Foro Agua y Territorio en el Huila
El Ordenamiento Territorial se ha definido principalmente por los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales, donde su único propósito es el aumento de sus ganancias y sus intereses privados.
La mayoría desconoce por completo las realidades sociales, ambientales y culturales de los territorios, aumentando la contaminación y privatización de sistemas hídricos, ruptura de tejido social y cultural de comunidades; afectando la economía.
En el departamento se ha venido adecuando sin discusión alguna un ordenamiento territorial que responde a las necesidades externas y del mercado global, la aprobación de proyectos de infraestructura, urbanización, exploración y explotación de hidrocarburos – minerales sobre zonas de protección ambiental, constituyéndose en uno de los principales conflictos territoriales en nuestras ciudades y campos.
En el departamento del Huila se incluye además, la construcción de 17 hidroeléctricas a lo largo del río Magdalena hasta Honda, entre ellas, 7 más para el Huila: Guarapas, 140 MW y Chillurco 180 MW (Pitalito), Oporapa 280 MW (Oporapa), Pericongo 80 MW (Timaná), El Manso 140 MW (en Neiva), Veraguas 130 MW (en Aipe), Bateas 140 MW (Villavieja).
En el Huila se viene socializando el denominado Plan Cambio Climático 2050, cuya prioridad es la privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los centros urbanos y las cabeceras municipales”, -enajenación de los acueductos comunitarios-, “el suministro de riego para la producción agroindustrial” -ZIDRES- y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena en cantidades estimadas de alrededor de 20 000 megavatios”-Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena-
En tal sentido, el principal reto de las autoridades territoriales, es avanzar en procesos de Ordenamiento Ambiental Territorial que comprendan de manera integral lo ambiental, garantizando de forma efectiva la participación ciudadana y que tenga como eje fundamental el reconocimiento de los derechos del agua y la conservación de los ecosistemas y sus comunidades.
En el mismo sentido, es una prioridad que las comunidades organizadas fortalezcan sus procesos de defensa del territorio y trascienda a la construcción de poder territorial autónomo, que genere una distribución racional de los bienes comunes en el marco de la justicia social y ambiental.
