencionales instaladas por las Farc.

A esa cifra se suman otras 3000 denuncias de víctimas civiles, fatales o con heridas, que en ese mismo lapso han caído en campos minados atribuidos a la guerrilla.

El informe también cita denuncias por desaparición forzada de integrantes de la Fuerza Pública: 127 casos, 63 de militares y 64 de policías. En total, son 19.127 denuncias en la Fiscalía.

Muchos de ellos desaparecidos en medio de combates, pero otros cuando realizaban labores de inteligencia o estaban de permiso o vacaciones.

La Procuraduría ha advertido que crímenes como estos no deben quedar en la impunidad, y deben ser abordados en la mesa de diálogos del Gobierno con las Farc en La Habana. Precisamente, este domingo la Presidencia dijo que si bien se adelanta un proceso de paz con las Farc, la guerrilla deberá responder por los crímenes que haya cometido y siga cometiendo.

La Fiscalía, por su parte, ha dicho que el ente investigador adelanta procesos por delitos de lesa humanidad contra las Farc, pero que hasta ahora ningún juez ha emitido condenas contra miembros de esa guerrilla por delitos que violen el Derecho Internacional Humanitario.

Las cifras de crímenes

En las últimas dos décadas Colombia ha puesto en conocimiento de instancias extranjeras la muerte en cautiverio de 10 miembros del Ejército y 20 de la Policía, todos a manos de las Farc. Una de esas denuncias fue la muerte en cautiverio del coronel Julián Ernesto Guevara, cuyos restos fueron entregados a su madre, Emperatriz Castro de Guevara, cuatro años después de morir en la selva.

70 tomas guerrilleras, como la de Bojayá, Chocó –ocurrida en mayo del 2002–; 40 actos de terrorismo y 30 actos de barbarie e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los primeros casos llevados ante la CPI fue la masacre de 31 soldados en Puerres, Nariño, en abril de 1996, cuando las Farc emboscaron una caravana destinada a custodiar el oleoducto Transandino. Los cuerpos de los militares, atacados con dinamita por 150 guerrilleros de los frentes 29, 32 y 48 de las Farc, quedaron incinerados en la vía. Dos años después, el Ministerio de Defensa denunció el crimen del capitán Luis Hernando Camacho, ocurrido en febrero de 1998.