Investigan si carro del Senado era pago de un soborno

Un grupo de peritos de la Fiscalía estudia cada uno de los contratos firmados por la Dirección Administrativa del Senado para vender los vehículos dados de baja por esa corporación en el último lustro, un millonario negocio que está bajo la lupa por posibles irregularidades en su adjudicación, afirmó ayer El Tiempo.

La Dirección Anticorrupción de la Fiscalía realizó una inspección judicial en el Senado y obtuvo la información de los pliegos, adjudicación y ejecución de esos contratos, en los que aparece el carro que conducía el politólogo huilense Luis Javier Rojas Morera hace tres semanas y en el que transportaba 614 millones de pesos. “Esa plata, según los investigadores, pertenecía a una sofisticada red de lavado de dinero proveniente de actividades ilegales”, afirma la publicación del medio nacional.

De esta forma, lo que ahora se estudia es si se cometieron delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado, prevaricato y cohecho. “Fuentes cercanas al proceso señalaron que en principio ya es una irregularidad que raya en lo penal el hecho de que el vehículo decomisado con la plata hubiera sido dado de baja en septiembre de 2014, pero que más de año y medio después siga en el papel como si fuera del Congreso”, señala el periódico.

Los llamados

Investigadores señalaron que luego de la primera etapa de revisión de los documentos serán llamados a declarar y dar explicaciones varios particulares y funcionarios del legislativo, entre ellos, Nazareno Conrado Moreno, representante legal de Comercializadora Nave Limitada, firma que se ganó la licitación; Magdalena Morera Rebolledo, jefa de la División Financiera y Presupuesto del Senado y madre del joven capturado (que hoy tiene casa por cárcel), e incluso Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado.

La hipótesis que se maneja

La hipótesis de la Fiscalía es que este caso no fue el único y que pudo haber un ‘carrusel’ de carros desaparecidos con los que se habrían pagado ‘coimas’ para la adjudicación de contratos.

“Se está verificando el estado de cada contrato y el paradero de los vehículos. Este carro no sería el único que estaría en manos de personas cercanas a funcionarios del Congreso, posiblemente sea parte, junto con otros, de un direccionamiento ilegal de contratos que no se pagaba con plata sino con vehículos que seguían cobijados por las matrículas oficiales”, señaló una fuente de la Fiscalía.

Se expidieron órdenes de Policía Judicial para obtener los registros de tanqueo, peajes, pago de impuestos y comparendos de al menos 11 vehículos que a pesar de haber sido vendidos a particulares siguen con papeles oficiales.

La Procuraduría y la Contraloría también accedieron a la información de los contratos del Congreso en procesos disciplinarios y fiscales que se adelantan paralelamente a la investigación penal.

Red de lavado

La otra parte de la investigación, que está en la Dirección de Articulación de la Fiscalía y que tiene que ver con el lavado de activos, señala que el hallazgo de los 614 millones de pesos no es el único golpe a una red de lavado de activos que funciona en al menos tres ciudades y que tiene tentáculos en países como Estados Unidos y dos naciones centroamericanas.

Esa red recoge a domicilio grandes cantidades de dólares y luego entrega la suma convertida a pesos, cobrando un porcentaje por el cambio de la moneda. Esa red lava dinero de narcotraficantes, integrantes de bandas criminales y contrabandistas y su modelo de operación, dicen fuentes de la Fiscalía, es calcada de las películas sobre ‘transportadores’ de la mafia que responden por los encargos que se les hacen sin importar el origen de la mercancía.

“Para esto, se utilizan vehículos con placas oficiales, de servicio público y hasta ambulancias. En la investigación aparecen mencionadas casas de cambio que son usadas para el cambio ilegal de las divisas. El único capturado hasta ahora es el asesor Rojas Morera, a quien le imputaron los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho, y que espera la decisión de un juez, en segunda instancia, sobre el polémico beneficio de casa por cárcel que le dio un juez de Bogotá”, concluye la investigación de El TIEMPO.