Fiscal Rodrigo Aldana aceptó cargos por corrupción
A pesar de que ayer se había declarado inocente, solicitó cambiar su decisión y aceptó su responsabilidad. Recibió de manos de Otto Bula un apartamento a cambio de beneficios judiciales.
El fiscal especializado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Rodrigo Aldana, aceptó su responsabilidad por corrupción en la administración de justicia. Aldana, a pesar de que ayer dijo ser inocente, después declaró ante el magistrado Augusto Valdivieso que sí era responsable de los delitos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir para afectar la administración de justicia. El funcionario, que recibió un apartamento de manos de Otto Bula a cambio de ayudas para intentar cerrar un proceso de extinción de dominio, recibirá hasta un 50% de reducción de la pena.
Junto a Aldana también había sido capturada Margarita María Useche, una mujer que para la época de los hechos había sido su compañera sentimental y a quien le escrituraron el apartamento con el que Bula le pagó al fiscal Aldana los favores. La mujer también aceptó su responsabilidad, pues días atrás en un interrogatorio ante la Fiscalía no supo explicar cómo supuestamente había logrado pagar el apartamento 1101 en el conjunto residencial Pentagrama de Bogotá, avaluado en más de $300 millones y ubicado en la calle 74 # 86-40 en Bogotá.
Para entender el caso hay que remontarse al año 2012. El fiscal Aldana fue nombrado por el fiscal general Eduardo Montealegre como fiscal destacado ante el subgrupo de apoyo de lavado de activos Gela, que patrocina el gobierno británico.
Este selecto equipo trabajaba para la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, especialmente, en procesos contra el narcotráfico. Según el fiscal del caso, fue así que por designación especial llegó a sus manos el radicado 11028. El Espectador reveló hace unos días que Aldana fue denunciado desde noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en procesos contra los hermanos Comba y los Álvarez Meyendorff.
El expediente 11028 se trataba de un proceso de extinción de dominio que buscaba arrebatarle los bienes al clan narcotraficante de los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff. En medio de la investigación, terminó vinculada la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. Esta última empresa tenía en su poder tres haciendas que le compró a una sociedad en Córdoba llamada Agasinú, propiedad de los Meyendorff. Así fue que terminó Otto Bula vinculado a esta investigación.
