Hay que llegar a un ordenamiento jurídico no homofóbico: Eduardo Montealegre
El tránsito de un ordenamiento homofóbico a uno respetuoso de la diversidad sexual para superar la discriminación contra cualquier persona, planteó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.
Es necesario pasar de “un ordenamiento homofóbico a un ordenamiento plural y respetuoso de la diversidad sexual”, reconoció el Fiscal General Luis Eduardo Montealegre, durante su intervención en el seminario internacional Aproximación a los Métodos de Investigación de Delitos contra Personas LGBTI, ante numerosos miembros activistas y líderes de la comunidad LGBTI, directivos y representantes de entidades defensoras de los derechos, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y Justicia, Yesid Reyes.
“La reivindicación del reconocimiento busca la superación de la discriminación con el fin de incluir dentro del discurso jurídico nuevos patrones que permitan la participación en la vida social de aquellos grupos despreciados y perseguidos", afirmó.
De igual manera, el funcionario expresó que ante eso, es prioridad exigir a las instituciones públicas una adecuacuón de sus funciones para atender y responder de una mejor manera a aquellos fenómenos criminales que impiden el ejercicio libre e incondicionado de los derechos de las personas LGBTI.
Se refirió además del papel protagónico que desempeña la Corte Constitucional Colombiana en la tarea de reconocer las orientaciones e identidades de géneros diversas. “Gracias al alto tribunal, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transexualidad e intersexualidad salieron del clóset, es decir, pasaron de ser identidades objeto de miedo y represión social para convertirse en identidades protegidas por el ordenamiento constitucional”.
El funcionario manifestó que gracias a la expedición de la Carta Constitucional de 1991 se empiezan a reconocer en Colombia los derechos fundamentales de las homosexuales a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y la familia.
De la misma manera, reconoció la incansable fuerza de los argumentos de los líderes de estas organizaciones, "a su perseverancias, a la seguridad de sus reivindicaciones y a la creatividad de sus modos de lucha, los derechos de las personas LGBTI son un asunto público", lo cual le exige a los jueces y a las diversas entidades del Estado, entre ellas a la Fiscalía General de la Nación, asumir respuestas coherentes para superar el déficit de atención jurídico que afecta la vida la comunidad LGBTI en Colombia.
