Indígenas arrendarán su territorio para canal en Nicaragua
Algunos miembros de las comunidades ramas y kriol negaron haber dado su consentimiento para que sus tierras sean usadas para el canal, pese a que otros miembros dieron el sí para el arrendamiento.
Líderes de nueve comunidades indígenas de la etnia rama y kriol del Caribe de Nicaragua anunciaron su disposición de arrendar, por plazo indefinido, 263 km2 de su territorio para la construcción del canal interoceánico.
Sin embargo, algunos integrantes de esas comunidades consideraron ilegal el acuerdo porque se hizo sin una amplia consulta a los pobladores, antes de otorgar su territorio al proyecto del canal, que ha sido cuestionado por sus posibles impactos ambientales y porque causaría el desplazamiento de campesinos de sus tierras.
El acuerdo de consentimiento fue alcanzado entre representantes de las nueve comunidades del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) y la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, indicaron medios oficiales.
"Luego de más de dos años de conversaciones hemos logrado culminar este histórico acuerdo”, dijo el dirigente de GTRK Héctor Macrae, citado por el sitio 19 de Julio y Canal 4, ambos oficiales.
Según el dirigente indígena, los miembros de estas comunidades acordaron en una asamblea celebrada el pasado 10 de enero, "hacer efectiva la firma del Convenio de Consentimiento para el Desarrollo del Proyecto del Gran Canal Interoceánico" por su territorio.
Por su parte, el presidente de la Autoridad del Gran Canal, Manuel Coronel Kautz, dijo que en el acuerdo las autoridades se comprometen a mitigar los daños ambientales que provocará el proyecto.
Afirmó que en el Caribe sur de Nicaragua existen siete comunidades ramas y tres kriol (afro descendientes) que ocupan 406.849 hectáreas de tierra firme y 22 cayos.
Las comunidades ramas y kriol están ubicadas en parte de la ruta donde la empresa china HKND prevé construir un canal de 278 km de largo, con una inversión estimada en 50.000 millones de dólares.
Sin embargo, algunos miembros de las comunidades negaron haber dado su consentimiento para que sus tierras sean usadas para el canal, tildaron el acuerdo de ilegal y desconocieron el liderazgo de las personas que firmaron el documento.
"Es ilegal porque no se ha desarrollado un proceso de consulta ampliado en las comunidades afectadas”, señalaron las comunidades en un pronunciamiento publicado por el diario La Prensa.
