Gobernar a través del delito

Whanda Fernández León,

profesora Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia

Incrustado en las entrañas de la historia, sin que importe la ideología partidista de quienes detentan el poder, pervive un fuerte movimiento político de vastas pretensiones en materia de investigación sobre las formas de atacar el delito. Este propende por transmutar los designios de las doctrinas penales y convertir el proceso en un arma de combate contra el nuevo enemigo social: el delincuente.

Recurrentes discursos y eslóganes como “mano dura”, “tolerancia cero”, “guerra al delito”, “castración química para pedófilos”, “cadena perpetua para homicidas”, “pena de muerte a violadores, secuestradores y corruptos”, comprometen las emociones colectivas e inculcan en la comunidad un exacerbado temor al delito y desmesurado odio al presunto responsable, con el propósito de que la llamada cultura del control alcance la dimensión de la universalidad.

En la moderna sociedad del riesgo son frecuentes: el aumento de los tipos penales, la eliminación de las salidas anticipadas, la prohibición de beneficios y subrogados, el periódico endurecimiento de las condiciones de los privados de libertad, el incremento deliberado de las sanciones y la creciente superpoblación carcelaria. Declina, paralelamente, la función rehabilitadora de la pena de prisión, la cual se ha transformado en una medida inocuizadora (intimidatoria), para aplacar las percepciones de inseguridad y responder a las demandas de castigo, a pesar de la paulatina devaluación de los derechos fundamentales del delincuente.

Esta visión del fenómeno criminal tuvo su origen en Estados Unidos, en 1960; se extendió a Inglaterra y finalmente ingresó hace aproximadamente 15 años a América Latina. Se trata de un paradigma que acoge líneas populistas, que exaltan el tema de la seguridad ciudadana y exigen reacciones inmediatas y respuestas más represivas. 

Delito y espectáculo 

La estrecha relación de los actores políticos y medios de comunicación con esta teoría es tangible en las plataformas políticas de derecha e izquierda; en los discursos y promesas de campaña de los primeros, así como en la difusión de noticias, reportajes y entrevistas sensacionalistas, de los segundos.

Precisamente, algunos medios se convierten en protagonistas de la problemática criminal y en defensa de la sociedad en riesgo, difunden desde las entrañas de las salas de audiencia escandalosos novelones judiciales, mientras otros exacerban el terror nocturno, publican la vida vergonzosa y la trayectoria criminal de genocidas, homicidas, secuestradores, violadores y bandidos de la peor laya.

En este contexto, la víctima, secularmente abandonada, adquiere inusitado protagonismo y asume un rol estelar en el debate sobre políticas públicas. Nada genera más boom a un político que presentarse al público con el compromiso de inmortalizar en sus iniciativas parlamentarias, o en sus planes de gobierno, los nombres de las víctimas de la delincuencia; así ocurrió en el ámbito norteamericano con las leyes Megan, Stefphany y Sara.

“Nos hemos acostumbrado a ver a las víctimas de ciertos delitos o a sus familiares, acompañando a políticos estadounidenses cuando anuncian nuevas leyes de condena mínima obligatoria o medidas que alertan a la comunidad sobre el peligro que representan los delincuentes liberados”, afirma el sociólogo David Garland, en su libro La cultura del control.

Esta tendencia, nutrida de tensiones entre percepciones de inseguridad, reacciones autoritarias y derechos humanos, se conoce como populismo penal, populismo mediático o populismo punitivo (relativo al castigo), el que por sus eclécticos contenidos no permite una definición inmutable.

Así, mientras el criminólogo inglés Anthony Bottoms, docente de la Universidad de Cambridge, lo define como “una tendencia marginal y oportunista, que aparece y desaparece de acuerdo a las coyunturas”, el docente de la Universidad de Berkeley, Jonathan Simon, señala:  “un manejo populista del derecho penal contribuye a que nos gobiernen a través del delito, ya que por obra del populismo punitivo la inseguridad se convierte en un arma de campaña electoral, que promete soluciones expeditas y respuestas enérgicas contra los delincuentes”.

Al respecto, según el experto dominicano Eduardo Jorge Prats, el populismo penal “es un discurso que añora el pasado y siente nostalgia por el sistema inquisitivo. Es una estrategia de guerra que impone la lógica amigo – enemigo, la cultura autoritaria basada en el derecho penal simbólico, aquel que niega o limita en extremo las libertades e insiste en que desde el derecho penal es posible cambiar la sociedad y solucionar todos los males que la agobian”. 

Artificial percepción de inseguridad 

Para justificar la incursión de estas políticas, sus adeptos sostienen que las violencias indiscriminadas, los delitos callejeros, los asaltos a residencias, el crimen mercenario y los graves atentados planeados por temibles estructuras de poder, amedrentan a la gente y causan desorden social. Asimismo, erosionan la credibilidad en la justicia, intensifican el desasosiego, hacen de la zozobra un sentimiento insuperable y acrecientan el miedo a la victimización directa o indirecta. Según estudios del BID, la conflictividad penal es la principal limitante para el desarrollo económico de América Latina y sus democracias.

Por otra parte, antagonistas y críticos de los sorpresivos giros populistas del derecho penal arguyen que estas posturas inflexibles no parten realmente de la demanda pública, porque la percepción de seguridad puede ser artificialmente construida. 
Y subrayan que el exceso en los controles y la expansión del poder punitivo son insuficientes, por cuanto el discurso social y el sentido humanitario de las leyes son insoslayables.

Con base en las afirmaciones, se concluye que si las tesis punitivas radicales fueran las adecuadas para avanzar en la reducción de la criminalidad, no existirían motivos para que, con la retórica populista, coexistieran asiduos requerimientos a los ciudadanos, quienes bajo su responsabilidad deberán implementar políticas de autoprotección, como no caminar por calles solitarias, evitar salir en horas de la noche, instalar alarmas antirrobo y cámaras de seguridad en sus viviendas, contratar vigilantes y conserjes, etc.

En cuanto al rescate de la víctima del ostracismo, los opositores al populismo penal replican que está aún permanece en el olvido, traumatizada o estigmatizada por el sistema. Además, su efímera presencia solo la explica la necesidad que tienen los políticos y los medios de comunicación de exhibirla públicamente, dentro de una desleal forma de obtener ventajas electoreras y comerciales.

¿Propugnar porque el derecho penal se utilice como un instrumento de control social, convierte el populismo punitivo en una corriente de corte peligrosista (es decir, al delincuente no se le juzga y sanciona por lo que hizo, sino por lo que es)”?  O, por el contrario, ¿es una innovadora y civilizada política de seguridad ciudadana que involucra otra forma de reprimir la criminalidad? La respuesta la tiene la historia.